
La Unión Europea exigió este martes al régimen de Irán el cese inmediato de las ejecuciones, calificando como “espantosa” la frecuencia con la que se aplican las sentencias de muerte en el país.
Mediante un comunicado, el bloque remarcó que la pena capital resulta incompatible con los principios fundamentales de derechos humanos y renovó su llamado a Teherán para que asuma compromisos hacia la abolición total de esta práctica.
La Unión Europea subrayó su rechazo absoluto a la pena de muerte, y aseguró que no existen circunstancias que justifiquen su utilización y que representa una violación directa al derecho a la vida y a la prohibición de castigos crueles o degradantes.
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“La pena de muerte no disuade el delito y convierte los errores judiciales en tragedias irreversibles”, afirmó el Servicio de Acción Exterior del bloque. La declaración oficial enfatizó que la ejecución de manifestantes y opositores constituye una grave transgresión a las obligaciones internacionales asumidas por Irán.
El pronunciamiento de Bruselas se produce tras la reciente ejecución de un ciudadano iraní acusado de participar en protestas antigubernamentales, el noveno manifestante ejecutado por su vinculación con movilizaciones sociales desde enero. La UE advirtió que el uso de la pena capital como herramienta para sofocar la disidencia interna agrava el clima de represión en el país y vulnera los derechos fundamentales de la población.
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La diplomacia europea instó a las autoridades iraníes a liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas por ejercer su libertad de expresión y participación política. Además, recordó a Teherán su responsabilidad de cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional del que Irán es Estado parte y que prohíbe expresamente la aplicación de castigos inhumanos o excesivos.
En 2025, Irán registró un total de 1.639 ejecuciones, cifra que representa un aumento del 68% respecto al año anterior y el nivel más alto documentado en ese país desde 1989, de acuerdo con datos de organismos de derechos humanos.
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Las organizaciones especializadas han alertado sobre el carácter sistemático de las ejecuciones y el uso de la pena de muerte contra personas condenadas por delitos políticos, así como contra quienes participaron en manifestaciones.

El informe anual presentado por Iran Human Rights destaca que Irán mantiene uno de los sistemas de justicia penal más restrictivos del mundo, especialmente en materia de garantías procesales y derecho a la defensa.
La UE recalcó que continuará monitoreando de cerca la situación de derechos humanos en Irán y que mantendrá la presión diplomática y política hasta que se adopten reformas sustantivas.
Actualmente, el bloque europeo sostiene sanciones contra 263 individuos y 53 entidades iraníes, incluidas restricciones específicas para altos funcionarios y cuerpos de seguridad involucrados en la represión de protestas y en la aplicación de la pena capital. El bloque también ha designado a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y, la semana pasada, los Estados miembros acordaron nuevas medidas restrictivas vinculadas al bloqueo del estrecho de Ormuz.
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Ante las críticas iraníes por las sanciones europeas, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán calificó esas medidas de “inhumanas” y rechazó que tuvieran relación con la protección de los derechos humanos.
No obstante, la Unión Europea insistió en que la presión internacional busca poner fin a prácticas incompatibles con el derecho internacional y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la sociedad iraní.
(Con información de EFE y Europa Press)
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