Medicamentos falsificados, oro ilegal y alcohol adulterado completan el mapa del comercio ilícito en Centroamérica

Un informe reciente identifica tres ejes principales que sostienen las redes de tráfico ilegal en la región, generando pérdidas económicas, riesgos sanitarios y daños ambientales que afectan a millones de personas en varios países centroamericanos

Mesa rústica con cajas de cigarrillos, botellas de alcohol, bidones de agroquímicos y aparatos electrónicos. Fondo con vegetación selvática y cinta de precaución.
Una mesa exhibe cigarrillos, alcohol, agroquímicos y dispositivos electrónicos, que son mercancías ilegales en una zona fronteriza centroamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Más allá del contrabando de cigarrillos, un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito TRACIT identifica otros mercados donde el comercio ilícito golpea con fuerza en Centroamérica: medicamentos falsificados, alcohol adulterado y oro de origen ilegal.

El documento, basado en el Índice de Comercio Ilícito 2025, revela incrementos preocupantes en varios de estos rubros durante el último año.

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En Costa Rica, considerado el país mejor evaluado de la región, los casos de medicamentos falsificados detectados aumentaron 662% entre junio de 2024 y junio de 2025. Durante ese período se decomisaron más de 365.000 productos farmacéuticos ilícitos, con la frontera de Nicaragua señalada como un punto de entrada relevante.

El mercado de medicamentos falsificados crece en la región

Los productos farmacéuticos ilícitos detectados en Costa Rica incluyen antibióticos, analgésicos, medicamentos dermatológicos y otros tratamientos que pueden estar falsificados, vencidos, mal almacenados o desviados de cadenas legales.

El hallazgo de medicamentos con etiquetas falsificadas en farmacias y tiendas, según la Fiscalía, refuerza la amenaza que representa para la salud pública el acceso a productos elaborados o comercializados fuera de la regulación oficial nacional (Foto cortesía FGR)
El hallazgo de medicamentos con etiquetas falsificadas en farmacias y tiendas, según la Fiscalía, refuerza la amenaza que representa para la salud pública el acceso a productos elaborados o comercializados fuera de la regulación oficial nacional (Foto cortesía FGR)

En Guatemala, el informe estima que aproximadamente 10% de los medicamentos de venta libre podrían ser falsificados. Las autoridades decomisan con frecuencia antibióticos, analgésicos, remedios para gripe, anticonceptivos y suplementos adulterados.

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El documento advierte sobre la existencia de laboratorios clandestinos que imitan productos reconocidos en el mercado guatemalteco. Estos medicamentos suelen llegar a farmacias pequeñas y áreas rurales, donde el acceso a servicios de salud formales es limitado.

El reporte recomienda reforzar la cooperación con el sistema mundial de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud y mejorar el acceso a farmacias legítimas en zonas rurales como estrategia de contención.

En El Salvador, esta semana, la presidenta de la Asociación de Industriales Químico-Farmacéuticos de El Salvador Inquifar Carmen Estela Pérez, alertó también sobre el ingreso ilegal de medicamentos a la región, principalmente a El Salvador, procedentes de la India.

Alcohol adulterado: de Costa Rica a las redes sociales salvadoreñas

El alcohol ilícito representa cerca del 9% del consumo nacional en Costa Rica, según las estimaciones del informe. El contrabando proviene especialmente de Panamá, donde los precios pueden ser menores.

El documento señala antecedentes de intoxicaciones por metanol vinculadas al alcohol adulterado, lo que convierte a este mercado en un riesgo directo de salud pública, más allá de sus efectos fiscales.

En El Salvador, el alcohol ilícito alcanzaría cerca del 12% del consumo total. El informe detecta un uso creciente de redes sociales y comercio digital para vender bebidas adulteradas o falsificadas, una vía que escapa a los controles tradicionales de distribución.

Panamá, por su parte, no solo enfrenta consumo interno de alcohol ilícito: el informe lo describe como una plataforma de desvío regional. Cerveza y otros productos ingresan formalmente al país para su reexportación, pero terminan desviados hacia el mercado local o países vecinos sin el pago de impuestos correspondiente.

