En medio de una creciente alarma internacional, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertó sobre la posibilidad de que desaparecidos forzados en Nicaragua sean sometidos a tortura y tratos crueles durante su detención.
El pronunciamiento, difundido este viernes, señala que existen indicios de muertes bajo custodia estatal, así como denuncias de condiciones inhumanas y ocultamiento sistemático del paradero de las víctimas.
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Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, basada en informe de expertos independientes, asegura que en Nicaragua se realizan prácticas como la sedación forzada, el encadenamiento de manos y pies y la instalación de cortinas en celdas para impedir la observación de otros reclusos.
Los especialistas subrayan que estas acciones, sumadas a la negativa de acceso a atención médica, configuran un contexto de graves violaciones a los derechos fundamentales.
Entre los casos más recientes figura el de Brooklyn Rivera, miembro de la Asamblea Nacional y líder del pueblo Miskito, quien fue arrestado por agentes de la Policía Nacional de Nicaragua en septiembre de 2023 y permanece desaparecido desde entonces.
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La información recabada por los expertos sugiere que Rivera podría haber fallecido bajo custodia policial. Otra persona, también desaparecida forzadamente, habría muerto en febrero de 2026, con la entrega de su cuerpo a los familiares sin certificado de defunción, según detalló la ONU.
“La desaparición forzada causa un sufrimiento inmenso y prolongado a los familiares, quienes enfrentan incertidumbre y temor constante por el destino de sus seres queridos”, afirmaron los expertos de la ONU en declaraciones recogidas por la propia oficina. El comunicado agrega que los tribunales nicaragüenses rechazaron admitir recursos de hábeas corpus, dejando a las familias sin herramientas legales para conocer el paradero de sus allegados.
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De acuerdo con el reporte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe en Nicaragua una “estrategia deliberada” orientada a “recurrir a las violaciones más graves y aterradoras de los derechos humanos para silenciar la disidencia y controlar a la población”.
Los expertos afirman que más de 112 víctimas de desaparición forzada han sido notificadas al Gobierno por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, sin que hasta la fecha se hayan recibido respuestas oficiales.
Los especialistas también denunciaron que muchas familias temen represalias, lo que provoca una subnotificación considerable de los casos de desaparición y detención arbitraria en el país centroamericano. El comunicado enfatiza que “cada minuto cuenta” en estos casos, tanto para la integridad de los desaparecidos como para la angustia de quienes los buscan.
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Las condiciones dentro de los centros de reclusión fueron calificadas de inhumanas. Los expertos señalaron que los desaparecidos forzadamente podrían estar expuestos a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El aislamiento, la privación de información y la sedación periódica forman parte de las denuncias recibidas por la ONU.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado de manera urgente al Gobierno de Nicaragua que aclare “el destino y paradero” de los desaparecidos y que entregue, en caso de fallecimiento, información precisa sobre las circunstancias, causas de muerte y localización de los restos. “Solicitamos una prueba inmediata de vida de Brooklyn Rivera y, si ha muerto durante la detención, información sobre las circunstancias y causas de su muerte y la localización de sus restos”, afirmaron los expertos.
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El comunicado también exige que las autoridades nicaragüenses realicen investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y transparentes sobre las muertes bajo custodia y garanticen que todas las personas responsables rindan cuentas ante la justicia.
Los expertos que firman este pronunciamiento actúan en el marco de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un sistema que agrupa a relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU remarcó que continuará en contacto con el Gobierno de Nicaragua para el seguimiento de estos casos y el monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país.
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