Estados Unidos alertó que los bloqueos de rutas en Bolivia vulneraron los DDHH y pusieron en riesgo el orden constitucional

Estados Unidos y otros 15 países emitieron este martes una declaración conjunta en la que expresaron su apoyo al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y manifestaron su preocupación por el impacto que tuvieron los bloqueos de carreteras que paralizaron amplias zonas del país durante más de siete semanas.

El pronunciamiento, difundido por el Departamento de Estado estadounidense y suscrito también por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú, sostuvo que las protestas representaron una amenaza para el orden constitucional y para la estabilidad democrática de Bolivia.

Los gobiernos firmantes señalaron que observan con inquietud los efectos que tuvieron los cortes de rutas sobre la vida cotidiana de millones de personas y cuestionaron los intentos de sectores movilizados de forzar un cambio de gobierno mediante medidas de presión fuera de los mecanismos institucionales.

“Estamos profundamente preocupados por el efecto de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el Estado de derecho en Bolivia”, indica el documento. La declaración agrega que los esfuerzos dirigidos a “socavar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente elegido del presidente Rodrigo Paz” constituyen una amenaza para el sistema constitucional del país.

El texto fue divulgado apenas un día después de que el ex presidente Evo Morales anunciara una pausa en los bloqueos que persistían en el departamento de Cochabamba, el último foco importante de las protestas que comenzaron a principios de mayo y que afectaron corredores estratégicos para el transporte de mercancías, combustibles y alimentos.

Según la declaración internacional, una minoría de manifestantes intentó desconocer el resultado de las elecciones celebradas meses atrás y rechazó las propuestas de diálogo planteadas por el Ejecutivo. Los países firmantes aseguraron que las movilizaciones provocaron graves consecuencias para la población al dificultar el acceso a bienes y servicios esenciales.

“El pueblo boliviano ha sido privado de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otras necesidades básicas”, señalaron los gobiernos. También advirtieron que las restricciones a la circulación afectaron derechos fundamentales y alteraron el funcionamiento normal de numerosas ciudades y comunidades.

La declaración menciona además que se registraron muertes vinculadas a las dificultades para trasladar personas enfermas o acceder oportunamente a medicamentos y centros de salud. Los países firmantes sostuvieron que algunas víctimas no pudieron recibir asistencia médica a tiempo debido a las interrupciones en las principales rutas del país.

El documento también hizo referencia a incidentes ocurridos durante las protestas en los que miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos mientras participaban en operativos para mantener el orden público.

“La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, subrayó el comunicado.

Durante el momento más crítico del conflicto se contabilizaron cerca de un centenar de puntos de bloqueo en distintos departamentos, generando problemas de abastecimiento en ciudades como La Paz y El Alto y afectando la actividad económica nacional.

Ante la persistencia de las protestas, el gobierno de Paz decretó un estado de excepción que habilitó el despliegue interno de las Fuerzas Armadas, restringió determinadas manifestaciones y prohibió los cortes de carreteras. Tras la entrada en vigor de esas medidas, gran parte de los bloqueos comenzó a levantarse y el suministro de productos esenciales empezó a normalizarse gradualmente.

Los países firmantes expresaron su respaldo a las instituciones bolivianas y exhortaron a los sectores movilizados a canalizar sus reclamos por vías democráticas.

“Apoyamos al gobierno constitucionalmente elegido de Bolivia”, afirmaron, al tiempo que instaron a privilegiar “el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido”.

Los gobiernos señalaron que la defensa de la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica requiere cooperación entre los países de la región y reafirmaron su compromiso de trabajar para preservar la estabilidad institucional.

Además, expresaron su solidaridad con la administración de Rodrigo Paz y con la población boliviana en un momento que consideran determinante para la preservación del orden democrático en el país sudamericano.