El año 2026 iniciará con nuevos aumentos en las tarifas de luz, gas, agua y cloacas, de acuerdo con resoluciones oficiales que anticipan ajustes de entre 2,5% y 4% en promedio para los usuarios residenciales. Estas subas todavía no contemplan la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno nacional, una medida que podría llevar los incrementos, especialmente en el gas, a porcentajes de dos dígitos.
Según fuentes oficiales, el ajuste en las facturas de energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, zonas bajo concesión de Edenor y Edesur, será de 2,5% en promedio. Para el resto del país, la actualización del precio mayorista de la electricidad llega a 3,2%, mientras que cada jurisdicción provincial o municipal determinará el monto final que pagarán los usuarios por el servicio de distribución.
El Gobierno nacional confirmó que el esquema de segmentación tarifaria vigente hasta 2025 será reemplazado por una nueva clasificación en solo dos categorías de usuarios residenciales. Además, los bloques de consumo subsidiado variarán según la estación del año, aunque estos cambios se oficializarán desde el 2 de enero de 2026. El nuevo modelo podría modificar sensiblemente la composición de las boletas y el acceso a los beneficios estatales.
El Gobierno autorizó subas de tarifas a nivel nacional y en el área metropolitana de Buenos Aires
En el caso del gas natural por redes, el incremento anunciado oscila entre 2% y 3%. La principal incógnita gira en torno al impacto de la quita de subsidios, ya que la actualización llevará el precio mayorista del gas a 3,79 dólares por millón de BTU, cuando actualmente para Metrogas se ubica en 2,95 dólares. Este ajuste podría redundar en subas superiores al 10% en determinadas regiones y categorías de consumo.
La política de actualización tarifaria mensual indexada por inflación se mantendrá al menos hasta abril de 2030, con el objetivo de garantizar que las empresas del sector preserven el valor real de sus ingresos y puedan sostener inversiones. El Ejecutivo nacional prevé que durante el primer trimestre de 2026 los entes reguladores del gas y la electricidad se fusionen en un único organismo, con directorio y control parlamentario, para unificar la regulación y supervisión del sector energético.
La tarifa de AySA aumentará un 4% mensual entre enero y abril de 2026
El servicio de agua y cloacas en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) también registrará subas relevantes. La administración de Javier Milei resolvió otorgar alivio financiero a AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), la compañía estatal responsable del abastecimiento en la región, en el marco del proceso de privatización que se encuentra en estudio. La resolución 53 del ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) establece que, en reemplazo del ajuste mensual del 1% aplicado durante 2025, las tarifas podrán incrementarse hasta 4% por mes entre enero y abril de 2026.
El retraso acumulado en las tarifas de AySA equivale a 21,05%, cifra asociada a aumentos que no se implementaron a lo largo del año anterior. Esta situación provocó una caída de ingresos estimada en 95.000 millones de pesos para la empresa, que fue compensada mediante la postergación de gastos e inversiones.
Estas subas todavía no contemplan la eliminación de subsidios energéticos anunciada por el Gobierno
Según lo previsto en la nueva escala tarifaria, la factura promedio de AySA antes de impuestos se ubicará en 30.489 pesos para usuarios de agua y cloacas en el valor zonal “alto”, en 27.689 pesos para el valor “medio” y en 22.248 pesos para el valor “bajo”. Las tarifas continuarán aumentando un 4% mensual durante los primeros cuatro meses de 2026, acumulando así un 17% de incremento en ese período.
A pesar de que se esperaba una audiencia pública en 2025 para definir un criterio uniforme de actualización de tarifas, el proceso no se concretó. La falta de consenso oficial dejó pendiente la discusión sobre el mecanismo definitivo que regulará los futuros incrementos.
El Gobierno nacional sostiene que estos aumentos buscan asegurar la sustentabilidad económica de los servicios públicos, en un contexto donde la quita de subsidios apunta a reducir el déficit fiscal y avanzar con la desregulación de los mercados. La transición hacia nuevos modelos regulatorios y la potencial privatización de empresas estatales como AySA figuran entre los principales desafíos de la gestión energética y de servicios para el año entrante.
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