
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional acaba de confirmar las condenas de prisión para nueve miembros de la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España. El tribunal ha rechazado los recursos de los narcos y ha confirmado la investigación de la Guardia Civil, la instrucción judicial y la primera sentencia. La Mocro Mafia es una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa. Originaria de Países Bajos, se trata de un complejo ecosistema de bandas y clanes de sicarios y narcotraficantes que tienen algo en común: estar formados en su mayoría por descendientes de inmigrantes marroquíes. Este grupo en concreto fue desmantelado en octubre de 2020 por el Equipo contra el Crimen Organizado de la Guardia Civil en Galicia (UCO-ECO Galicia).
Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, este grupo introdujo 2.292 kilos de cocaína en seis envío distintos ocultos en contenedores a través de dos puertos; el de Marín en Galicia y el de Valencia: 663 kilos en noviembre de 2019, 170 kilos en diciembre de 2019, 156 kilos en marzo de 2020, 601 kilos también en marzo, 223 kilos en mato de 2020 y 479 kilos en octubre de 2020. La droga tenía una pureza del 78% y habría alcanzado en el mercado unos 61 millones de euros. Aunque la Guardia Civil detuvo a la gran parte de este grupo, su líder sigue en búsqueda y captura, un importante narcotraficante con conexiones en Colombia, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Chile, Panamá y Costa Rica. Tenía capacidad para importar la droga desde todos estos territorios.
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En España, la red criminal la dirigía Brian V. D. B., apodado el ‘ojo’, responsable de auditar la droga una vez que llegaba a los puertos españoles. Bajo sus órdenes había otras ocho personas, todos sin antecedentes penales, quienes se ocupaban de distintas labores de acompañamiento y vigilancia de los envíos y quienes captaron a guardias civiles destinados en el puerto de Marín para sobornarles y facilitar la llegada de la droga. Agentes que realmente estaban encubiertos y ayudaron a desmantelar la célula de la Mocro Mafia.

La red actuaba con cierta impunidad. Por ejemplo, para cerra el primer envío de droga que llegó en noviembre de 2019, cerraron una cita con dos guardias civiles a los que creían que estaban comprando para que no hubiera problemas en una remesa de 663 kilos de cocaína que iba a llegar en un barco procedente de Colombia. La droga estaba oculta en un palé de bananas. A cambio de su colaboración para la extracción del contenedor y la droga, así como su traslado al punto de entrega, los agentes recibirían un 15% del valor de la droga. Los narcos entregaron a los guardias teléfonos móviles que estaban encriptados. El envío no tuvo éxito. La Guardia Civil decomisó la droga. Los agentes encubiertos argumentaron ante los narcos que no pudieron hacer nada por salvar este envío porque otros compañeros del las unidades antidroga habían detectado el cargamento oculto.
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12.000 euros por captar agentes
Pero los decomisos de cocaína por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad son riesgos asumibles por los grupos criminales, “que saben que por cada envío que les cogen, consiguen meter otros tres”, explican fuentes de la Guardia Civil. Esta célula de la Mocro Mafia, en lugar de sospechar, pidió a los agentes encubiertos de Marín que les presentaran otros compañeros de la Benemérita susceptibles de ser sobornados para meter más contenedores de droga en los puertos de Barcelona y Valencia. Por estas labores de captación, los narcos pagaron 12.000 euros a los agentes encubiertos. Los narcos eran ambiciosos, ya que trasladaron a los guardias que tenían capacidad de meter en España un envío de coca a la semana.
Tras Marín, esta célula intentó introducir más cargamentos desde el puerto de Valencia, que también fueron decomisados. Entonces empezaron las sospechas de los narcos, que para probar la “lealtad” de estos agentes les encargaron intentar recuperar un cargamento de 223 kilos de coca incautados en el puerto levantino. Si lo conseguían, la Mocro Mafia estaba dispuesta a pagar un millón de euros porque la droga tenía un valor en el mercado de 7,7 millones de euros. No fue posible. Los narcos, no obstante, intentaron ampliar el negocio y plantearon a los guardias la posibilidad de transportar hachís desde Casablanca a Valencia. La verdad es que los narcos demostraron perseverancia y paciencia, ya que en los siguientes meses también sufrieron las pérdidas de varios envíos en el puerto de Valencia. Hasta que todo estalló por los aires en octubre de 2020.
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Cuando la célula preparaba la recepción de otro envío de cocaína a través del puerto de Valencia, los narcos recibieron un aviso de que los cuatro guardias civiles con los que estaban colaborando les habían traicionado y en realidad eran agentes encubiertos. Intentaron huir. Algunos fueron detenidos en Valencia y Málaga. Otros miembros del grupo fueron arrestados en los Países Bajos. Los nueve miembros que fueron capturados fueron condenados en septiembre de 2025 por la Audiencia Nacional a diez años de prisión y una multa de 70 millones de euros. Pero sus abogados recurrieron alegando que se habían vulnerado sus derechos fundamentales, como la “falta de autorización judicial en la actuación de agentes encubiertos” y que las intervenciones telefónicas debían ser anuladas.
Ahora, la Sala de Apelaciones ha rechazado sus recursos y ratificado las condenas. En una sentencia fechada el pasado 16 de marzo, el tribunal dictamina que la organización criminal ya estaba activa antes de entrar en contacto con los agentes encubiertos, “quienes actuaron conforme a autorización judicial y bajo control”. También que la valoración probatoria se consideró “lógica, coherente y corroborada” por múltiples indicios objetivos, incluidos incautaciones de droga coincidentes con la información suministrada por la propia célula. Tras esta operación, Policía Nacional y Guardia Civil han desarticulado en España otros grupos integrados en la Mocro Mafia, que incluso ya ha cometido crímenes en nuestro país.
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