El exdiputado Daniel Lipovetzky, conocido por haber impulsado la Ley de Alquileres que terminó generando fuertes distorsiones en el mercado inmobiliario, ahora propone la creación de un tributo específico al denominado carry trade. La iniciativa apunta a gravar con un 1% las operaciones especulativas de grandes inversores para destinar esos fondos a dos fines concretos: subsidiar el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y reducir las cargas sociales que pagan las micropymes.
La propuesta fue formulada en una entrevista en Deuda Prometida Stream, donde Lipovetzky defendió la idea de aplicar un nuevo esquema de financiamiento para sectores que, según él, sufren de manera directa las consecuencias de la actual política económica.
El impuesto al carry trade
En la entrevista, Lipovetzky explicó los fundamentos de su proyecto. “La gente hoy está gastando mucha plata en el transporte. Entonces, la idea es de alguna manera, para generar recursos y que la gente pueda viajar gratis en la Ciudad, aplicarle un impuesto a los que se beneficiaron con la timba financiera de Toto Caputo. La idea es aplicarle un impuesto del 1% al carry trade, lo que afectaría a grandes inversores”.
El insólito esquema tendría dos asignaciones específicas. Por un lado, subsidios directos al transporte público, con el objetivo de abaratar el costo que enfrentan los usuarios. Por otro, la reducción de cargas sociales a las micropymes, un sector que, según el legislador, enfrenta serias dificultades para competir y sostener el empleo.
“Esto tendría dos asignaciones específicas. Una, por supuesto, aplicarlo a subsidiar el transporte a la gente que lo usa para trabajar y la otra sería quitarle los impuestos, las cargas sociales, a las micropymes. Son dos sectores que han sufrido mucho”, remarcó.
El antecedente de la Ley de Alquileres
La trayectoria legislativa de Lipovetzky quedó marcada por la Ley de Alquileres sancionada en 2020. La norma, que buscaba brindar mayor estabilidad a los inquilinos, terminó derivando en un escenario adverso. Según diversos informes de cámaras inmobiliarias y medios especializados, la regulación produjo un desfase de precios, una reducción drástica de la oferta de propiedades y un incremento de los contratos informales.
Con topes en los aumentos y un esquema de actualización anual atado a un índice oficial, muchos propietarios retiraron sus viviendas del mercado formal o las destinaron a alquileres temporarios. Esto llevó a una escasez generalizada en todo el país y presionó al alza sobre los precios, en un contexto de alta inflación. Finalmente, el Congreso decidió modificar la norma en 2023, luego de reconocer su impacto negativo en el acceso a la vivienda.
Ese antecedente aparece ahora en el debate sobre la nueva propuesta de Lipovetzky, que vuelve a poner en discusión el rol de las regulaciones estatales sobre la economía y sus efectos colaterales.
Micropymes e importaciones
Lipovetzky argumentó que la crisis económica actual golpea con fuerza a las pequeñas empresas, en especial por la apertura comercial y la competencia externa:
“La recesión económica hace que hoy las micropymes lo sufran mucho. Sufren por la apertura del mercado que nos ha inundado de importaciones chinas a precios regalados. La idea es fortalecer a las micropymes para que generen empleo y hacerlo a través de un aporte que lo harían los que se benefician solamente con una inversión especulativa”.
En ese sentido, sostuvo que la aplicación del impuesto al carry trade permitiría aliviar las cargas sobre el sector productivo y, al mismo tiempo, brindar un beneficio directo a los trabajadores a través de menores costos de transporte.
El exdiputado aclaró que el tributo no afectaría a los pequeños ahorristas sino únicamente a las grandes operaciones de carácter especulativo. “Por supuesto que sería sólo para el carry trade de los inversores, no para el jubilado que pone unos pesos que le sobran. No es un impuesto que va a renta general; es de asignación específica”, apuntó.
La propuesta, en consecuencia, se plantea como una medida focalizada para redirigir parte de las ganancias financieras hacia objetivos sociales concretos, sin convertirse en un impuesto de carácter general.
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