Celulares en la escuela: cada vez más países restringen el uso, pero Unesco pide priorizar la ciudadanía digital

La regulación del uso de celulares en las aulas dejó de ser una discusión de escuelas aisladas para convertirse en un tema central de la agenda educativa en Argentina y en América Latina. Un nuevo informe regional de Unesco advierte que prohibir o restringir no constituye una solución suficiente si no se acompaña con políticas de ciudadanía digital.

Aunque en la mayoría de los países predominan las restricciones parciales y no las prohibiciones absolutas, la tendencia regional muestra un crecimiento sostenido de leyes, disposiciones ministeriales y proyectos legislativos orientados a limitar la presencia de teléfonos móviles en el ámbito escolar. En Argentina, varias jurisdicciones ya avanzaron con normativas propias.

El relevamiento fue elaborado por Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación y consultora de la Unesco en temas de ciudadanía digital. La autora analizó el estado de situación en 12 países –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay–, a partir de consultas a funcionarios técnicos.

Solo cuatro países cuentan actualmente con leyes nacionales específicas sobre regulación del celular en las escuelas: Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. A ellos se suman países con leyes subnacionales, como Argentina y México, además de naciones que avanzaron mediante disposiciones ministeriales, como Ecuador y El Salvador.

A diferencia de Europa, donde predominan políticas de prohibición más estricta –como el modelo de Francia, que impide el uso durante toda la jornada escolar–, en América Latina la modalidad más frecuente es la restricción. Esto implica limitar el uso del dispositivo bajo determinadas condiciones, especialmente dentro del aula, pero manteniendo excepciones por razones pedagógicas, sanitarias o de emergencia.

El informe muestra que, en la mayoría de los países, las restricciones apuntan principalmente al tiempo de clase, aunque algunos casos, como Brasil o Chile, también incluyen recreos y otros espacios escolares.

En Argentina, en los últimos años se viene registrando una expansión acelerada de normas provinciales. Al menos 11 jurisdicciones –entre ellas, CABA, provincia de Buenos Aires y Santa Fe– ya aprobaron leyes o resoluciones que regulan el uso de celulares en establecimientos educativos, con diferencias según nivel educativo, alcance y modalidades de implementación. Algunas provincias focalizan las restricciones en primaria; otras, en secundaria; algunas incluyen otras tecnologías, además de los teléfonos móviles.

Los argumentos que impulsan estas regulaciones son múltiples, pero el informe destaca que predominan razones vinculadas a la salud emocional, la concentración y la convivencia escolar. Entre los principales motivos aparecen la necesidad de reducir distracciones, mejorar la atención en clase, prevenir el ciberbullying, disminuir la exposición excesiva a pantallas y fomentar vínculos cara a cara entre estudiantes. También se mencionan riesgos asociados a contenidos digitales nocivos, problemas de autoestima, trastornos emocionales y dificultades de socialización.

En muchos casos, los países respaldan estas decisiones en recomendaciones de asociaciones pediátricas y organismos internacionales de salud, que advierten sobre el impacto del uso intensivo de las pantallas, sobre todo en la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes.

Sin embargo, el informe de Unesco subraya que el debate está lejos de estar cerrado. El informe también aborda los argumentos de quienes cuestionan la efectividad de estas políticas. Allí se advierte que restringir celulares no elimina automáticamente problemas como el acoso digital, la desinformación, el grooming, los discursos de odio o la manipulación algorítmica. “Ninguna regulación evitará que los alumnos estén expuestos a estas situaciones”, señala el informe elaborado por Morduchowicz.

Es más: podría haber consecuencias no deseadas, como una mayor vulnerabilidad de los estudiantes frente a riesgos digitales, al no recibir formación adecuada dentro del aula, o un aumento del uso del celular fuera del horario escolar como compensación.

También se destaca que, en contextos todavía signados por la brecha digital, el celular suele ser el único dispositivo disponible para actividades pedagógicas, por lo que una regulación rígida podría profundizar las desigualdades educativas en la región.

Más allá de las diferencias entre posiciones a favor y en contra, el documento enfatiza una “tercera vía”: fortalecer políticas de ciudadanía digital. Según argumenta, esta perspectiva desplaza el eje desde la prohibición hacia la formación de estudiantes capaces de utilizar las tecnologías de manera crítica, ética y reflexiva.

“Más allá de las regulaciones, los niños y adolescentes siempre estarán expuestos a riesgos en el mundo digital y necesitarán, por ello, contar con competencias críticas que les permitan comprender y reflexionar sobre cómo funciona, de qué manera los afecta, y cómo aprovechar las oportunidades que brinda”, señala el texto.

Por eso, Unesco sostiene que la respuesta estructural no pasa solo por limitar dispositivos, sino por enseñar a comprender el entorno digital. Según este planteo, la ciudadanía digital es una política pública superadora, orientada no solo a reducir daños, sino también a construir competencias para habitar el mundo digital.