Los enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes marcaron el sexto fin de semana consecutivo de protestas y disturbios en Francia, con incidentes en Paris, Marsella y Lyon pese a una movilización menor que la registrada en las semanas anteriores.
Decenas de miles de personas salieron ese sábado a las calles para reclamar mejoras en los servicios públicos, denunciar el aumento del costo de vida y protestar contra la violencia policial.
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El Ministerio del Interior contabilizó entre 80.000 y 82.500 asistentes en todo el país, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 150.000. En París, las autoridades calcularon 21.500 participantes y los sindicatos estudiantiles hablaron de 45.000. Las diferencias entre ambos recuentos acompañaron una convocatoria que reunió a estudiantes, sindicatos, organizaciones de izquierda y representantes del movimiento de los Chalecos Amarillos.
En la capital francesa, al comienzo de la jornada, la marcha recorrió el trayecto entre la plaza de la República y la plaza de la Nación. Durante buena parte del día, la concentración transcurrió con músicos, puestos de comida, disfraces, pancartas y banderas de sindicatos y partidos de izquierda.
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Sin embargo, las tensiones surgieron durante la dispersión de los últimos asistentes, cuando los antidisturbios intervinieron ante algunos grupos.
En Marsella, los incidentes fueron más numerosos. Varios manifestantes se separaron del recorrido autorizado y la situación derivó en la quema de contenedores y algunos vehículos, además de choques con las fuerzas de seguridad. La Policía empleó gases lacrimógenos de forma repetida para dispersar a los grupos que protagonizaron los altercados.
Los agentes también utilizaron gases lacrimógenos en Lyon, donde la Prefectura prohibió concentraciones en una amplia zona del centro. Las restricciones buscaron evitar episodios de violencia y daños materiales como los ocurridos el 17 de octubre, cuando algunas movilizaciones derivaron en saqueos, ataques contra edificios e incendios. Durante la protesta, una orquesta actuó ante las cerca de 4.600 personas que se concentraron en la ciudad como parte de la movilización.
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Bajo este contexto, el ministro del Interior, Laurent Núñez, mantuvo un amplio operativo de seguridad con 70.000 policías y gendarmes desplegados en el país. Antes de las protestas, pidió a los prefectos que extremaran la vigilancia sobre los grupos considerados más hostiles hacia las fuerzas del orden, luego de la aprobación parlamentaria de una ley que amplió la protección de los agentes que utilizan sus armas.
Esa norma ocupó un lugar central en las consignas de la jornada. Entre las pancartas se leyeron mensajes como “No a la licencia para matar”, en rechazo a la nueva legislación, y “Generación Z contra la selectividad y la militarización”. Otros manifestantes instalaron lápidas simbólicas que aludían a la situación de los servicios públicos, entre ellos la seguridad social y la educación.
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La protesta comenzó a mediados de septiembre a partir de reclamos de estudiantes de secundaria por las condiciones de enseñanza. Con el paso de las semanas, la convocatoria incorporó demandas vinculadas con los precios, los salarios, la pobreza estudiantil, la falta de plazas universitarias, el estado de los edificios escolares y la actuación policial durante las movilizaciones.
“En varios países, los jóvenes atraviesan lo mismo, es decir, la precariedad. Hay que elegir entre tener un techo, recibir atención médica o poder comer lo suficiente”, dijo la secretaria general del sindicato estudiantil Unef, Manon Moret
Los estudiantes reclamaron el fin de la selectividad universitaria, la ampliación de las plazas disponibles y medidas contra la pobreza. Ryad Rani, representante de alumnos de secundaria, cuestionó las respuestas recibidas hasta el momento:
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“Solo recibimos migajas, pero queremos el pastel entero”. También insistió en la necesidad de renovar los establecimientos educativos y aseguró: “No nos rendiremos. Llegaremos hasta el final”.
Las organizaciones sindicales sumaron sus reclamos por los salarios de los empleados públicos, con especial atención en el personal de Educación Nacional. Sophie Vénétitay, portavoz del sindicato docente Snes-FSU, señaló que la huelga del 1 de diciembre buscará presionar al Ejecutivo: “Será un día importante para reiterar que, en lo que respecta a los salarios de los funcionarios públicos, en particular los del personal de Educación Nacional, la respuesta dada no es satisfactoria y existe una urgencia absoluta”.
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En la marcha parisina participaron delegaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Fuerza Obrera (FO), la Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios. Junto a ellos marcharon agrupaciones estudiantiles, partidos de izquierda y los Chalecos Amarillos, que volvieron a movilizarse ocho años.
La eurodiputada de La Francia Insumisa, Manon Aubry, reclamó una respuesta inmediata del Ejecutivo ante el descontento social: “Muchos piensan que con el invierno y las próximas elecciones presidenciales todos dejarán de lado su enfado, pero yo no lo creo, porque nadie puede permitirse el lujo de esperar seis meses. El Gobierno debe escuchar estas demandas sociales o dimitir”.
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Desde los Chalecos Amarillos, Azelma Signaux pidió mantener la presión mediante acciones pacíficas: “Queremos avanzar hacia una revolución en el sentido noble y pacífico del término. Queremos que el pueblo recupere el poder sobre las instituciones”. Las organizaciones estudiantiles, los sindicatos y ese movimiento anticiparon que seguirán con las protestas, mientras los gremios preparan la cuarta huelga desde el regreso de las vacaciones.
(Con información de EFE, Europa Press y Reuters)
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