La Defensoría del Consumidor mantiene un monitoreo permanente de la cadena de suministros para asegurar precios estables en los granos básicos salvadoreños, con verificaciones desde los importadores y productores hasta los mercados, supermercados y comercios minoristas.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, afirmó en la entrevista AM de Canal 10 que la institución vigila los precios del maíz, frijol y arroz, además de frutas, verduras, huevos, pollo y lácteos, para detectar posibles prácticas de acaparamiento, especulación o incrementos injustificados.
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“Nos hemos mantenido alertas y pendientes de un monitoreo constante”, dijo Salazar. El funcionario explicó que las inspecciones abarcan a grandes productores, importadores, distribuidores mayoristas, mercados municipales, cadenas de supermercados y tiendas mayoristas.
Según Salazar, el quintal de maíz ronda los $25, mientras que el frijol se comercializa entre $75 y $80, de acuerdo con la variedad. En el caso del arroz, indicó que el precio oscila entre $40 y $45 por quintal.
El presidente de la institución sostuvo que esos valores se encuentran por debajo de las proyecciones que surgieron ante los efectos de factores internacionales y climáticos. Mencionó los problemas logísticos posteriores a la pandemia, el aumento de los costos de los combustibles y las consecuencias del fenómeno de El Niño sobre la producción agrícola regional.
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“Se ha logrado recuperar y, sobre todo, mantener un nivel de abastecimiento que sea óptimo”, afirmó Salazar. Añadió que el monitoreo permite activar inspecciones y auditorías cuando se identifica una variación abrupta en los precios de venta.
Las investigaciones incluyen la revisión de compras, inventarios, volúmenes comercializados, costos y márgenes de ganancia. Si un comercio no puede justificar un aumento de precios mediante cambios en sus costos, la Defensoría puede iniciar un procedimiento sancionatorio.
Más de $935,000 en multas por alzas injustificadas y obstrucción
Salazar informó que la institución ha sancionado más de 165 casos vinculados con incrementos injustificados de precios y obstáculos a las labores de inspección. Las multas impuestas superan los $935.000.
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Las sanciones también alcanzan a empresas que no entregan los documentos solicitados durante las investigaciones. Entre los registros requeridos figuran los controles de inventario, comprobantes de compra, declaraciones de impuestos y datos sobre los precios de venta.
El funcionario señaló que la institución cruza información con la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos para revisar la trazabilidad de los productos importados y la ubicación de bodegas declaradas por las empresas.
La ausencia de una bodega en los registros tributarios puede activar una verificación ante una posible situación de acaparamiento. Salazar aseguró que algunos casos fueron remitidos al Ministerio de Hacienda tras detectar inconsistencias contables, como inventarios negativos.
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“Hay proveedores que nos están reportando inventarios negativos, es decir, que están vendiendo más de lo que compran”, señaló. Para la institución, esos datos pueden reflejar operaciones sin registrar o irregularidades que requieren una revisión fiscal.
Agromercados y centrales de abasto como fuentes de suministro
La Defensoría también destacó el papel de las centrales de abasto ubicadas en Soyapango y Usulután, además de los más de 50 agromercados que operan a nivel nacional. Salazar consideró que estos espacios aportan productos a mercados, restaurantes y comedores, además de ampliar las opciones de compra para los hogares.
Durante diciembre, la institución prevé publicar comparativos de precios de productos asociados a las cenas de fin de año, como pollo, pavo, cortes de cerdo y res, uvas y manzanas. Las verificaciones se concentrarán en puntos de abastecimiento como el Mercado Central y La Tiendona.
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Los consumidores pueden presentar denuncias por aumentos abruptos de precios, cobros indebidos, publicidad engañosa o incumplimientos mediante el número 910 y el WhatsApp 7844-1482. Para respaldar un reclamo, la Defensoría recomendó conservar facturas, recibos, comprobantes de pago, fotografías o capturas de pantalla.
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