Rectores de universidades públicas advirtieron que está en riesgo su “pleno funcionamiento” por falta de fondos

Los rectores de las universidades públicas advirtieron que no cuentan con los fondos para garantizar el normal funcionamiento de las instituciones cuando empiecen las clases. En un comunicado emitido por el Consejo Interuniversitario Nacional, el organismo que nuclea a 71 instituciones universitarias públicas, las autoridades denunciaron que “de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las instituciones universitarias públicas”.

El comunicado del CIN se dio a conocer luego de que la UBA –la única universidad estatal que no participa del Consejo– expresara también su “extrema preocupación” por el financiamiento de la educación superior, en un contexto de congelamiento de los fondos por la prórroga del Presupuesto 2023. Los rectores advierten que a partir de mediados de marzo, cuando las universidades retomen plena actividad (tras estas semanas de exámenes finales y cursos de verano), enfrentarán serias dificultades para cubrir los gastos de funcionamiento.

Según pudo saber Infobae, la semana que viene se reunirán las autoridades del CIN con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y solicitarán una audiencia con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La semana pasada el presidente, Carlos Greco (rector de la Universidad Nacional de San Martín), y el vicepresidente, Víctor Moriñigo (rector de la Universidad Nacional de San Luis), fueron recibidos por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Allí plantearon cuatro puntos de preocupación.

El primero tiene que ver con los gastos de funcionamiento (electricidad, materiales, insumos, limpieza, etcétera), congelados en los montos de 2023, pese a los niveles récord de inflación en diciembre (25,5%) y enero (20,6%). Los rectores piden actualizar esos gastos “conforme el proceso inflacionario” para poder “garantizar la continuidad” de sus actividades.

“Queremos poder pagar los gastos para mantener los edificios abiertos”, dijo Víctor Moriñigo, vicepresidente del CIN, a Infobae. Frente a las dificultades presupuestarias, algunas instituciones ya empezaron a efectuar recortes, como la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), que decidió aplicar nuevos topes para la inscripción a materias.

Los rectores subrayaron la necesidad de actualizar los salarios de docentes y no docentes, que este año se discuten en una paritaria conjunta. El viernes pasado hubo una reunión entre los gremios universitarios y la Secretaría de Educación, cuyo presupuesto se destina mayoritariamente a las universidades. Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, la educación superior representó el 58,1% del presupuesto educativo nacional en 2023 (en segundo lugar quedó el ítem “Fondo Nacional de Incentivo Docente y compensaciones salariales”, que el Gobierno nacional eliminó en enero).

En la paritaria universitaria realizada en el Palacio Sarmiento, el Gobierno ofreció 16% de actualización para febrero, de los cuales 10 puntos correspondían a lo acordado en la paritaria anterior, en contraste con una inflación acumulada de 51,3% entre diciembre y enero.

El Frente Sindical Universitario –que nuclea a Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, FATUN y UDA– rechazó la oferta y reclamó “una oferta salarial que recupere el poder adquisitivo”. En un comunicado, el Frente indicó que este lunes 4 de marzo habrá una nueva reunión para “profundizar el plan de acción gremial en todas las universidades de país”.

El panorama se agrava aún más para los docentes de los colegios preuniversitarios, afectados por la eliminación del FONID, lo que implica una caída del salario nominal. Según denuncian las universidades, no todas cuentan con los recursos propios suficientes como para hacer frente a los recortes decididos por el gobierno nacional, y por lo tanto dependen casi completamente de los fondos que les transfiere la Secretaría de Educación.

En las casas de estudio también hay preocupación por la continuidad de la inversión en obras de infraestructura, equipamiento y sostenimiento de los programas de becas. “Todas las obras que venían de la gestión anterior quedaron paradas, nadie responde a los expedientes. Sabemos que en el Gobierno hay una idea de frenar la obra pública, pero necesitamos una política al respecto”, señaló Moriñigo.

También inquietó a los rectores el anuncio de que el Gobierno evaluaba eliminar las becas Progresar, que tienen una línea específicamente dirigida a los estudiantes de universidades e institutos terciarios, en un contexto signado por los fuertes aumentos en alquileres y en el transporte público.

En un cuarto punto, las autoridades del CIN piden garantizar el presupuesto necesario para sostener las actividades de ciencia, tecnología y extensión.

“En Argentina, todos los sectores vinculados con el desarrollo productivo incluyen investigación y conocimiento generado en las universidades y el sistema científico. En las escuelas, los hospitales, las fábricas, los comercios, el campo, los escenarios, el mar, el espacio y en cada casa, las y los profesionales, el conocimiento, el arte y la tecnología que salen de las universidades están en todos lados y son parte de la vida cotidiana de los 47.000.000 de argentinas y argentinos”, expresaron los rectores.

Al final del documento, afirmaron: “Sostener el valor estratégico de la educación universitaria pública, sobre todo para un país que atraviesa tantos problemas estructurales, es responsabilidad de todas y de todos. Todo lo que nos pasa se soluciona con más y mejor educación y universidad pública, con más y mejor inversión en formación universitaria y ciencia nacional”.