Para los hogares rurales que dependen de cultivos de secano, la evolución de las lluvias durante el actual episodio de El Niño en El Salvador podría incidir en la producción agropecuaria y en las condiciones de seguridad alimentaria, según planteó el Instituto de Investigaciones Económicas (INVE).
El boletín señala que los efectos no dependen solo de la intensidad del fenómeno climático. También intervienen las condiciones productivas, el acceso a sistemas de riego, los ingresos de los hogares, los precios y la capacidad de respuesta institucional.
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El análisis del INVE indica que El Niño puede afectar la seguridad alimentaria por tres vías: menor producción de alimentos, presiones sobre los precios y reducción de los ingresos de los hogares productores. Las consecuencias pueden alcanzar la disponibilidad, el acceso económico, la calidad de la dieta y la estabilidad del abastecimiento.
Durante 2026, la sequía y la irregularidad de las lluvias afectaron principalmente a los cultivos de maíz y frijol en la zona oriental. El instituto considera que esas condiciones representan un riesgo mayor para los pequeños productores y para las familias que combinan el autoconsumo con la venta de sus cosechas.
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El sector agropecuario muestra una mayor exposición climática
El documento compara los períodos de El Niño identificados mediante el Índice Oceánico Relativo de El Niño, conocido como RONI, con la evolución de la actividad económica salvadoreña.
Según el estudio, el producto interno bruto agregado ha mantenido variaciones más moderadas que la actividad agropecuaria. El sector agrícola presenta oscilaciones más amplias por su dependencia de la lluvia y la temperatura.
El INVE aclara que esa relación debe interpretarse como una tendencia descriptiva. El número de episodios analizados es limitado y las variaciones del sector también pueden responder a factores económicos, productivos y externos.
El evento de 2014-2016 fue el más intenso de la serie examinada entre 2000 y 2026. El RONI llegó a +2,3 °C a finales de 2015, mientras la actividad agropecuaria se contrajo 5.5% ese año y creció 8.4% en 2016.
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El boletín también menciona el episodio de 2018-2019. La actividad agrícola cayó 2.7% en 2018 y registró una recuperación de 1.0% al año siguiente.
La situación de 2020 requiere una lectura distinta, de acuerdo con el informe. La contracción agropecuaria de ese año coincidió con La Niña y con la pandemia de COVID-19, por lo que no puede atribuirse a El Niño.
Durante el primer semestre de 2026, el Índice de Volumen de la Actividad Económica creció 4.7% interanual en promedio. El componente agropecuario, en cambio, disminuyó 0.7% y se mantuvo en cifras negativas en julio y agosto.
Las pérdidas agrícolas pueden ampliar la brecha de abastecimiento
El análisis recoge pérdidas de 2,394,000 quintales de maíz y 78,000 quintales de frijol, concentradas en la región oriental. También advierte sobre la situación de la siembra de Postrera, que representa el 75% de la producción nacional de frijol.
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Los cultivos de maíz, frijol y sorgo dependen en gran medida de las precipitaciones. La limitada cobertura de riego deja expuesta a buena parte de la producción agrícola frente a períodos de sequía o lluvias mal distribuidas.
El boletín señala que solo el 3% de los cultivos del país dispone de sistemas de riego. El resto de las áreas productivas depende principalmente de la temporada lluviosa.
Antes de la intensificación de la sequía, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios estimaba que la producción nacional de maíz y frijol no alcanzaría para cubrir por completo el consumo previsto para 2026.
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Las pérdidas posteriores podrían ampliar esa diferencia. El INVE explica que, cuando disminuye la oferta local, las importaciones contribuyen a sostener la disponibilidad física de los alimentos.
Ese mecanismo puede contener una parte del impacto sobre el abastecimiento. A la vez, incrementa la exposición del país a los precios regionales e internacionales, a los costos de transporte y a las condiciones de los mercados externos.
Los ingresos y los precios condicionan el acceso a alimentos
La pérdida de una cosecha puede afectar a los hogares productores en dos dimensiones. Reduce los alimentos destinados al consumo familiar y limita el ingreso monetario que se obtiene mediante la venta de productos agrícolas.
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El INVE sostiene que esta situación puede reducir la capacidad de compra aun cuando los alimentos permanezcan disponibles en los mercados. El efecto cobra relevancia entre los hogares con ingresos irregulares y escasas reservas.
La Canasta Básica Alimentaria urbana se ubicó en USD 264.73 en agosto, 5.6% por encima de su valor de un año antes. La canasta rural alcanzó USD 189.63 y se mantuvo prácticamente sin variaciones.
La inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas pasó de 0.9% en enero a 4.4% en septiembre. El informe apunta que la evolución de los precios no fue igual para todos los productos.
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Los mayores volúmenes importados contribuyeron a moderar el precio mayorista del maíz blanco. En septiembre, ese valor permanecía cerca de 18% por debajo del nivel registrado un año antes.
El boletín del INVE plantea que las importaciones pueden amortiguar una menor producción local, aunque no eliminan las presiones sobre el presupuesto de las familias. Los costos de otros alimentos y la disminución de ingresos siguen siendo variables que inciden en el acceso.
El Corredor Seco Oriental acumula condiciones de vulnerabilidad
El documento retoma los análisis de la Red de Sistemas de Alerta Temprana contra la Hambruna, FEWS NET, sobre la situación de hogares rurales en el Corredor Seco Oriental.
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Para los departamentos de Usulután, Morazán y La Unión, la entidad había proyectado condiciones de inseguridad alimentaria Acentuada, correspondiente a la Fase 2 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases.
La evaluación también contemplaba hogares en Crisis, clasificados en la Fase 3. Entre los factores identificados figuran el agotamiento temprano de reservas, las deudas acumuladas, la dependencia anticipada de los mercados y las limitadas oportunidades de ingreso.
El INVE considera que El Niño se desarrolla sobre dificultades ya existentes. Entre 2023 y 2025, el 41.7% de la población salvadoreña padecía inseguridad alimentaria moderada o grave, según los datos incluidos en el boletín.
En ese contexto, la estabilidad alimentaria no depende únicamente del resultado de una cosecha. También requiere continuidad en los ingresos, acceso a mercados, disponibilidad de agua y mecanismos que permitan a los hogares responder a nuevas pérdidas.
La evolución del fenómeno continuará bajo seguimiento en 2027
El Climate Prediction Center de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos estimó una probabilidad de 83% de que El Niño alcance una magnitud histórica entre octubre y diciembre de 2026, con un RONI igual o superior a +2,5 °C.
El valor del indicador para el trimestre agosto-octubre fue de +2,0 °C. El análisis recuerda que una mayor intensidad oceánica no implica necesariamente efectos equivalentes en todas las regiones salvadoreñas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura previó que la producción de maíz del ciclo de Primera se sitúe por debajo del promedio. El informe vinculó esa perspectiva con déficits de lluvia, temperaturas elevadas y una canícula prolongada.
La Asamblea Legislativa declaró un Estado de Emergencia por seis meses debido a la sequía meteorológica y agrícola asociada con El Niño. La medida mencionó riesgos para el agua, la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.
El Instituto de Investigaciones Económicas señaló que el alcance final de las afectaciones dependerá de la recuperación de las lluvias, el desempeño de los próximos ciclos agrícolas, las importaciones, los precios y las acciones de apoyo dirigidas a los pequeños productores y los hogares rurales.
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