El Gobierno se aseguró un ingreso de casi USD 700 millones por la privatización de las hidroeléctricas del Comahue

El Estado concretó la apertura de sobres de las represas, logrando ingresos clave para fortalecer las reservas y atraer inversiones destinadas a la infraestructura energética. Las empresas adjudicatarias

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Caputo había señalado que esperaba
Caputo había señalado que esperaba recaudar USD 500 millones por los cuatro complejos, considerando las privatizaciones como una fuente fundamental de ingreso de divisas (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El Gobierno garantizó un ingreso mínimo de USD 685 millones tras la privatización de las cuatro principales represas hidroeléctricas ubicadas en la región del Comahue, sobre los ríos Limay y Neuquén. Esta operación representa una de las fuentes de divisas más importantes que esperaba el ministro de Economía, Luis Caputo, para reforzar las reservas nacionales.

La apertura de las ofertas económicas para las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito y Cerros Colorados/Planicie Banderita tuvo lugar el viernes. Los mejores puntajes correspondieron principalmente a operadores locales, que desplazaron la participación de compañías multinacionales extranjeras.

La revisión técnica concluyó y, conforme al pliego, solo en la concesión de Cerros Colorados habrá una instancia para que las empresas mejoren sus ofertas. En las otras tres hidroeléctricas —Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila— el monto mínimo ya quedó asegurado a partir de las propuestas recibidas. Las empresas adjudicatarias tomarán control del paquete accionario de los complejos y comercializarán la energía generada.

El Grupo MSU anunció que MSU Green Energy (BML), su unidad de energías renovables, presentó las mejores ofertas por las las concesiones de los complejos hidroeléctricos El Chocón-Arroyito y Planicie Banderita. Por su parte Central Puerto se quedó con Piedra del Águila, renueva concesión; y el Grupo Edison se quedó con Alicurá.

Las centrales del Comahue cuentan
Las centrales del Comahue cuentan con una potencia nominal instalada de aproximadamente 4.170 megavatios (MW), cifra equivalente al 10%–15% de la matriz energética nacional.

Según informó MSU Green Energy, se trata de dos de los activos energéticos más relevantes del país. El Chocón-Arroyito, ubicado sobre el río Limay, en la región del Comahue en Neuquén, tiene una capacidad instalada de 1.418 MW. La propuesta presentada por MSU Green Energy para este complejo contempla una inversión inicial de USD 235,7 millones y un compromiso de renovación de infraestructura en los próximos años de USD 230 millones.

“Estamos muy orgullosos del paso que acabamos de dar. Es un hito en la estrategia de crecimiento del Grupo MSU y nos posiciona entre los principales generadores de energía renovable del país. Con este tipo de inversiones, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de la Argentina a largo plazo”, afirmó Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU.

“La incorporación de estos complejos refuerza nuestro rol como proveedor estratégico de energía para las industrias argentinas y nos permite abastecer a clientes actuales y futuros, impulsando una matriz más sólida para el país”, expresó Uribelarrea.

Manuel Santos Uribelarrea, fundador y
Manuel Santos Uribelarrea, fundador y CEO del Grupo MSU

La Secretaría de Energía, por su parte, destacó: “Los futuros concesionarios, además, estarán obligados a ejecutar todas las inversiones, obras y reformas de infraestructura necesarias para garantizar la operación segura, eficiente y sostenible de los complejos hidroeléctricos, tal como establece el pliego”.

Como se destacó, la central Alicurá, con una capacidad instalada de 1.000 megavatios, recibió la propuesta más alta de Edison Inversiones, que ofreció USD 162 millones por la concesión. En la actualidad, la filial argentina de AES, empresa estadounidense, gestiona esta represa y presentó una oferta de USD 130 millones para renovar su gestión.

Para Piedra del Águila, con 1.400 megavatios de potencia, Central Puerto se posicionó como principal oferente con una propuesta de USD 245 millones, situación que permitiría que esta central permanezca bajo la administración de su operador histórico.

Respecto al complejo Cerros Colorados (Planicie Banderita), con una capacidad de 450 megavatios, BML Inversora presentó la mayor oferta, alcanzando USD 41,7 millones. Desde el mes pasado, esta compañía ya controlaba la central tras adquirirla a Aconcagua Energía, que había asumido la gestión tras el retiro de Orazul, empresa estadounidense que operó históricamente el complejo.

Caputo había señalado que esperaba recaudar USD 500 millones por los cuatro complejos, considerando las privatizaciones como una fuente fundamental de ingreso de divisas. No obstante, fuentes del sector citadas por Infobae anticipaban que la recaudación podría elevarse entre USD 700 y USD 800 millones. En despachos oficiales confían en que estos fondos ingresarán al Tesoro antes de fin de año y potenciarán la oferta de divisas, en un escenario marcado por restricciones.

Las centrales del Comahue cuentan con una potencia nominal instalada de aproximadamente 4.170 megavatios (MW), cifra equivalente al 10%–15% de la matriz energética nacional. En el transcurso del año comenzarán a vencer las concesiones de otras quince represas de menor magnitud, que podrían seguir el camino de privatización observado en Comahue.

Desde la privatización en los años noventa, Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Coloradosy Piedra del Águila ueron operadas por AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente. En agosto, el Gobierno extendió sus concesiones, vencidas desde agosto de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta la transferencia a nuevos adjudicatarios.

El nuevo esquema incrementa las regalías para las provincias e incorpora un canon por el uso del agua y un fondo para obras de protección y seguridad hídrica, administrado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El precio de la energía que se comercialice a Cammesa se fijará en dólares y las regalías se calcularán sobre la totalidad de los ingresos, habilitando la percepción en especie para consumo o reventa regional. Por primera vez se establece un canon específico a favor de las provincias por el uso de los recursos hídricos, y los futuros concesionarios deberán costear y facilitar el acceso a información hidrometeorológica de las cuencas.

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