Sanidad denuncia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear el registro de objetores al aborto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha formalizado la denuncia contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la negativa a crear el registro de objetores de conciencia al aborto. El ministerio habría registrado su recurso contencioso-administrativo el jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en el que considera que la falta de creación del registro “genera consecuencias negativas y graves para las mujeres”, así como “para los profesionales sanitarios y para la organización del propio Sistema Nacional de Salud”, según expone el texto.

“Estamos viviendo una ofensiva contra los derechos de las mujeres que no es ni casual ni aislada”, ha valorado García en declaraciones a los medios. “Se expresa en decisiones institucionales, en decisiones políticas de incumplir la ley y también en declaraciones absolutamente nauseabundas que ponen en duda a las víctimas de las agresiones sexuales. Todo forma parte del mismo clima, que es cuestionar la palabra de las mujeres, sembrar miedo, estigmatizar y hacernos retroceder en derechos que nos han costado décadas conquistar”, ha añadido.

Es el segundo recurso que recibe el juzgado autonómico a este respecto. El primero llegó el pasado 17 de noviembre de la mano de la Abogacía General del Estado. “Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales”, declaró entonces el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta ocasión, es el propio Ministerio de Sanidad el que inicia acciones legales.

El registro de objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un mecanismo exigido en la ley del aborto de 2023 para garantizar la correcta prestación sanitaria. Los datos de este registro son confidenciales y no pueden ser consultados por la población, pues su objetivo es la organización de los recursos humanos de los hospitales. En diciembre de 2024, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pactaron un protocolo para desarrollar este registro, que sí ha avanzado en otras autonomías. Madrid permanece como la única región que ha rechazado aplicar la medida, pese a haber recibido dos requerimientos del Gobierno para que cumpla con la ley.

En reacción a la denuncia, fuentes de la Consejería de Sanidad han pedido “que García, del Gobierno de Sánchez, solucione el problema que tiene con los médicos y la huelga, que es más importante”, según han expresado a Infobae.

Una “lista negra” para el Ejecutivo madrileño

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mostrado en varias ocasiones su rechazo al registro de objetores, que considera una “lista negra” y una medida “inútil” que solo sirve “para señalar”. Especialmente polémicas fueron las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que en la Asamblea de Madrid llegó a decirle a las diputadas de Más Madrid que se fueran “a otro lado a abortar”. “No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”, expresó.

Durante un acto de las Nuevas Generaciones del PP, la dirigente cuestionó para qué quería el Gobierno “una lista negra de médicos”, a quien acusaba de prohibir la libertad de conciencia. Desde la Consejería de Sanidad, Fátima Matute consideró el pasado mes de noviembre que era preferible “que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie”. Será trabajo del TSJM deliberar ahora ante tal conflicto.

La Comunidad de Madrid es de las regiones que más interrupciones del embarazo realizó en 2024, un total de 18.149. No obstante, estos procedimientos apenas se realizan en la sanidad pública, como exige la ley: del total de intervenciones, tan solo 86 ocurrieron en centros públicos, lo que representa un 0,47% del total. Es un problema que se replica, en menor envergadura, a nivel nacional, donde ocho de cada diez abortos continúan realizándose en centros privados.