El Gobierno nacional extendió este viernes por 60 días la concesión de las represas hidroeléctricas en la zona del Comahue, entre Neuquén y Río Negro, que vencían este jueves. Ese plazo será parte del “período de transición” decidido por las autoridades, el cual podría extenderse durante un año para ser revertidas al Estado Nacional o licitadas nuevamente a pesar del pedido de las provincias por una participación tripartita. La decisión se conoce luego del guiño que envió este lunes al presidente Javier Milei la empresa Italiana Enel sobre la posibilidad de mantener sus operaciones en Argentina, en donde controla las centrales de El Chocón y Arroyito.
La medida fue oficializada a través de la resolución 2/2024 que emitió la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo. Desde allí se prorrogó el período de transición desde el 19 de enero y por 60 días corridos, conforme lo dispuesto en el artículo 67.1 de cada uno de los contratos de las centrales hidroeléctricas Alicurá que opera AES Argentina, El Chocón Arroyito (Enel) y Cerros Colorados de Aconcagua Energía .
“A los efectos de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca y bajo su responsabilidad, las concesionarias deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido periodo”, dice la norma.
El artículo 2 de la resolución extendió desde el 28 de febrero y también por dos meses el contrato de concesión de la hidroeléctrica Piedra del Aguila, concesionada a Central Puerto, bajo la misma consideración.
La decisión de Energía se conoce luego de que el CEO global de Enel, Flavio Cattaneo, transmitiera este lunes al presidente Milei la posibilidad de que la firma desista de salir del país a través de la venta de Edesur, a la espera de la finalización de las concesiones de las represas. Aunque existe la posibilidad de que las extensiones de las concesiones sean por al menos 12 meses. La compañía se mostró conforme con el proceso de desregulación y liberalización del sector energético que lleva adelante el Gobierno de La Libertad Avanza.
El año pasado la italiana había comenzado su proceso de retirada definitiva del país “producto del intervencionismo estatal de los últimos años”. Es así que vendió su participación mayoritaria en las generadoras termoeléctricas Costanera y Dock Sud a Central Puerto e YPF Luz, respectivamente, por una operación total de USD 102 millones.
El futuro de las concesiones
En el marco del debate en comisiones de la Cámara de Diputados de la ley ómnibus, Chirillo anticipó cuál será el futuro de las concesiones ante el reclamo de Neuquén y Río Negro por una participación tripartita en el control de las centrales hidroeléctricas. El funcionario afirmó que los contratos vencieron y pueden extenderse por 12 meses a criterio unilateral del Gobierno.
Ante el pedido de las provincias el secretario de Energía dijo: “Cuando el contrato vence, los bienes que fueron dados en uso revierten al Estado Nacional, la presa y los equipos de la concesionaria. Esto es bastante claro en la Ley 15.336 que no fue alterada por la Reforma Constitucional de 1994″.
En concreto, pasado el plazo en el que Energía decida extender las concesiones las represas revertirán al Estado nacional y “luego se decidirá si las toma Enarsa o se relicitan”. La Libertad Avanza busca que cualquier gestión que pueda ser realizada por el sector privado salga de manos del Estado, por lo cual es probable que una vez finalizada la transición exista una nueva administración privada de las centrales.
El Frente de Todos trabajaba en la posibilidad de que Enarsa controle las represas y licitara solo la operación y el mantenimiento. Es decir, sin traspasar el activo a las empresas privadas. Sin embargo, con la derrota electoral esa idea quedó trunca.
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