El impacto de los saldos a favor de Ingresos Brutos sobre la liquidez de las empresas industriales argentinas se intensificó en los últimos meses y genera malestar entre los industriales.
Según un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), el saldo promedio por empresa alcanza los $719 millones, mientras que en el sector industrial la cifra se elevó a $805 millones. Esto representa un incremento interanual del 86% a marzo, muy por encima del aumento del 56% registrado en el Índice de Precios al Consumidor durante el mismo período.
El informe realizado por el área tributaria de la central fabril había sido presentado en el marco de la 31° Conferencia Industrial y fue reproducido la semana pasada por Infobae. Pero ayer la entidad volvió a insistir sobre el tema, tras el encuentro mensual de la Junta Directiva, tras la cual se emitió un comunicado de prensa.
La acumulación de estos saldos a favor, que ocurre cuando una empresa paga al fisco más de lo que corresponde por el impuesto a los Ingresos Brutos, genera una serie de dificultades operativas.
Estos fondos, que podrían destinarse al pago de otros tributos, inversiones o necesidades operativas, permanecen inmovilizados, restringiendo la capacidad de maniobra de las compañías. Para la UIA, esta situación implica que el sector público utiliza recursos empresariales, limitando la productividad y la competitividad de la industria.
El relevamiento de la UIA también detalló la distribución geográfica de los saldos a favor: el 54% se acumula en provincias donde las empresas no poseen establecimientos, y nueve jurisdicciones concentran el 87% del total. En particular, Misiones concentra el 30,5% de los saldos a favor, seguida por la provincia de Buenos Aires con el 22,5% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 13,5%.
La UIA subrayó: “Esta situación constituye un perjuicio directo para el sector productivo: se trata de capital de trabajo inmovilizado, que no puede destinarse al pago de otros impuestos, inversiones o necesidades operativas. En la práctica, implica que los fiscos provinciales terminan financiándose a costa de la liquidez empresarial, lo que afecta la productividad y la competitividad”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, abordó la cuestión en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde afirmó: “Le digo que nos den una mano con Ingresos Brutos. Todos lo tenemos claro, nosotros desde el Estado, que el impuesto al cheque y retenciones son los peores, y los gobernadores tienen clarísimo que Ingresos Brutos es el peor de los impuestos, peores que los otros dos que nombré”.
Pero para muchas provincias este tributo representa el 80% de sus ingresos, lo que convierte cualquier intento de reducción en un desafío que requerirá una reforma tributaria.
La UIA también reiteró su preocupación por la tendencia a la creación de nuevas tasas municipales o el aumento de las ya existentes, lo que incrementa el llamado “costo argentino” y deteriora la competitividad de la industria nacional.
Según la entidad, “la proliferación de tasas municipales en diversas provincias, junto con la presión adicional de Ingresos Brutos y la no devolución de saldos, presionan aún más los costos financieros y económicos de la industria en un contexto de actividad amesetada y tensiones en la cadena de pagos”.
La problemática de los saldos a favor no se limita al sector industrial. Los exportadores también manifestaron su descontento ante la reciente Resolución 1834/2025 del Ministerio de Economía, que instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a permitir que, hasta el 1 de marzo de 2026, los exportadores puedan dolarizar los saldos adeudados acumulados al 31 de octubre de 2025.
La medida abarca los saldos de libre disponibilidad y los reintegros de exportación, pero los fondos estarán disponibles recién a partir del 1 de enero de 2027.
La Cámara de Exportadores (CERA) expresó su preocupación al respecto: “La resolución sorprende pues, de alguna manera, efectúa un reconocimiento tácito de imposibilidad de cumplir la deuda con los exportadores. El esquema opcional propuesto introduciría un diferimiento adicional a tasa cero en dólares, pero de costo financiero real para el sector privado, en muchos casos de sostenimiento imposible; esto a efectos de permitir que el Estado pueda postergar, aunque sea parcialmente, obligaciones que debiera cumplir en tiempo y forma”.
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