Desde hace ya tres meses, La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) reclama una fuerte reducción en el envío de fondos para pagar salarios y para sostener el funcionamiento de la institución de parte del Ministerio de Educación nacional. Detrás de ese incumplimiento consideran que hay un intento del gobernador Gildo Insfrán de desestabilizar para entrometerse en la universidad.
De acuerdo a un informe que presentó la UNaF, en el resto de las universidades nacionales las partidas llegaron con normalidad tanto en julio como en agosto. El reclamo, que primero se hizo por la vía administrativa a la Secretaría de Políticas Públicas (SPU) y luego en la Justicia, tiene dos patas: los gastos para el pago de haberes del personal y los gastos administrativos.
En lo que respecto a los salarios, la universidad formoseña denuncia que los últimos dos envíos de fondos no contemplan el acuerdo paritario con los docentes, que fue del 41% para julio respecto de lo que se pagaba en marzo y de un 7% extra en agosto. En concreto, advierten un faltante de 72 millones de pesos en julio y de 78 millones en agosto.
Sobre los gastos administrativos, que se utilizan, por ejemplo, para becas a estudiantes, comedor, internet, servicio eléctrico y agua potable, señalan un recorte drástico. De acuerdo al informe, en mayo se observa una caída a la mitad y en julio se profundiza y solo alcanza el 10% de lo estipulado. De casi 23 millones de pesos pasaron a recibir poco menos de 3 millones.
“La SPU discrimina arbitrariamente el envío de fondos en detrimento de nuestra universidad. Es flagrante el incumplimiento, es una actitud violatoria de la Constitución Nacional que deviene de quien da las órdenes políticas”, le dijo a Infobae Emilio Grippaldi, vicerrector de la UNaF.
El vicerrector adelantó que están “expectantes” respecto al monto de las próximas transferencias. “Los salarios de los meses de julio y agosto se han solventado con recursos propios. Ahora ya nos vemos en una situación súper agobiante, Por eso declaramos la emergencia económica-financiera”, señaló respecto a la última resolución que emitió el Consejo Superior de la universidad.
La institución presentó un amparo en la Justicia, con una medida cautelar “a los efectos del resguardo de los haberes de los trabajadores”, respaldado en “el incumplimiento de las garantías constitucionales”. La jueza federal de Formosa Belén López Macé no hizo lugar a la cautelar y la universidad apeló en la Cámara Federal de Resistencia, cuya definición aguardan con optimismo.
Ante la consulta de este medio, en el Ministerio de Educación desmintieron una subejecución del presupuesto en contra de la UNaF. “La universidad ya hizo un reclamo judicial y la Justicia se lo denegó. Todas las universidades están recibiendo más del presupuesto del prorrogado”, aseguraron.
Fuentes de la universidad ratifican que hay un “incumplimiento voluntario” que tiene detrás a Insfrán como actor principal. El gobernador formoseño protagonizó varios intentos de avance sobre la autonomía universitaria y hoy creen que tiene influencia en las transferencias que hace mensualmente la cartera educativa.
Una elección convulsionada
Quienes conocen la vida política formoseña reconocen que la UNaF es una de los pocas instituciones verdaderamente autónomas que queda en la provincia. El rector Augusto Parmetler se muestra como opositor al gobierno de Insfrán, quien el año pasado intentó un desembarco en la universidad que resultó fallido. Tanto que, como respuesta, decidió fundar una casa de estudios propia: la Universidad Provincial de Formosa.
“El intento de intromisión fuerte fue el año pasado. El gobierno ‘compro’ a consejeros directivos y consejeros superiores buscando así apoderarse de la asamblea universitaria y destituir al rector”, cuenta un secretario de la UNaf. En forma paralela, agrega, removieron a integrantes de la Junta Electoral Permanente (JEP) designando en su lugar a tres funcionarios afines.
Con la nueva junta se infringieron distintas reglamentaciones. Incluso se modificó el cronograma electoral, la cual es una potestad propia del rector. Eso llevó al inicio de cuatro causas judiciales ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, que suspendió el proceso electoral del claustro estudiantil y graduados; ambas influyen luego en la elección final del rectorado.
Por las irregularidades, Parmetler, con el visto bueno del Consejo Superior, destituyó a los integrantes de la JEP y nombró nuevos funcionarios. Sin embargo, se convocó de imprevisto a una asamblea universitaria para el 23 de septiembre con el objetivo de destituir al rector. El intento fue frenado por una nueva cautelar la Cámara Federal de Apelaciones que prohibió las asambleas por 60 días hasta que asumieran los consejeros que saldrían de las elecciones en los claustros de docentes, graduados y estudiantes.
Tras un largo derrotero judicial, ya con todas las elecciones realizadas en las facultades, el 25 de noviembre se convocó a una asamblea en la que Parmetler resultó reelecto por cuatro años más. Allí, aseguran, el Gobierno retuvo fondos de la universidad por primera vez y los depositó el 28 de diciembre. “Fue esa la primera señal de que se busca desestabilizar al rector desde lo económico”.
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