El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El Congreso de los Diputados ha vuelto a aplazar la tramitación de la proposición de ley impulsada por el Partido Popular para reconocer a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo. La Mesa de la Cámara, donde PSOE y Sumar mantienen mayoría, acordó ampliar de nuevo el plazo de presentación de enmiendas, una decisión que mantiene bloqueada la iniciativa desde hace casi dos años y que suma ya 71 prórrogas consecutivas.

La medida había sido aprobada en el Senado en junio de 2024 gracias a la mayoría absoluta del PP, pero desde su llegada al Congreso no ha superado la fase de enmiendas. La última ampliación retrasa otros quince días su tramitación parlamentaria.

La decisión se adoptó mediante una ronda telefónica de la Mesa del Congreso y sin explicaciones públicas sobre el motivo del aplazamiento. Desde el PP sostienen que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, comunicó el acuerdo sin ofrecer argumentos adicionales.

El nuevo bloqueo coincide con un momento de especial tensión política y social tras la muerte de dos guardias civiles en Huelva durante una persecución a una narcolancha. El capitán Jerónimo Jiménez Molero y el agente Germán Pérez González fallecieron después de que dos patrulleras del Servicio Marítimo colisionaran entre sí a unas 80 millas de la costa, entre Punta Umbría y Mazagón, en una operación nocturna contra el narcotráfico. Otros dos agentes resultaron heridos.

Una ley atrapada en la fase de enmiendas

La proposición de ley del PP plantea incluir a Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera entre los colectivos considerados profesiones de riesgo, una categoría que ya poseen otros cuerpos y sectores como la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra, las policías locales, los bomberos o determinados trabajadores del ámbito minero y ferroviario.

Ese reconocimiento permitiría aplicar coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada sin pérdida económica y abriría la puerta a mejoras laborales y compensaciones específicas derivadas de la peligrosidad del trabajo.

El texto quedó pendiente de enmiendas el 3 de septiembre de 2024. Desde entonces, la Mesa del Congreso ha ido ampliando sucesivamente los plazos para evitar que la iniciativa llegue a la Comisión de Trabajo y pueda ser votada.

La estrategia de mantener iniciativas en fase de enmiendas se ha utilizado ya en cerca de cuarenta proposiciones impulsadas por el PP durante la legislatura. El mecanismo parlamentario permite evitar el debate público y posponer indefinidamente tanto las votaciones en comisión como una eventual llegada al Pleno.

En la exposición de motivos de la ley, el PP defendía que Policía Nacional y Guardia Civil deben diferenciarse del resto de funcionarios por “sus peculiaridades y riesgos” y recordaba que, según datos del Ministerio del Interior, una media de 30 agentes son agredidos cada día en España.

El debate político tras la tragedia de Huelva

La paralización de la ley se produce además en plena campaña electoral andaluza, con el narcotráfico convertido en uno de los principales ejes del debate político tras la muerte de los agentes en Huelva.

La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de miembros del Ejecutivo en el funeral de los guardias civiles provocó malestar entre asociaciones profesionales y dentro del propio cuerpo. El Gobierno justificó la ausencia por la crisis sanitaria relacionada con el hantavirus.

La polémica aumentó después de las declaraciones de la vicepresidenta primera y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, durante el debate electoral celebrado el 12 de mayo en Canal Sur. Montero se refirió en varias ocasiones a las muertes como “accidente laboral”. “Mis condolencias para las familias de Jerónimo y Germán. Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad”, afirmó durante el debate televisado.

Las asociaciones de guardias civiles reclamaron una rectificación inmediata y criticaron el uso de esa expresión para referirse a unos hechos ocurridos durante una operación contra el narcotráfico. El presidente andaluz, Juanma Moreno, acusó a Montero de “frivolizar con el dolor de las familias”, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó de “inhumana” la intervención.

En el PSOE reconocen preocupación por el impacto político que puedan tener tanto esas declaraciones como la ausencia institucional en el funeral. Dirigentes socialistas admiten que el Gobierno debería haber hablado desde el primer momento de “muerte en acto de servicio”.

Montero rectificó parcialmente al día siguiente mediante un mensaje publicado en la red social X, donde utilizó ya esa expresión, aunque no pidió disculpas de forma explícita.

La polémica continuó este miércoles durante un acto en la Academia de Guardias Civiles de Baeza, en Jaén, donde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue recibido con abucheos y pitidos cuando intentó expresar su “rabia” por lo ocurrido en Huelva. El ministro quiso aclarar que se trató de una “muerte en acto de servicio”, aunque su intervención fue interrumpida por la protesta de algunos asistentes.

La muerte de los agentes en Huelva ha reavivado además el recuerdo del caso de Barbate, ocurrido el 9 de febrero de 2024, cuando dos guardias civiles murieron y otros dos resultaron heridos después de que una narcolancha embistiera deliberadamente una patrullera durante otra persecución marítima en aguas andaluzas.

Mientras continúa el bloqueo parlamentario, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles mantienen abierto el diálogo con el Ministerio del Interior. El pasado 29 de abril anunciaron un preacuerdo con la Secretaría de Estado de Seguridad para avanzar en el reconocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo. El acuerdo incluía la creación de una mesa técnica y un calendario de reuniones previstas para mayo, junio, julio y septiembre.