Quebró Aires Del Sur (ADS), la empresa de capitales nacionales dedicada a la fabricación y la comercialización de equipos de aire acondicionado bajo las marcas Electra y Fedders.
El pedido de quiebra directa fue presentado este miércoles ante la Justicia con la firma del presidente de la compañía, Roberto Ángel Ceretti, quien tomó el control en noviembre del año pasado. En el escrito, al que accedió Infobae, la empresa afirma que se encuentra en “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”, que su crisis reviste carácter “estructural” y que tuvo un plan de continuidad productiva que fracasó de forma definitiva. El empresario fue consultado por este medio, pero no respondió hasta el cierre de esta nota.
En los últimos días, la planta de ADS en Río Grande, Tierra del Fuego, fue escenario de fuertes reclamos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que exigía precisiones sobre la continuidad de la empresa, el pago de salarios de febrero y vouchers previamente acordados. Los 140 trabajadores de la planta fueron desvinculados.
Según pudo saber este medio, hasta noviembre del año pasado, Juan Pablo Guaita y su hermano Juan Ignacio habrían sido los dueños de la empresa. "Pusieron gente que no existe, adrede para quebrar la empresa. Por eso nos hicieron trabajar en doble turno para llevarse los equipos y venderlos”, dijo a Infobae un proveedor que pidió mantener la reserva de su nombre. La misma fuente denunció posibles testaferros en la operación y hasta una presunta quiebra intencional.
El documento judicial ofrece una versión distinta. La actual administración sostuvo que asumió la conducción en noviembre de 2025 “encontrando una estructura económica y financiera profundamente deteriorada”, producto de “un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines de 2023”. Según detalló, la operatoria habitual consistía en la preventa de equipos, la obtención de cheques diferidos, su descuento financiero y la posterior compra de materia prima importada.
“El costo financiero del sistema superaba el margen operativo del negocio, generando pérdidas estructurales que acumulaban inviabilidad y quebrantos”, afirmó la empresa. En otro tramo del escrito señaló que el esquema de autofinanciación local implicaba costos de entre 25% y 30% anual, mientras que los márgenes naturales del negocio rondaban entre 10% y 15% neto después de impuestos.
En ese contexto, el directorio aseguró haber desplegado un plan integral de saneamiento cuyo eje central fue la búsqueda de un socio internacional. Desde noviembre de 2025, la empresa negoció formalmente con Chigo Group, fabricante chino de equipos de aire acondicionado, con el objetivo de incorporar un socio estratégico que permitiera “modificar la estructura financiera del negocio”.
Las alternativas incluyeron la venta total de la compañía o la cesión del 80% o del 50% del paquete accionario, con una inversión mínima prevista de USD 5 millones destinada tanto a la adquisición de acciones como al capital de trabajo.
El plan contemplaba sustituir el esquema de autofinanciación local por crédito de proveedor a 150 días, condición que la empresa consideró “indispensable para completar el ciclo productivo, comercializar los equipos y obtener la rentabilidad genuina del negocio”. También se proyectaba el envío desde China de entre 7.000 y 14.000 kits mensuales para reactivar plenamente la planta durante 2026.
Sin embargo, pese al interés inicial, el grupo chino condicionó cualquier definición a una futura visita a la planta y evaluaciones posteriores. Esa dilación, sostuvo la concursada, resultó “incompatible con la crítica situación financiera actual”.
En paralelo, la compañía presentó ante el tribunal un Plan de Continuidad Productiva Controlada que proponía utilizar 4.000 kits ya importados, terminarlos en la planta y destinar el producido al pago de un proveedor por aproximadamente USD 500.000, a salarios adeudados y a la constitución de un fondo indemnizatorio. El esquema requería control judicial y fiscalización sindicatural. No obstante, el 19 de febrero el juzgado desestimó la autorización solicitada.
La empresa afirmó que en el escenario actual “carece de capital de trabajo, no puede afrontar salarios vencidos, no posee financiamiento y se encuentra imposibilitada de sostener operativamente la estructura”.
Por esta razón la empresa puso a disposición del proceso sus principales activos. Entre ellos, la planta industrial en Tierra del Fuego, cuya tasación del Banco Nación arrojó un valor superior a USD 15 millones al tipo de cambio oficial vigente al momento de la valuación, y los 4.000 kits arribados al Puerto de Buenos Aires, cuyo valor potencial como equipos terminados rondaría los USD 2 millones. Según la empresa, esos activos “superan ampliamente” el pasivo actual, incluidos los créditos laborales.
Finalmente, el directorio sostuvo que, fracasada la alternativa asociativa internacional y ante la imposibilidad de implementar el plan productivo bajo fiscalización judicial, la solicitud de quiebra constituye “el único curso legalmente responsable” para preservar el valor de los activos y proteger a la masa de acreedores.
Apertura comercial y presión sobre el esquema fueguino
Más allá del caso puntual, la crisis de ADS se inscribe en un contexto industrial más complejo. En los últimos meses, la presión de la apertura comercial, la menor competitividad de la industria local y los elevados costos financieros hicieron que varias empresas manufactureras anunciaran cierres o el cese de líneas de producción. A eso se sumó la reducción de aranceles a productos importados, en especial para celulares, que modificaron la ecuación de costos del sector manufacturero.
En ese marco, la caída de la firma se produce en un momento sensible para el régimen industrial de Tierra del Fuego. El esquema de promoción, que durante años sostuvo la producción electrónica y de línea blanca en la isla mediante beneficios fiscales y protección arancelaria, atraviesa una etapa de redefinición. La menor barrera a las importaciones reduce el diferencial que históricamente favoreció la fabricación local.
Si bien el Gobierno decidió sostener y prorrogar herramientas vinculadas al régimen, el nuevo escenario obliga a las empresas a recalcular su estrategia productiva y financiera.
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