El proyecto de presupuesto nacional para 2027 anticipa una mejora real de los recursos destinados a educación, aunque la inversión prevista seguiría lejos de los niveles de 2023. Con una inflación promedio proyectada de 20,5%, la asignación para el área rondaría los 9,8 billones y Educación y Cultura crecería 5,6% en términos reales.
La analista de Datos y Política Educativa de Argentinos por la Educación, Sol Alzú, explicó en Infobae A las Nueve que el relevamiento abarca los recursos de la función Educación y Cultura, además de las partidas de la Secretaría de Educación y sus programas.
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Alzú señaló que el aumento surge de la comparación con la previsión de cierre de 2026. “Es un aumento con respecto a lo vigente ahora, la previsión al cierre del año 2026”, afirmó.
El presupuesto educativo nacional
El proyecto oficial calcula una inflación promedio de 20,5% para 2027. Sobre esa base, Alzú indicó que Educación y Cultura “tendría un crecimiento del 5,6% en términos reales”.
La analista sostuvo que la evaluación no se limita a una sola partida. “Analizamos cuánto se destina y cuál es el crecimiento de ese presupuesto”, dijo sobre la función Educación y Cultura.
El relevamiento también contempla el destino de los fondos dentro de cada programa. “Vemos la apertura programática, cuánto se destina a cada programa, cuánto crece en todo esto”, detalló.
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Alzú aclaró que las proyecciones dependen de los supuestos macroeconómicos incluidos en el proyecto. “Todo esto está en el proyecto de ley de presupuesto”, expresó.
La inversión quedaría 44% debajo del nivel de 2023
La inversión nacional en educación para 2027 rondaría los 9,8 billones. Alzú remarcó que el monto previsto aún no recuperaría los niveles de años anteriores. “Estamos por debajo todavía de los niveles, por ejemplo, del 2023, un 44% por debajo”, señaló.
La comparación utiliza datos ejecutados hasta 2025, estimaciones para el cierre de 2026 y previsiones para 2027. La analista diferenció cada período de análisis.
“Hasta el 2025 nosotros tenemos lo ejecutado”, explicó. Para 2026, el cálculo considera los recursos disponibles hasta agosto y la previsión de cierre incluida en el proyecto. Sobre 2027, Alzú precisó que “son todas las estimaciones en base al proyecto de ley”.
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El gasto nacional seguirá debajo del 1% del PBI
El presupuesto educativo nacional representaría 0,79% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2027. La previsión para el cierre de 2026 ubica ese indicador en 0,77%.
Alzú afirmó que el país mantendría una participación inferior al 1% del PBI por cuarto año consecutivo. “Tenemos una inversión que queda por debajo del 1%”, dijo.
La cifra corresponde exclusivamente a la inversión de Nación. El cálculo no incluye los presupuestos educativos de las provincias ni de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ley de Educación Nacional, vigente desde 2006, fija una meta de inversión conjunta. “Uno de los artículos de esta ley nos dice que se tiene que invertir un 6% del PBI en educación entre Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires”, explicó. Esa meta se cumplió una sola vez. “El pico de inversión fue en el 2015”, sostuvo Alzú.
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Universidades y Plan Nacional de Alfabetización
El desarrollo de la educación superior concentra el mayor presupuesto dentro de la Secretaría de Educación. Esa partida incluye los fondos destinados a las universidades.
Alzú indicó que ese programa tendría una suba real limitada. “El crecimiento de ese programa es de un 0,3% solamente”, afirmó.
La analista consideró que esa variación mantendría los recursos en niveles similares. “Estamos hablando más bien de fondos que se mantienen”, señaló.
Otro programa registraría una suba real de 12,5%. Alzú indicó que esos recursos se destinan mayormente al Plan Nacional de Alfabetización.
El plan contempla formación docente, entrega de materiales, actividades de promoción de la lectura y evaluaciones. “Tenemos que hacer algo”, resumió Alzú sobre el acuerdo entre las jurisdicciones.
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La analista destacó que los 24 ministros provinciales coincidieron en un diagnóstico sobre alfabetización. “Hay un problema, este es el diagnóstico, es urgente resolverlo”, expresó.
El reparto entre Nación y las provincias
Nación financia principalmente la educación superior universitaria. Las provincias sostienen la mayor parte de la educación obligatoria.
Alzú planteó que esa distribución condiciona la disponibilidad de recursos en cada territorio. “Estamos un poco dependiendo de las capacidades de financiamiento de cada una de las provincias”, afirmó.
Esa situación puede ampliar diferencias preexistentes entre jurisdicciones. “Termina en muchas ocasiones acentuando brechas preexistentes”, señaló.
La participación nacional resulta necesaria en áreas donde las políticas buscan reducir esas diferencias. Sobre este punto, la especialista citó el Plan Nacional de Alfabetización como un caso de coordinación entre niveles de gobierno.
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Las provincias aportan recursos propios para aplicar esas acciones. Nación aporta fondos para programas, materiales, formación y evaluaciones.
Nueve de cada diez pesos se destinan a salarios
La composición del gasto educativo concentra la mayoría de los recursos en salarios docentes, transferencias y subsidios al sector privado. “Nueve de cada diez pesos van a parar a salario docente”, detalló.
Ese cálculo incluye las remuneraciones del sector estatal y determinadas transferencias destinadas al sector privado. La proporción deja menos fondos disponibles para otros componentes del sistema. “Te queda un peso de esos diez” para infraestructura, formación docente y otras políticas educativas, afirmó.
La analista vinculó esa distribución con el margen disponible para cambios en el sistema. “Es el margen que te queda para todo lo que es infraestructura, formación docente y todo el resto de las políticas educativas”, sostuvo.
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También planteó que la inversión constituye una condición necesaria, aunque no alcanza por sí misma. “Importa cómo se usa ese dinero, la eficiencia justamente de esa inversión”, dijo.
El cálculo de recursos por alumno y por escuela
Alzú consideró posible estimar el gasto estatal por alumno en el sector público. Ese cálculo puede incluir cargos docentes, infraestructura y programas específicos. “Se podría llegar a hacer como una estimación del gasto por alumno en el sector estatal”, indicó.
La cifra no permitiría identificar con precisión el presupuesto de cada establecimiento. Alzú aclaró que el cálculo serviría para aproximar los recursos destinados a cada estudiante.
“Tal vez no es de la escuela puntual”, explicó. El análisis incorporaría “cuántos cargos docentes, cuestiones vinculadas a la infraestructura, determinados programas”.
La analista planteó que la comparación con cuotas privadas o de escuelas subsidiadas puede aportar información sobre el uso de los fondos. “Es muy interesante verlo versus lo que saldría, por ejemplo, una matrícula en un colegio privado o en un colegio subsidiado”, afirmó.
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Argentinos por la Educación prepara un informe sobre las formas de financiamiento educativo. “Traemos el cálculo hecho para poder compararlo y analizar más”, concluyó.
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