Los trabajadores de la Inspección de Trabajo extienden este jueves su petición de dimisión a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras pedir hace unos días el cese de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por no cumplir los compromisos alcanzados con el organismo, principalmente, aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que transforme su estructura organizativa.
La plataforma que lidera las protestas, compuesta por ocho sindicatos, considera que la marcha atrás en las negociaciones se debe a motivos políticos, ya que la RPT está recogida en el plan estratégico de la inspección publicado en el BOE en 2021. Han llegado a afirmar que “Montero discrimina a la inspección”, en alusión a la ministra de Hacienda y haciendo referencia a la solución que se ha producido recientemente de los conflictos laborales en Justicia y en Seguridad Social.
Esta nueva fase del conflicto se produce después de la negativa de Función Pública a autorizar ahora la creación de la nueva estructura, ya que, según aseguran los sindicatos, el incremento presupuestario que conlleva está comprometido desde hace dos años. También rechazan totalmente los argumentos del Ministerio de Hacienda, que se escuda en que la nueva Ley de Función Pública (en tramitación en el Congreso) ya establece el “horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado”. Desde el ministerio de Montero apelan además al incremento de la plantilla a través de ofertas públicas de empleo ya en marcha y a un aumento retributivo, una aparte vinculado a la productividad, aprobado recientemente.
Ana Ercoreca, inspectora de trabajo y representante de uno de los sindicatos de la plataforma, ha explicado que “el trabajo técnico ya estaba hecho” para aprobar la nueva RPT y que las negociaciones han descarrilado en las últimas horas, aunque esta tarde se volverán a reunir con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para ver si hay avances.
Ercoreca denuncia que la Inspección de Trabajo está haciendo frente a muchos cambios normativos debidos a las normativas de Yolanda Díaz, que impulsan la actividad inspectora. “Son muchos retos que no se van a poder llevar a cabo si no se refuerza la inspección”, ha asegurado. A modo de ejemplo, en las últimas semanas se ha aprobado una nueva regulación de protección laboral ante el calor extremo y se está trabajando en unas autoevaluaciones que tendrán que realizar los domicilios con empleadas del hogar y ambas requieren de la actuación de la inspección. A lo largo de la legislatura también se han puesto en marcha campañas contra los fraudes en fijos discontinuos, falsos autónomos y registro horario de jornada, entre otros.
Movilizaciones y denuncias
A la espera de las novedades que se puedan producir en las próximas horas, la plataforma de la inspección continúa con el calendario de paros y huelgas iniciado el 8 de mayo, que contemplan paros diarios hasta el 30 de junio y acabar, posiblemente, en una huelga indefinida en esa fecha.
Los sindicatos han interpuesto además dos denuncias por la no aprobación de la RPT, una ante la Comisión Europea y otra ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La primera expone que no llevar a cabo los compromisos adquiridos con la inspección conlleva un incumplimiento del componente 11, palanca cuarta, del Plan de Recuperación por el que España recibió los fondos Next Generation. En la denuncia de la OIT alegan vulneración de los convenios 81, 151 y 87.
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