La decisión del Gobierno de eliminar aranceles a la importación de celulares y eliminar impuestos internos para los móviles, los televisores y los aires acondicionados reavivó las críticas al régimen promocional vigente en Tierra del Fuego desde hace más de 50 años.
El costo fiscal, la falta de competencia, el ineficiente sostenimiento del empleo local y la escasa generación de valor agregado constituyen las principales objeciones al sistema que domina la industria de la isla austral, cuyas empresas reciben exenciones impositivas cuyo impacto en las arcas estatales supera los USD 1.000 millones anuales.
El Gobierno busca avanzar en una reducción paulatina de los beneficios del régimen, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público. Las críticas se concentran en el subrégimen industrial, el apartado que rige la operatoria de las empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego. Este segmento es, según estimaciones de la Fundación Fundar, el que explica casi la totalidad del impacto fiscal.
1. Alto costo fiscal
De acuerdo con un informe elaborado por Fundar, el costo fiscal total de sostener el esquema productivo fueguino asciende a USD 1.070 millones por año. Se trata de una cifra equivalente al 0,22% del PBI nacional y supera en más del doble el presupuesto que se destinó al Conicet en 2021. También representa el 39,3% del gasto total en AUH y AUE.
El economista e investigador del Conicet, Juan Carlos Hallak, coautor del informe, explicó que el gasto estatal vinculado al régimen no se traduce en beneficios proporcionales. “En vez de generar actividad sustentable, cada vez le cuesta más competir con la actividad electrónica mundial y se han tenido que ir sumando actividades al esquema. El último fueron los celulares, en 2009”, señaló en diálogo con Infobae en Vivo.
2. Beneficios con poca competencia
El régimen distingue entre beneficios para residentes –de menor impacto por la escasa población– y exenciones fiscales para empresas, que concentran los mayores montos que el Estado deja de recaudar. Entre los incentivos vigentes se destacan:
- Exención del IVA, que representa un gasto de aproximadamente USD 630 millones anuales, ya que se aplica sobre la facturación total, no sobre el valor agregado.
- Eximición de aranceles a la importación, con un costo estimado en USD 436 millones por año.
- Diferencial de Impuestos Internos, que implica un gasto tributario de USD 20 millones.
- Exenciones en el Impuesto a las Ganancias y en el impuesto al cheque, aunque sin datos precisos sobre su impacto.
El diseño actual del régimen, según Hallak, incentiva la importación de insumos en detrimento del desarrollo local. Las empresas importan kits de ensamblado, los arman en la isla y luego venden el producto terminado en el continente, con ventajas fiscales.
En ese bajo valor agregado reside otro de los puntos críticos del régimen de beneficios. “Es hora de que empiecen a competir un poco más. Lleva mucho tiempo este régimen, debería tener condiciones de competitividad mayor. Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior para meterlos al territorio con una cantidad de beneficios impositivos muy grandes”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en abierta crítica al sistema.
La quita gradual de aranceles para la importación de celulares que anunció el Gobierno generó incertidumbre sobre la viabilidad del negocio, por lo que varias empresas del complejo industrial fueguino iniciaron una evaluación de su estrategia de producción.
3. Baja generación de empleo
Uno de los puntos más criticados del régimen es su escaso aporte al empleo a nivel nacional. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la eliminación progresiva de los beneficios puede implicar una baja en la ocupación en la isla, pero generaría un efecto neto positivo para todo el país. Según sus estimaciones, la continuidad del régimen representaba una pérdida neta de 60.000 empleos, dado que la actividad industrial fueguina tiene bajo requerimiento de mano de obra. Así, consideró el funcionario, la fin del esquema actual “generaría más puestos de trabajo de los que destruye”.
Hallak fue más directo: “Es un chupadero de plata terrible. Es mucho costo sin mucho beneficio. Es poca gente, son 10.000 personas para mantener un sistema ineficiente que no tiene sentido estar ahí”.
En términos productivos, los principales bienes electrónicos fabricados en la isla son celulares, televisores, aires acondicionados y microondas. De ese grupo, sólo en el caso de los aires se observa una incorporación relevante de valor agregado, debido a actividades metalúrgicas asociadas. En los demás casos, el trabajo se limita al ensamblaje de partes importadas.
4. Impacto incierto en los precios
Uno de los argumentos tradicionales a favor del esquema fueguino era que la producción local permitiría abaratar los precios al consumidor. Sin embargo, la experiencia de los últimos años desmiente esa premisa. En contextos de alta protección comercial, como durante los gobiernos kirchneristas, los productos electrónicos no resultaron más accesibles. La falta de competencia internacional permitió a las empresas aumentar márgenes sin trasladar las ventajas fiscales al precio que pagan los consumidores argentinos.
Una señal de ese fenómeno se registra en las habituales compras de celulares y otros artículos electrónicos que los argentinos hacen cada vez que viajan al exterior. O bien el conocido cruce de fronteras por tierra para comprar en países vecinos, tal como hacen los mendocinos que cruzan a Chile para hacer “tours de compras”.
La actual administración sostiene que, con la apertura de las importaciones y la baja de impuestos internos, sí habrá una presión competitiva que empuje los precios a la baja. Las empresas locales deberán resignar márgenes y mejorar las condiciones comerciales con los canales de venta para no perder participación frente a los productos importados.
Por otra parte, los dispositivos que ingresen del exterior –sin aranceles y con baja carga tributaria– llegarán con valores más competitivos al mercado. El nuevo contexto obliga a los fabricantes radicados en la isla a replantear su modelo de negocios en función de márgenes más ajustados.
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