La Comunidad de Madrid continúa su pulso con el Gobierno central respecto a la ley del aborto. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado este jueves que no se harán “listas negras” en la región. “No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”, ha rematado en la Asamblea de Madrid, ante las preguntas de Más Madrid sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
La ministra de Sanidad, Mónica García, no ha tardado en dar su reacción y ha insistido en que no consentirá “ni que se incumpla la ley ni que se den pasos atrás en los derechos de las mujeres”. Lo ha trasladado en sus redes sociales adjuntando un vídeo de la sesión de control en la Asamblea este jueves, donde Ayuso manda a las diputadas de Más Madrid “a otro lado a abortar”.
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García ha cuestionado “a dónde exactamente” desea la presidenta autonómica que se vayan las mujeres, si “a una privada para hacer negocio” o “a Londres”. La ministra ha insistido en que se utilizarán “todas las herramientas jurídicas” para que se “garantice el aborto en la Sanidad Pública”.
Tres meses para cumplir con el registro de objetores
La pasada semana el Gobierno central daba tres meses a varias autonomías, entre ellas, a Madrid para que remitieran el citado registro. Desde entonces, la capital no ha querido dejar claro si cumplirá o no con el mandato de Sánchez. El miércoles, Ayuso aseguró que la comunidad “se tomará su tiempo” para decidir sobre el requerimiento.
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La misma postura mantienen desde la Consejería de Sanidad, que califica de “inútil” y “punitivo” el registro de objetores. En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria en el Ayuntamiento madrileño de Navalcarnero, la consejera Fátima Matute remarcó que Madrid no va “a perseguir ni a señalar a nadie” por realizar o no interrupciones voluntarias al embarazo y ha subrayado que en la región no se le ha negado el aborto “a ninguna mujer”.
El Ejecutivo regional considera cada aborto “un fracaso" y recuerda que, de los cerca de 20.000 abortos realizados en la comunidad en 2024, un 60% fueron por embarazos no deseados. “Lo podríamos haber evitado”, zanjó Matute en un encuentro con la prensa el pasado viernes.
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