
El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a acceder a la información bancaria de Alberto González Amador y de varias sociedades y personas vinculadas a él en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios.
Las entidades bancarias deberán remitir de forma directa y reservada los movimientos y saldos disponibles desde el 1 de enero de 2014 hasta el momento en que cumplan el requerimiento, con entrega a la Unidad de Policía Judicial. El magistrado Antonio Viejo enmarca la medida en una causa distinta de la investigación por delitos fiscales y falsedad documental que ya afectaba a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
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En abril, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso con el que González Amador intentó frenar la investigación de la UCO y esa decisión permitió mantener abierta la pieza separada sobre operaciones societarias y mercantiles.
La adquisición de una sociedad y su presunta vinculación con los negocios con Quirón Prevención
La causa parte de una investigación abierta por la jueza Inmaculada Iglesias por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Y en este sentido, el foco de la causa está en la compraventa de la sociedad Círculo de Belleza S.L., adquirida el pasado 2020 por una empresa vinculada a González Amador por cerca de 500.000 euros. Según el juez, las diligencias practicadas hasta ahora apuntan de forma “indiciaria y provisional” a la posible existencia de una operación relacionada con la compra de esta sociedad, que según reveló ElDiario.es apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio anterior a la operación y su capital estaba formado por tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.
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El instructor investiga si esa adquisición pudo tener como finalidad real el pago de una comisión a una persona vinculada a Quirón Prevención por las relaciones comerciales mantenidas con la pareja de la dirigente madrileña. González Amador trabaja con esa división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año en que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso multiplicó por cuatro su facturación hasta los 1.049.500 euros.
El juez ha considerado adecuada la intervención en la privacidad financiera porque está respaldada por una investigación penal específica. Viejo ha recordado que quienes reciben la solicitud tienen el deber de colaborar y que la información solo puede usarse de forma correcta, pertinente y para el fin establecido.
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