El juicio del ‘caso mascarillas’ da un paso más con la declaración de quienes estaban en los despachos donde se tomaron las decisiones durante la pandemia

El juicio por la pieza separada de los contratos de mascarillas del denominado ‘caso Koldo’ entra en su tercera semana en el Tribunal Supremo con un cambio de plano. De los testimonios periféricos y de contexto, se pasará ahora a la comparecencia de perfiles directamente insertos en la estructura política, administrativa y técnica que gestionó las adjudicaciones en los meses más críticos de la pandemia.

Las sesiones precedentes han dejado ya un esqueleto reconocible. La primera semana estuvo dominada por testimonios vinculados al entorno más próximo del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, con referencias a la utilización de viviendas, relaciones personales y posibles intermediaciones en favor de personas de su círculo. Un bloque que sirvió para introducir las dinámicas informales que, según las acusaciones, acompañaban a la actividad institucional.

La segunda semana supuso un desplazamiento claro hacia el corazón del procedimiento: las empresas implicadas en el suministro de material sanitario, los contactos comerciales y los primeros responsables públicos llamados a explicar cómo se articularon las contrataciones de emergencia en los meses más críticos de la pandemia. Sin cerrar aún conclusiones, ese tramo permitió empezar a conectar los indicios personales con decisiones administrativas concretas.

El engranaje político y administrativo

Uno de los ejes de esta semana será la comparecencia de perfiles estrechamente vinculados a los centros de decisión política. Figuran en ese bloque antiguos responsables de gabinete y personal de confianza, como Ricardo Mar Ruipérez, exdirector de gabinete de Ábalos, o Juan Ignacio Díaz Bidart, que desempeñó esa misma función junto a la entonces ministra Reyes Maroto. Su posición les sitúa en un punto clave para explicar no solo los procedimientos formales, sino también los circuitos de comunicación, las prioridades políticas y el contexto en el que se adoptaron determinadas decisiones.

A ese nivel se suma la declaración de Pedro Saura, exsecretario de Estado de Transportes, uno de los cargos con responsabilidad directa sobre la estructura administrativa del Ministerio en el periodo investigado. Su testimonio puede resultar determinante para delimitar la cadena de mando y el grado de control efectivo sobre las adjudicaciones.

También comparecerán perfiles conectados con el ámbito económico y de supervisión, como Carlos Moreno Medina, exjefe de gabinete de la ahora exministra María Jesús Montero, cuya intervención introduce la perspectiva de Hacienda en un momento de gasto extraordinario.

En paralelo, el juicio incorpora a figuras del ámbito institucional más amplio, como el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, o el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, ampliando el foco hacia otros niveles de la Administración que pudieron tener contacto con los hechos investigados.

No menor interés presenta la comparecencia de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, cuya voz puede situar el debate en el terreno de la fiscalización del gasto público y los mecanismos de control en situaciones de emergencia.

Empresa, entorno y prueba pericial

Junto al bloque institucional, la semana mantiene viva la vertiente empresarial de la causa. Entre los citados figura Francisco Javier Hidalgo, al frente de Globalia, cuya presencia conecta el procedimiento con grandes operadores económicos que han aparecido en la investigación.

A ello se suman nombres recurrentes en el sumario, como Juan Carlos Cueto o José Ángel Escorial, así como perfiles vinculados a empresas que participaron en el circuito de contratación, reforzando la idea de un entramado en el que confluyen intereses públicos y privados.

En un plano distinto, pero igualmente relevante, comparecerán testigos ligados al entorno más inmediato de los investigados, como antiguos asistentes, secretarias o personas vinculadas a espacios concretos señalados en la causa, lo que permite seguir completando el mapa relacional sobre el que se apoyan las acusaciones.

El tramo final de la semana introduce un elemento decisivo: la prueba técnica. Las autoras de la auditoría interna del Ministerio de Transportes, Sara Anguita y Ana Balbás, ratificarán unos informes que han adquirido peso central en el procedimiento, al analizar los mecanismos de contratación utilizados.

A su testimonio se sumarán especialistas en control y cumplimiento, como la perito en compliance Lourdes del Amo, así como peritos caligráficos y agentes de la Guardia Civil, en una secuencia orientada a dotar de soporte técnico a las distintas versiones en conflicto.

Especial relevancia tendrá el debate en torno a los audios atribuidos a Koldo García. Los peritos que cuestionan su integridad defenderán sus informes frente a un elemento probatorio que, hasta ahora, ha ocupado un lugar central en la construcción del relato acusatorio.

Con este conjunto de comparecencias, el juicio entra en una fase en la que ya no basta con reconstruir el contexto ni con identificar relaciones: el foco se desplaza hacia la consistencia de las pruebas, la solidez de los controles administrativos y la capacidad de conectar, con precisión, los indicios acumulados con decisiones concretas adoptadas en el seno de la Administración.