El viernes pasado, 149 chicos que viven en la provincia de Buenos Aires denunciaron que se violó su derecho a la educación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante el año y medio que lleva la pandemia. Es la primera vez que un reclamo por las clases llega a un tribunal internacional.
La denuncia apunta tanto al Estado nacional como al provincial. Según señala en sus fundamentos, se trata de un grupo de niños y adolescentes bonaerenses que desde hace 16 meses no pueden asistir a la escuela en forma presencial por los decretos de necesidad y urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández y a los que adhirió el gobernador Axel Kicillof.
“Se suspendió el colegio en forma presencial inicialmente por 14 días y continuó así durante el resto del año. Fuimos confinados en nuestras casas, sin salidas recreativas ni de esparcimiento. Los NNyA fuimos invisibilizados, éramos obligados a cumplir los protocolos más rígidos en existencia en el país, habiendo sido estigmatizados y responsabilizados como posibles portadores exponenciales del virus, aislados de los adultos mayores de nuestras familias para no contagiarlos, encerrados sin contacto con nuestros amigos, compañeros del colegio, maestros, profesores, debiendo coexistir con nuestros padres teletrabajando, o quedándonos solos en casa”, dice la carta que firmaron 149 chicos.
“Ante nuestros ojos, los adultos nos fallaron, ellos siguieron con su vida; con protocolos, pero siguieron adelante, retomaban sus espacios de socialización, recreación, mientras que nosotros no podíamos ir al único lugar dónde tenemos todo eso y más, NUESTRA ESCUELA”, continúa.
Junto con el relato, presentaron un documento en el que se consigna el porvenir de la educación desde el 15 de marzo de 2020, cuando se firmó el primer DNU que ordenaba el cierre de las escuelas. También cita los resultados de estudios científicos, encuestas y las recomendaciones de apertura escolar de más de 10 agencias nacionales e internacionales como la OMS, Unicef o la Sociedad Argentina de Pediatría.
“Los expertos dieron cuenta del comportamiento diferencial del virus en los NNYA, nosotros nos enfermamos de: depresión, ansiedad, problemas de vista y de exceso de pantallas, desnutrición y desórdenes alimenticios, adicciones, por nombrar sólo algunas. El abuso y la violencia se incrementaron sin poder visibilizarse ni brindar debida contención y protección”, remarcan.
En la provincia de Buenos Aires, al igual que en buena parte del país, no hubo clases presenciales en todo 2020. Solo se permitió el regreso a las aulas en algunos distritos del interior bonaerense desde fines de octubre. En marzo de 2021 se retomó la presencialidad, pero una vez más se cerraron las escuelas por dos meses ante el avance de la segunda ola de contagios.
El documento brinda testimonios fílmicos en primera persona y enumera las presentaciones administrativas y judiciales que desestimó la justicia bonaerense. En base a ello, piden dejar de estar supeditados al semáforo epidemiológico que rige a nivel nacional o al sistema de fases que funciona en la provincia.
“Los NNyA deben estar en la escuela, con protocolos, cumpliendo la escolaridad en la jornada simple o doble según sea el caso. La educación no fue prioridad ni tampoco las actividades que hacen a su salud integral. El confinamiento prolongado del primer semestre repercutió en la salud emocional de los NNyA por su extensa duración y se mostró como una medida desproporcionada y poco eficaz para evitar la transmisión del virus. El sistema implementado en el 2021 no fue superador, garantizó y profundizó la desigualdad e importó una feroz discriminación”, plantea el comunicado.
Ante las dudas por el cumplimiento de los protocolos, aseguran que “incluso los más chiquitos” dieron muestran sobradas de que pueden hacerlo, pero que, aun con la evidencia, se eligió relegar a la educación en la agenda de prioridades. “No nos escucharon, no participamos, no importamos”, cierra la carta.
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