
Al cabo de cuatro meses de intransigencia y falta de negociación entre las empresas y dos de los cuatro sindicatos involucrados, este viernes se destrabó el conflicto que tenía parados a más de 100 buques congeladores dedicados a la pesca del langostino, la especie marina que en concepto de exportaciones más dólares aporta a la economía argentina.
Básicamente, ante la presión de las bases de marineros que desde distintos puntos del país, y en particular del litoral argentino -de donde provienen buena parte de los mejores marineros, según señalan los baqueanos del sector- reclamaban un acuerdo que permita rescatar la última parte de la zafra langostinera y no limite los ingresos de los marineros y sus familias a los básicos de convenio, privándolos de los ítems “de producción”, que conforman el grueso de los ingresos de los trabajadores del sector.
Según el convenio acordado y firmado en la secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU( y las Cámaras Capeca, Capip y CEPA, el arreglo que destrabó el conflicto es que el 70% del ingreso tendrá carácter “no remunerativos” (exento de cargas sociales y otros aportes) y un descuento del 9% sobre el total del recibo. Esto equivale a una baja cercana al 12% en los valores de producción y un ajuste total del costo laboral para las empresas langostineras del 18%, inferior al 30% al que aspiraban, pero suficiente para destrabar el conflicto.

De este modo, tanto empresas como trabajadoras tendrán entre dos y tres meses para lograr el mejor volumen de captura posible y vender al mercado internacional al menos una fracción de los cerca de USD 600 a 700 millones anuales de exportación de langostino (entero, en distintas medidas, L1 a L3, y también “colas de langostino”).
Algunos números
El cálculo es que la demora del inicio de la zafra langostinera (que usualmente termina a inicios de octubre, aunque puede estirarse hasta fines de ese mes) costó al menos unos USD 200 millones y que en el tiempo que queda podrían “salvarse” hasta USD 300 millones de ventas externas.
“Se logró romper la inercia”, dijeron desde las cámaras empresarias, en tanto el sindicato encabezado por Raúl Durdos, ligado a la familia Moyano, buscó salvar la cara resaltando que siempre había propuesto la solución del 70% “no remunerativo”.
De todos modos, el acuerdo no es definitivo, pues para 2026 se seguirá negociando.
En un comunicado conjunto, la Cámara Argentino Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Armadores Pesqueros Congeladores de la República Argentina (CAPECA) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) destacaron las “intensas gestiones con la Secretaría de Trabajo de la Nación” que llevaron a la firma del acuerdo con el SOMU que –agregaron “junto a los ya alcanzados con SICONARA, Capitanes y SUPA, permiten retomar la actividad y darle previsibilidad a toda la cadena productiva”.
“Los buques pesqueros volverán a zarpar en los próximos días y se retomará la captura de langostino, especie clave para la industria y para las exportaciones argentinas”, señalaron las empresas. “El entendimiento puso de manifiesto la necesidad de que los convenios colectivos de trabajo deben estar en consonancia con la realidad de la actividad”, declaró Eduardo Boiero, presidente de CAPECA. “Es la única manera –agregó- de compatibilizar las necesidades de los trabajadores con la viabilidad económica de la industria”.
Según los cálculos, un marinero embarcado cobrará así un 18% más por marea que en 2024 y tiene entre dos y tres meses por delante para recuperar parte de los ingresos perdidos desde el inicio del conflicto.
Las empresas, por su parte, no consiguieron la reducción del 30% en los valores “de producción” que aspiraban argumentando la baja del 50% en el valor de referencia del precio internacional del langostino (de USD 12 a menos de USD 6 el kilo), pero a su vez estiman que con la escasez de stocks y lo corto de la temporada presionen a una mejora del precio, que de llegar a los 6 dólares, argumentan, les permitirá salir del rojo operativo en la zafra langostinera.
Un conflicto que incluyó amenazas de muerte
El conflicto fue largo e intenso, al punto de que había escalado a que dos sindicatos de marinería repudiaron al de Capitanes de Pesca, que había acordado antes (al igual que el de conductores navales) e incluido amenazas de muerte a trabajadores de una empresa pesquera en Puerto Madryn que estaban dispuestos a salir de pesca mediante acuerdos particulares con las empresas, al margen del sindicato.

El SOMU se negaba a adaptar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) firmado cuando el precio internacional del langostino en el que se basó ese convenio era de USD 12 el kilo.
Los que acordaron antes
Tanto el Sindicato de Capitanes, a fines de junio, como el de maquinistas, a principios de julio, habían aceptado adecuar los valores “de producción”. La fuerte baja del precio del “langostino salvaje” del mar argentino respecto de los valores de 2015 se debió a que el mercado internacional nunca se recuperó del todo luego de la pandemia y por la creciente competencia del “langostino vannamei”, de cultivo.
Según las empresas langostineras, no adaptar los valores implicaba trabajar a pérdida. Capitanes y Maquinistas aceptaron la adecuación, pero el SOMU, que agrupa a los marineros, que aportan el 80% de la tripulación de un buque pesquero, se negaban a esa adaptación. Hasta que las bases pudieron más.

Según una propuesta que las Cámaras habían presentado en junio a la Secretaría de Trabajo la readecuación del Convenio “recaería sobre salarios que, en la base de su escala, significan $86,4 millones brutos anuales”. Se trata de trabajadores, dice el documento, ubicados en el 5% superior de la pirámide de ingresos de la Argentina", producto –enfatiza- “de un promedio de entre 5 y 7 meses de trabajo efectivo anual”
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