La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron cinco allanamientos en San Salvador Centro por una investigación sobre el uso de menores de edad para comercializar drogas.
El operativo dejó dos capturas confirmadas y una tercera orden de detención contra personas señaladas de obligar a adolescentes a distribuir sustancias ilícitas.
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Los detenidos fueron identificados como José Gabriel Cruz Aragón y Zuleyma Beatriz Vásquez Garay. Según la información oficial, ambos enfrentarán cargos por utilización delictiva de personas en situación de vulnerabilidad, maltrato infantil, trata de personas y posesión y tenencia con fines de tráfico.
La investigación comenzó en octubre de 2026, tras la detención en flagrancia de un adolescente de 15 años que presuntamente vendía droga. Durante la entrevista con las autoridades, el joven afirmó que recibía agresiones físicas de parte de adultos que luego lo obligaban a participar en la distribución de las sustancias.
Una representante de la Oficina Fiscal de San Salvador afirmó que las diligencias se concentraron en inmuebles de distintos sectores de la capital. Asimismo dijo que las capturas estaban dirigidas a “sujetos quienes se dedicaban a utilizar a menores de edad para cometer ilícitos”.
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La Fiscalía informó que, durante los registros, incautó dinero en efectivo, porciones de droga, teléfonos celulares y otros objetos. Esos elementos serán incorporados a la investigación y servirán para sustentar el requerimiento fiscal que será presentado ante los juzgados competentes.
Las autoridades investigan si hubo más víctimas en la estructura
Las autoridades no precisaron la identidad ni la condición procesal de la tercera persona incluida en las órdenes de captura. Tampoco informaron cuántos menores habrían sido utilizados por la estructura ni el tiempo durante el cual habría operado.
El caso se suma a otros procedimientos vinculados con menores y comercio de drogas realizados en El Salvador durante 2026. El 19 de junio, la FGR y la PNC desplegaron un operativo en Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Mejicanos contra presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, a quienes atribuyeron actividades de narcomenudeo y el reclutamiento de menores para incorporarlos a la organización.
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En junio, otro allanamiento en Apopa terminó con la detención de dos adolescentes de 16 y 17 años, acusados de vender drogas desde una vivienda y mediante entregas a domicilio. En ese procedimiento fueron decomisadas porciones de marihuana, dos teléfonos celulares y una computadora, de acuerdo con la Fiscalía.
Más tarde, en julio, un operativo en La Libertad dejó tres adultos y dos adolescentes detenidos por presunto tráfico ilícito. La Fiscalía reportó el decomiso de 8,443.02 gramos de marihuana, 6.9 gramos de cocaína, cuatro celulares y USD 2,000 en efectivo.
Las penas previstas para los delitos imputados
El artículo 153-A del Código Penal de El Salvador castiga con penas que oscilan entre 15 y 20 años de prisión a quien induzca, facilite, obligue, utilice o instrumentalice a niños, adolescentes u otras personas vulnerables para cometer delitos. La norma también incluye la incorporación de estas personas a agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas o estructuras de crimen organizado.
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El delito de maltrato infantil está regulado en el artículo 204 del Código Penal. La pena prevista es de uno a tres años de prisión cuando el maltrato provoca un perjuicio físico, moral o psicológico a una persona menor de edad, siempre que los hechos no constituyan una infracción más grave.
La trata de personas se rige por la Ley Especial contra la Trata de Personas. La legislación establece penas de 10 a 14 años de prisión para quien capte, traslade, reciba o acoja a una persona con fines de explotación. Las sanciones pueden aumentar cuando concurren agravantes previstas por la norma.
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