Hacia fines de 2001, algunos habitantes del barrio Ituzaingó Anexo, en el borde mismo de Córdoba capital, sintieron escozor al comprobar que muchas mujeres usaban pañuelos en la cabeza sin ser madres de desaparecidos y muchos chicos usaban barbijos sin tener la edad para ser cirujanos. Los niños eran protegidos de seguir respirando aquello que había enfermado sus pulmones y las señoras cubrían su insólita y vergonzante calvicie.
Sofía Gatica, madre, vecina y enferma, comenzó a preguntar. Y detectó en un puñado de manzanas más de doscientos casos de cáncer. Fue casa por casa, anotó cada uno de los casos e hizo una lista con apellido y nombre, edad, dirección, diagnóstico y hospital donde se atendía. Luego, la presentó al Ministerio de Salud con un mapa donde constaba la localización de cada enfermo y un pedido de estudios de suelo, aire, agua.
El primer análisis en los tanques de agua de las viviendas y en el suministrador del barrio detectó la presencia de compuestos de nombres extraños para ellas. Por ejemplo, endosulfán, un agroquímico luego prohibido. Había también otros químicos desconocidos, pero uno que en la Argentina y el mundo llevaba décadas prohibido: DDT.
Un estudio posterior, más exhaustivo, fue estremecedor. Tanto veneno había caído sobre los campos linderos que, según la Sociedad Argentina de Medicina Ambiental, el lugar era "inhabitable". El barrio se unió en el reclamo de las Madres de Ituzaingó. Y finalmente fueron escuchados por algún estamento del Estado.
En 2005 la Municipalidad de Córdoba hizo sus análisis. De 30 chicos de entre cuatro y catorce años, 23 presentaron en sangre niveles excesivos alfa hexaclorociclohexano, una sustancia cuya fabricación o uso está prohibido en Argentina desde 1980 y, por ser "probablemente cancerígena", fue retirada del mercado en Estados Unidos en 1976.
El veneno, claro está, no había brotado espontáneamente. Los dueños de los campos de soja que florecían alambrado de por medio con el barrio habían sido fumigados reiteradamente desde una avioneta que los chicos saludaban cada vez que la veían pasar. La franja de 2500 metros libre de fumigaciones que establecía una ordenanza municipal no era obstáculo para ellos.
Tanto machacaron las Madres, tantas denuncias y testimonios presentaron que la justicia debió actuar. En 2012, tras un juicio que conmocionó a Córdoba y obligó a su cobertura a quienes todavía siguen reivindicando el modelo sojero como un camino de progreso, un productor y un fumigador fueron condenados a tres años de prisión no efectiva por desconocer la normativa que impedía fumigar a la gente sobre sus cabezas. Fue interpretado, finalmente, como un episodio de mala praxis. Y en ese sentido hubo algo de justicia. Pero el modelo, ése que multiplicó por diez la cantidad de agroquímicos volcados sobre los campos en apenas una década, sigue fumigando.
Cicatrices es una sección del programa Ambiente y Medio que se emite todos los sábados a las 16 por la Televisión Pública Argentina
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