
El fortalecimiento de la integridad institucional en El Salvador avanza con la realización de la cuarta edición del curso sobre la aplicación de las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, una iniciativa educativa que tuvo lugar el 27 y 28 de abril bajo la organización del Tribunal de ética Gubernamental (TEG) y la supervisión de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
El evento buscó consolidar las capacidades estatales en la lucha contra la impunidad y potenciar la transparencia en la administración pública, según informó el Tribunal a través de un comunicado oficial.
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En esta edición participaron más de 40 delegados de 17 instituciones nacionales, incluyendo la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la Asamblea Legislativa y ministerios como Hacienda y Justicia y Seguridad Pública. De acuerdo con el TEG, esta diversidad institucional garantiza que las recomendaciones internacionales contra la corrupción se integren en la práctica diaria en todos los niveles estatales.
Durante las dos jornadas, los asistentes analizaron el contenido sustantivo y los mecanismos de monitoreo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, estudiaron el funcionamiento del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y abordaron la implementación de las 40 recomendaciones internacionales para el combate al lavado de activos y la financiación del terrorismo.
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El programa incluyó la elaboración de respuestas técnicas a cuestionarios e informes de evaluación internacional, con el apoyo metodológico de expertos nacionales y de la UNODC.
El presidente del Tribunal de ética Gubernamental, José Néstor Mauricio Castaneda Soto, encabezó el evento acompañado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía; el fiscal general adjunto, Miguel ángel Iraheta Joachin; el oficial de prevención del delito y justicia penal de la UNODC, Felipe Freitas Falconi; y especialistas como Alvina Mangandi, experta legal de la misma oficina de Naciones Unidas. También estuvieron presentes los miembros del Pleno y otras figuras clave de la administración pública.
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Este curso representó una respuesta estratégica a la necesidad de articulación interinstitucional para que los servidores públicos conozcan la teoría y dominen herramientas prácticas de evaluación internacional. Según el Tribunal de Ética Gubernamental, el objetivo central es que el Estado salvadoreño fortalezca su capacidad para aplicar de forma efectiva los instrumentos globales en materia anticorrupción y convertir los resultados de los procesos de evaluación internacional en reformas concretas de gestión pública.
Adicionalmente, el 27 de abril la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas de la República suscribieron una carta de entendimiento para el desarrollo de actividades formativas y de capacitación en temáticas de interés común, con énfasis en la prevención y combate a la corrupción.
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El Órgano Judicial informó en su portal digital que con esto se incorpora la facilitación de espacios con fines académicos, la participación de especialistas como facilitadores en los procesos de formación y la ejecución de acciones de difusión y promoción del quehacer institucional y del ordenamiento jurídico entre ambas instancias.
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