Una gran cantidad de botellas de licor, latas de cerveza y paquetes de cigarrillos apilados en un almacén con cajas de cartón al fondo.
Autoridades exhiben una vasta cantidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos incautados en un almacén, como parte de una operación contra el contrabando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oro ilegal: de Sudamérica a Nicaragua vía Panamá

El oro de origen ilícito atraviesa la región a través de rutas que conectan Sudamérica con Centroamérica. Panamá aparece como centro de tránsito de oro procedente de Colombia, Venezuela, Perú y otros países productores.

Según el informe, el metal puede ingresar a Panamá por rutas terrestres, marítimas o aéreas, ser procesado o reempaquetado en el país, y luego reexportarse como si tuviera origen legítimo.

En Costa Rica, la minería ilegal de oro se concentra en la zona de Crucitas, un punto que el documento identifica junto con la tala ilegal y el comercio de maderas como el cocobolo entre los principales delitos ambientales del país.

Nicaragua presenta el caso más grave del rubro: el informe estima que la minería ilegal de oro podría representar una parte relevante de las exportaciones auríferas totales del país, en un contexto de invasión de reservas naturales como Bosawás e Indio Maíz.

Belice pierde biodiversidad por el tráfico de fauna y flora

Belice enfrenta pérdidas económicas y ambientales significativas por el comercio ilegal de especies. El informe calcula pérdidas cercanas a BZ$61 millones, unos US$30 millones, entre 2012 y 2018, por el tráfico de fauna y flora que incluye loros, langostas, tiburones, palo de rosa y caoba.

Este comercio ilícito amenaza directamente la biodiversidad del país y pone en riesgo al ecoturismo, uno de los sectores económicos clave de Belice.

A esto se suma una debilidad regulatoria en el comercio digital: la legislación beliceña sobre transacciones electrónicas es principalmente reactiva.

Las plataformas solo están obligadas a retirar contenido ilícito una vez notificadas, sin exigencias robustas de monitorear vendedores o verificar productos antes de su publicación.

En concreto, se abogó por retomar el compromiso de trabajar de manera conjunta y sistemática en programas de reforestación en la zona fronteriza, así como desarrollar mecanismos que garanticen la conservación de las áreas protegidas transfronterizas, y la lucha contra el tráfico ilícito de especies de flora y fauna. EFE/Thais Llorca/Archivo
En concreto, se abogó por retomar el compromiso de trabajar de manera conjunta y sistemática en programas de reforestación en la zona fronteriza, así como desarrollar mecanismos que garanticen la conservación de las áreas protegidas transfronterizas, y la lucha contra el tráfico ilícito de especies de flora y fauna. EFE/Thais Llorca/Archivo

Tres grupos de países según su capacidad de respuesta

El informe de TRACIT organiza a los siete países centroamericanos en tres categorías según su desempeño frente al comercio ilícito.

Costa Rica y Panamá conforman el grupo de mayor capacidad relativa: cuentan con marcos institucionales más sólidos, aunque enfrentan una brecha entre la regulación existente y su aplicación efectiva en fronteras, puertos y comercio electrónico.

Belice y El Salvador integran el grupo de riesgo intermedio. El primero por su dependencia de la Zona Libre de Corozal como plataforma de tránsito; el segundo por avances en seguridad y modernización aduanera que todavía conviven con alta informalidad y fronteras rurales vulnerables.

Guatemala, Honduras y Nicaragua conforman el grupo con mayores debilidades estructurales, marcado por informalidad masiva, corrupción profunda y una integración extendida entre comercio ilícito, crimen organizado y delitos ambientales.

El informe concluye que Centroamérica no carece por completo de leyes, tratados o infraestructura para enfrentar el comercio ilícito. El problema central, según el documento, es que la apertura comercial y logística de la región avanzó más rápido que su capacidad de supervisar, controlar y sancionar el uso ilícito de esos mismos sistemas.

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