Constancias médicas con errores ortográficos llevaron a una joven salvadoreña a enfrentar a la Justicia

El Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango decretó instrucción con medidas sustitutivas contra Ingrid Guadalupe B. P., de 20 años, acusada del presunto uso y tenencia de documentos falsos tras presentar tres constancias médicas para justificar ausencias en la institución educativa donde estudiaba. Según información de Centros Judiciales El Salvador.

La procesada deberá presentarse el día 30 de cada mes ante el Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango, mantener su domicilio actual y abstenerse de salir de El Salvador mientras avance la causa.

La resolución se dictó por un delito en perjuicio de la fe pública y, de manera subsidiaria, de la doctora Carolina del Carmen R. de C., de 60 años. La decisión no constituye una condena y el caso continuará en la etapa de instrucción, informó Centros Judiciales.

Tres constancias para justificar ausencias escolares

Las constancias cuestionadas estaban fechadas el 9 y el 19 de julio de 2024, además del 4 de agosto de ese año. Los documentos buscaban justificar períodos de ausencia de cinco días, un día y 14 días, respectivamente.

Los papeles fueron remitidos al Ministerio de Educación de El Salvador, donde se detectaron errores ortográficos que despertaron dudas sobre su autenticidad. Las supuestas incapacidades aparecían extendidas a nombre de la médica.

Ante las sospechas, el MINED envió las constancias al Consejo Superior de Salud Pública para comprobar si habían sido emitidas de forma legítima. Las diligencias establecieron que las clínicas particulares consignadas en los documentos no coincidían con los lugares donde trabajaba la profesional.

La investigación determinó que la doctora laboraba exclusivamente para el Ministerio de Salud. Ese dato contrastaba con la información incluida en las tres constancias presentadas para respaldar las inasistencias de la estudiante.

Las penas previstas para el uso de documentos falsos

El Código Penal salvadoreño regula el uso y tenencia de documentos falsos en su artículo 287. La norma sanciona a quien, con conocimiento de que un documento fue falsificado o alterado y sin haber participado en su elaboración, lo utilice o lo mantenga en su poder.

La pena prevista para ese delito es de prisión de tres a cinco años. La disposición comprende documentos públicos, auténticos o privados.

Para que exista una condena, los tribunales deben establecer la existencia material de un documento falsificado o alterado, su naturaleza y el conocimiento de la persona que lo utilizó o conservó. También debe acreditarse que esa persona no intervino en la falsificación inicial.

Si se comprobara que alguien creó total o parcialmente un documento público o auténtico falso, o modificó uno verdadero, el hecho podría encuadrarse en el artículo 283, referido a la falsedad material. Esa conducta se castiga con prisión de tres a seis años y la misma sanción puede aplicarse a documentos privados cuando exista intención de causar perjuicio a un tercero.

El Código Penal también contempla la supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos. El artículo 286 prevé penas de uno a tres años de prisión cuando la desaparición u ocultamiento de documentos legítimos perjudique al Estado, a la sociedad o a particulares.