Panamá cerró 2025 con más de 271 mil funcionarios y una planilla que supera $5,200 millones

Panamá cerró diciembre de 2025 con 271,346 funcionarios públicos, lo que representó un aumento de 4,869 empleados frente a diciembre de 2024 y un alza de 348 funcionarios respecto a noviembre de 2025, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República.

En paralelo, el sueldo bruto mensual de la planilla estatal llegó a $458.4 millones, con un incremento de $10.5 millones en un solo mes. El dato retrata con crudeza el tamaño que ha alcanzado el aparato público: más personal, más gasto permanente y menos margen para maniobrar cuando la caja aprieta.

Pero el dato que realmente pesa no es solo el cierre de diciembre, sino el costo total del año. La planilla pública acumuló en 2025 un gasto de $5,245.2 millones, por encima de los $5,177.0 millones de 2024.

Dicho de otra forma: solo en salarios públicos, Panamá desembolsó en un año $2,280.2 millones más que lo que aportó el Canal de Panamá al Tesoro Nacional en el año fiscal 2025, que fue de $2,965 millones.

Incluso supera en $2,051.4 millones la transferencia histórica que el Canal proyecta para la vigencia fiscal 2026, estimada en $3,193.8 millones, y rebasa en $764.2 millones el costo total estimado de la Línea 3 del Metro, calculado en más de $4,481 millones.

El crecimiento tampoco empezó ayer. Los informes anuales de la Contraloría muestran que el gasto acumulado en planilla pasó de $4,441.1 millones en 2020 a $4,738.8 millones en 2021, $4,880.3 millones en 2022, $5,014.8 millones en 2023, $5,177.0 millones en 2024 y $5,245.2 millones en 2025.

En conjunto, entre 2020 y 2025, el Estado panameño desembolsó alrededor de $29,497.1 millones en salarios públicos. Ese monto equivale a casi 10 veces el aporte canalero de 2025 y a más de 6.5 veces el costo estimado de la Línea 3.

Buena parte de ese ensanchamiento ocurrió en el quinquenio anterior. De acuerdo con la información que ya había divulgado la Contraloría y que el propio comportamiento mensual confirma en sus series, entre julio de 2019 y junio de 2024 el empleo público aumentó en 24,082 personas, al pasar de 238,248 a 262,330 funcionarios.

El resultado fue una estructura estatal más pesada, con mayor gasto recurrente, más compromisos salariales y menos flexibilidad presupuestaria. En 2025 esa inercia no desapareció: cambió de velocidad, pero no de dirección.

Las entidades que más sumaron personal en 2025 ayudan a entender hacia dónde se movió la expansión. El Ministerio de Educación cerró 2025 con 68,405 funcionarios y añadió 1,017 plazas frente a diciembre de 2024. La Asamblea Nacional terminó con 5,718 empleados y sumó 935.

El Ministerio de Seguridad Pública cerró con 33,473 funcionarios y agregó 660. El Ministerio de Obras Públicas llegó a 2,330 empleados, con un aumento de 523. El Órgano Judicial alcanzó 7,318 funcionarios y sumó 513.

En el bloque descentralizado también hubo movimientos relevantes. La Caja de Seguro Social cerró 2025 con 35,325 funcionarios y registró un incremento combinado de al menos 620 plazas entre personal permanente y eventual. Transporte Masivo de Pasajeros, S. A. terminó con 4,103 empleados y aumentó 279 funcionarios permanentes.

Ese peso del gasto de funcionamiento ha sido una de las alertas repetidas por organismos y calificadoras. Moody’s ha advertido sobre la rigidez de ciertas leyes y la dificultad del Estado panameño para recortar gasto público, mientras Fitch y el Fondo Monetario Internacional han insistido en que la consolidación fiscal sigue limitada por la presión del gasto corriente y la trayectoria de la deuda.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el presidente José Raúl Mulino han reconocido que reducir el gasto en salarios es particularmente complejo, en parte por la existencia de leyes especiales que establecen incrementos obligatorios para educadores, estamentos de seguridad, médicos y otros profesionales del sector público.

Esa rigidez, han señalado, dificulta ajustes rápidos del gasto corriente y obliga a que cualquier estrategia de contención se apoye en reformas de mayor alcance, mejoras de eficiencia y revisiones de estructuras salariales y de contratación.