“Nuestros hijos están desaparecidos y es una realidad”: madres salvadoreñas que no se detienen en la búsqueda de sus hijos

El dolor de la ausencia no descansa. Para las familias de las personas desaparecidas en El Salvador, la rutina diaria comienza con la misma interrogante suspendida en el aire y termina con el peso de la incertidumbre.

Ante la disolución de diversas organizaciones por normativas recientes y el paulatino agotamiento de recursos para el acompañamiento de las víctimas, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas se ha consolidado como un refugio de resiliencia, articulación comunitaria y apoyo mutuo.

A través de la unión de madres, hermanas y familiares, este colectivo sostiene una lucha constante para mantener viva la memoria de sus seres queridos y exigir respuestas sobre su paradero.

La vida de Carmen Argueta ya había sido golpeada por la violencia cuando en 2006 las pandillas le quitaron a su esposo. Tras la tragedia, la familia tuvo que reinventarse: el negocio familiar cerró y sus hijos comenzaron a trabajar desde muy jóvenes.

Años después, la calma parecía retornar al hogar en Mejicanos durante el confinamiento, cuando sus hijos lograron trabajar en la modalidad de teletrabajo. Herber Argueta Antonio, el hijo mayor de 32 años, políglota apasionado por los idiomas que dominaba inglés, alemán y francés, trabajaba en el área de atención telefónica en un call center en el turno nocturno.

La noche del 4 de agosto de 2021, en vísperas de las Fiestas Agostinas, llovía con fuerza sobre la capital. Herber se encontraba en su descanso laboral de las 9:30 p.m. mientras compartía tiempo con su novia en su habitación. Al no haber cenado, decidió salir unos minutos a buscar comida a una tienda cercana. Llevaba puesta una camiseta negra, jeans azules rotos al estilo fit y unas botas Jordan.

En el apuro por no perder su turno de regreso a las 10:00 p.m., dejó sobre la mesa sus llaves, su billetera y su teléfono celular, llevando únicamente el dinero en efectivo en la mano. Nunca regresó.

Fue hasta la mañana siguiente cuando los mensajes de la novia de Herbert encendieron las alertas. La búsqueda inicial se convirtió en una travesía llena de trabas administrativas: la Fiscalía se negó en un primer momento a entregarle una copia de la denuncia, la declaración de la acompañante no fue receptada esa misma noche y la valiosa información que pudo brindar el vigilante del pasaje se perdió por la falta de diligencias inmediatas.

El desgaste institucional se profundizó con el cambio constante de fiscales y la falta de aplicación efectiva de las leyes. “Uno llega a preguntar y es revictimizado porque tiene que contar su historia una y otra vez. Siempre me atiende el fiscal de turno y lo único que hacen es echarle un vistazo al informe y decirme: ‘Sí, estamos trabajando’”, relata Carmen con indignación.

A pesar de solicitar pruebas de ADN y pedir avances, la respuesta oficial solía justificarse en la falta de recursos. Por lo que, Carmen halló en el Bloque de Búsqueda la fuerza para llevar su voz a conversatorios y aulas universitarias: “No me puedo quedar callada. Callar la historia de mi hijo es callar la historia de miles de familias”.

Carmen sostiene como principal hipótesis que los responsables directos de la desaparición de su hijo fueron integrantes de pandillas, grupos criminales que operaban en la zona y por los cuales su familia ya había sido impactada años atrás tras el asesinato de su esposo.

Miriam Elizondo: Quince años de resistencia por Josué

En Santa Ana, el relato de Miriam Elizondo refleja el desgaste de un proceso que supera ya los quince años. El sábado 4 de junio de 2011, su hijo Josué Miranda Elizondo, de tan solo 14 años, se alistó de madrugada para ir a trabajar. Vestía un jeans azul, tenis blancos, un cincho verde de nailon y una camisa a cuadros sobre una camiseta blanca con relieve.

El menor ayudaba a su tío en la distribución de pan dulce en colonias y zonas rurales, un oficio que había asumido con el anhelo de ahorrar y poner su propio negocio.

Aquel mediodía, tras descargar el producto en un local cercano a la delegación policial de Santa Ana sobre la 25 Avenida Sur, Josué comió un pedazo de pollo con sus familiares, recibió los siete dólares de su jornada y anunció que saldría “a dar una vuelta” antes de regresar a cargar el camión para el día siguiente.

La última persona que lo vio con vida fue un trabajador del sector, quien lo observó parado cerca del semáforo de la aldea San Antonio alrededor de las 3:30 p.m., tranquilo y despidiéndose con un gesto de la mano.

Cuando cayó la noche y Josué no volvió, la angustia se apoderó de la familia. La respuesta de las autoridades en las primeras horas fue el presagio de un largo abandono: la policía se negó a tomar la denuncia de inmediato bajo la premisa de que debían transcurrir 24 horas y que el joven probablemente andaba de fiesta. “Los ‘nunca’ se llegan, señora”, le espetó un agente cuando Miriam insistió en que su hijo jamás se ausentaba sin avisar.

Los días posteriores se transformaron en un recorrido sin descanso por hospitales, salas de emergencia, el Centro de Atención de Menores (CAN) y la morgue. La publicación de la fotografía del adolescente en los medios de comunicación no trajo datos certeros, sino una ola de llamadas de extorsión que buscaron lucrarse del dolor familiar. Tampoco las autoridades realizaron las bitácoras telefónicas a tiempo, dejando pasar dos años cruciales sin rastrear las llamadas.

Sobre las causas de la desaparición, la familia e investigaciones iniciales manejaron presuntas hipótesis vinculadas a estructuras de pandillas. Entre las principales sospechas destaca la posibilidad de que el adolescente fuera engañado o usado mediante una “carnada” para sacarlo del sector; que el hecho estuviera relacionado con el cobro de extorsión o “renta” exigido al negocio de pan; o el riesgo que representaba movilizarse entre zonas que en ese momento estaban bajo el control de grupos criminales rivales.

Miriam buscó acompañamiento psicológico en la Cruz Roja, se unió a las primeras reuniones de colectivos de víctimas e integró el grupo fundador del Bloque de Búsqueda en febrero de 2022. Su insistencia constante llevó el caso hasta la justicia constitucional: en noviembre de 2022, la Sala de lo Constitucional admitió de manera parcial un recurso de amparo a favor de Josué.

Quince años después, Miriam sostiene su lucha con la firmeza intacta: “Nuestros hijos están desaparecidos. Es una realidad, el dolor y el sufrimiento de toda la familia. Pronunciarse es un derecho que tenemos para alzar la voz y exigir que seamos escuchados”.