Cambio de reglas para Uber, Cabify y Bolt: Madrid exigirá VTC con nuevas pegatinas antifalsificación, límites a la subida de precios en eventos y más coches adaptados

La Comunidad de Madrid ha modificado la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) —como Uber, Cabify o Bolt— con una reforma del reglamento sectorial que entrará en vigor en julio de 2026. El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este miércoles el inicio de la tramitación de un cambio normativo que afecta a tres áreas: la identificación de los vehículos, la accesibilidad para personas con movilidad reducida y el control de precios en situaciones de alta demanda.

Una de las modificaciones es la sustitución del actual sistema de distintivos por unos nuevos adhesivos con elementos de seguridad diseñados para impedir falsificaciones. Hasta ahora, la identificación de los VTC en Madrid no incorporaba mecanismos antifraude, lo que dificultaba tanto la labor de inspección como la confianza del usuario. Con el nuevo modelo, cualquier pasajero o agente de la autoridad podrá comprobar a simple vista si el vehículo cuenta con autorización vigente y, además, si esa autorización corresponde a un servicio urbano o interurbano, dos modalidades con requisitos distintos que hasta ahora no quedaban reflejadas de forma clara en el exterior del coche.

Un techo del 75% para las subidas de precio en eventos masivos

Uno de los cambios más técnicos, y potencialmente más polémicos, de la reforma es el que regula los precios dinámicos en situaciones de alta demanda. El texto parte de un principio de libertad tarifaria, que, en condiciones normales, los operadores de VTC pueden fijar sus precios sin límites establecidos por la Administración. Esta práctica, habitual en plataformas como Cabify o Uber, ya estaba permitida, pero carecía de un marco claro para los momentos de demanda extraordinaria.

Ahora, la reforma introduce ese marco. Cuando la Administración regional declare oficialmente una situación de alta demanda —por la celebración de grandes eventos, por fenómenos meteorológicos extremos, por fallos graves en el transporte público u otras circunstancias que disparen el número de solicitudes de viaje—, el precio del servicio no podrá superar el 75% del precio base, que se calcula como la tarifa media que el operador haya aplicado durante los diez días anteriores a la declaración. Esto evita que las empresas inflen artificialmente sus tarifas habituales justo antes de un evento para elevar también el techo máximo permitido.

Y el límite es aún más estricto cuando la situación se enmarca dentro del Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM). En episodios como la borrasca Filomena de enero de 2021 —que dejó la capital paralizada bajo medio metro de nieve— o el apagón eléctrico de abril de 2025, la norma prohíbe cualquier incremento sobre la tarifa habitual. En esas circunstancias, los operadores deberán mantener sus precios ordinarios con independencia del volumen de solicitudes.

Así, la limitación de precios solo se activa cuando existe una resolución expresa del órgano competente que declare formalmente la situación. No basta con que se produzca un aumento de la demanda, sino que la Administración debe pronunciarse de forma explícita para que el techo tarifario entre en vigor.

Pictogramas obligatorios para los coches adaptados

La accesibilidad es el segundo eje de la reforma. La Comunidad de Madrid impone a partir de julio el uso obligatorio de pictogramas de accesibilidad en los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. El objetivo es que un usuario que necesite un coche con rampa o con espacio para silla de ruedas pueda identificarlo de forma inmediata, sin necesidad de consultar la aplicación o llamar a la central.

Junto a esta medida visual, el nuevo reglamento flexibiliza los requisitos medioambientales para esta categoría de vehículos. En concreto, los VTC adaptados podrán circular con etiqueta ambiental C de la Dirección General de Tráfico (DGT), la clasificación que corresponde a los vehículos más contaminantes dentro de los que tienen acceso a las zonas de bajas emisiones. La razón de esta excepción es práctica: la oferta de furgonetas y vehículos adaptados con etiquetas ambientales más restrictivas —B, ECO o Cero— es todavía limitada, y exigir esas clasificaciones a los operadores reduciría el número de coches disponibles para personas con discapacidad o movilidad reducida.