Juicio por YPF: la lista de los 21 funcionarios del Gobierno de los que Burford exige información clave de sus celulares y WhatsApps

El principal beneficiario del litigio por la expropiación de YPF, el bufete inglés Burford Capital, insiste con la entrega de comunicaciones y documentos de una lista de funcionarios argentinos y exfuncionarios, en el marco de la fase de discovery judicial ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La petición vuelve a generar controversias, ya que el Gobierno argentino, por medio de la Procuración del Tesoro, manifestó la imposibilidad de reunir esa información, a pesar de que dijo que iba a cooperar para conseguirla.

Según la carta del 8 de diciembre de 2025 y la Joint Letter presentada ante la jueza Loretta Preska, Burford busca pruebas que permitan determinar la supuesta relación de alter ego entre la Argentina y ciertas entidades estatales, como YPF, Banco Central, Banco Nación, Enarsa y Aerolíneas Argentina.

En 2023, Preska condenó en primera instancia a la Argentina por mala praxis expropiatoria a pagar una multa que, con intereses, ya ronda los USD 18.000 millones. Esa causa “madre” tuvo su audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York semanas atrás y se espera una resolución el año próximo. En paralelo, Burford intenta cobrar como sea con medidas en el estrado de Preska, entre ellas pidiendo las acciones de la petrolera o intentando demostrar “alter ego” entre el Estado y varias compañías (que son lo mismo). En este último intento está enmarcado en pedido de información de funcionarios y ex funcionarios.

El tribunal le ordenó a Argentina producir comunicaciones “off-channel” (por fuera de los canales oficiales) de funcionarios, considerando que son información pública bajo la legislación estadounidense y argentina. Los demandantes sostienen que la producción de apenas 200 páginas de mensajes de WhatsApp de cinco funcionarios y ex, sobre un total de 36, es insuficiente y evidencia una resistencia sistemática a la entrega de pruebas relevantes y que los funcionarios usan WhatsApp para asuntos oficiales.

El Estado, por su parte, argumenta que ha realizado un esfuerzo considerable para recolectar y revisar documentos en dispositivos personales de altos funcionarios, y que la demora responde a la complejidad y volumen de la tarea, no a una intención de obstaculizar el proceso. Además, sostiene que la mayoría de los funcionarios actuales han accedido a cooperar, mientras que la negativa de algunos se ampara en derechos reconocidos por la ley argentina.

Los funcionarios

De acuerdo con los listados consolidados en las cartas del estudio Sullivan & Cromwell y sus anexos, la solicitud de los demandantes abarca a 36 funcionarios y exfuncionarios, tanto de la administración actual como de la anterior. Entre los funcionarios de este Gobierno (alguno ya no están están en funciones) figuran:

• Luis Caputo, Ministro de Economía (desde el 10/12/2023)
• Pablo Quirno Magrane, ex Secretario de Finanzas y actual Ministro de Relaciones Exteriores (desde el 28/10/2025)
• Carlos Jorge Guberman, Secretario del Tesoro
• María Carmen Tettamanti, Secretaria de Energía
• Mariela Beljansky, ex Subsecretaria de Planeamiento Energético
• Franco Hernán Mogetta Prevedello, ex Secretario de Transporte
• Luis Octavio Pierrini, Secretario de Transporte
• Hernán Adrián Gómez, Subsecretario de Transporte Aéreo
• Jose Luis Daza Narbona, Vice Ministro de Economía y Secretario de Política Económica
• Horacio Federico Veller, Subsecretario de Combustibles Líquidos
• Susana Beatriz Casillas, Directora Nacional de la Oficina de Crédito Público
• Jorge Horacio Domper, Tesorero General de la Nación
• Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, ex Secretario de Energía
• Luís Francisco De Ridder, ex Subsecretario de Hidrocarburos
• Nicolás Posse, ex Jefe de Gabinete
• José Rolandi, Secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete
• Damián Eduardo Sanfilippo, Subsecretario de Planeamiento Energético
• Antonio Milanese, Subsecretario de Planeamiento Energético
• Guillermo Alberto Francos, ex Jefe de Gabinete
• Eduardo Oreste, ex Asesor de la Secretaría de Energía
• Maggie Luz Videla Oporto, ex Subsecretaria de Hidrocarburos

A estos se suman 14 exfuncionarios de la administración anterior, entre ellos Sergio Tomás Massa (ex Ministro de Economía), Agustín Oscar Rossi (ex Jefe de Gabinete), Flavia Gabriela Royón (ex Secretaria de Energía) y otros responsables de áreas vinculadas a las entidades estatales investigadas.

Según las cartas de Sullivan & Cromwell LLP del 10, 21 y 28 de noviembre de 2025, la mayoría de los funcionarios actuales que han sido contactados han aceptado voluntariamente entregar sus comunicaciones personales relevantes. Entre quienes han cooperado se encuentran Guberman, Tettamanti, Beljansky, Pierrini, Gómez, Chirillo, De Ridder, Posse, Rolandi, Sanfilippo, Milanese, Francos, Oreste y Videla Oporto.

Burford reconoce que el país inició producciones escalonadas de los materiales recolectados, aunque en algunos casos la revisión y procesamiento de los datos continúa. En el caso de algunos exfuncionarios, como Raúl Enrique Rigo, también se ha recibido cooperación.

Pero el núcleo de la controversia reside en la negativa de seis funcionarios de la administración actual, entre ellos los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno, quienes invocaron, según el bufete inglés, derechos bajo la ley argentina para no entregar sus comunicaciones personales. El Estado dice que estos funcionarios ejercen una prerrogativa legal y que no puede obligarlos a entregar información privada sin su consentimiento. Los demandantes, en cambio, insisten en la relevancia de Caputo y Quirno para la investigación sobre la relación de alter ego, citando incluso resoluciones previas del tribunal que subrayan la importancia de sus comunicaciones para esclarecer la relación entre la República, el BCRA y YPF.

Las posiciones de las partes, reflejadas en la Joint Letter y en la correspondencia cruzada, muestran un desacuerdo persistente sobre la amplitud y pertinencia de los funcionarios incluidos como custodios. Los demandantes sostienen que Argentina está en “desacato” de la orden judicial al no producir las comunicaciones de todos los funcionarios requeridos, y que la objeción basada en la falta de consentimiento carece de fundamento, ya que el tribunal ya determinó que la información está bajo control del Gobierno.

Argentina, en cambio, argumenta que ha cumplido con la orden judicial en la medida de sus posibilidades, que la recolección de comunicaciones “off-channel” es una tarea compleja y que la negativa de algunos funcionarios se ampara en derechos legítimos. Además, cuestiona la relevancia de algunos funcionarios y ex propuestos por los demandantes y sostiene que la búsqueda de pruebas sobre la supuesta relación de alter ego es infundada, ya que tribunales anteriores han descartado esa hipótesis respecto de las entidades estatales involucradas.

En cuanto a la metodología de búsqueda, las partes también discrepan sobre los términos de búsqueda y la producción de informes, así como sobre la forma y formato de entrega de ciertos documentos, como los mensajes SWIFT.