“Signo de austeridad”: el Gobierno asegura que buscará moderar el gasto para acercarse a las metas fiscales

“Vamos a intentar que el Estado de aquí al 10 de diciembre que es cuando termina esta etapa y desde el 10 de diciembre en adelante tenga mayores signos de austeridad porque es muy importante”, dijo esta semana, en su primera aparición pública tras las elecciones el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa.

Restan poco más de 60 días para el cierre del año y si bien las metas fiscales con el FMI asoman como comprometidas por la aceleración del gasto que siguió al paquete de medidas post PASO y devaluación, algunas partidas presupuestarias sostienen su recorte en términos reales y aumentó la deuda flotante, es decir, los pagos atrasados, en los últimos meses, lo que podría alinear las cuentas de fin de año.

Un trabajo de la consultora PxQ, del economista Emmanuel Álvarez Agis midió dónde se ubicó esa poda en términos reales: “En los primeros 9 meses del año, el gasto primario acumula una baja de 5% respecto de igual período 2022 traccionado, principalmente, por el recorte de subsidios energéticos (25% anual) y al transporte (15%), así como por la reducción del gasto en pensiones (7,4%). Por su parte, las partidas de infraestructura (subieron 13%) y salarios públicos (6,3%) crecieron a pesar de la disminución del gasto total”, destacó.

Algunos analistas creen, en ese contexto, que el costo fiscal del paquete de medidas que se anunció después de las elecciones primarias empezará a reflejarse con mayor nitidez en las finanzas públicas desde octubre.

Para la consultora Equilibra el costo de esos anuncios ronda $2,7 billones, lo que implicaría una presión sobre el gasto total equivalente a 1,5% del PBI. De hecho, para ese centro de estudios, el déficit primario de este año terminaría en torno de 2,8% del PBI. No es una idea que compartan en el Palacio de Hacienda y todavía sostienen el 1,9% original previsto en el acuerdo con el Fondo.

En los primeros nueve meses del año el rojo primario acumulado ascendió a 1,44% según el economista Nadin Argañaraz.

Para el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), de Hernán Letcher, es de 1,5% del Producto. “Al gobierno le resta hacer uso de tan solo 0,4% del PBI para los últimos 3 meses, que estacionalmente suele ser el período más deficitario del año”, mencionó la entidad.

Una de las formas en que las cuentas públicas pueden cerrar, en términos de metas fiscales, es a través de la administración de esa deuda flotante. Se trata de un número, medido por la Tesorería, que depende del Ministerio de Economía, que refleja el nivel de atraso en el pago de las erogaciones ejecutadas de manera efectiva que acumula la Administración Central.

Para algunos analistas, ese recurso es interpretado como una manera de “financiamiento indirecto”: el ritmo de pagos que realiza efectivamente el Estado le da margen para que su balance de “base caja”, el método contable que toma en consideración el FMI, le dé con números suficientes.

El último dato actualizado de deuda flotante da cuenta de un nuevo aumento, en agosto, el mes de las elecciones primarias y la devaluación. La información de Tesorería a la que tuvo acceso Infobae mostró que a fines de septiembre sumaba casi $1,9 billones, lo que implicó un incremento de unos $600.000 millones en los últimos dos meses.

En términos de ejecución presupuestaria, con datos hasta septiembre, se observa que en el acumulado de los primeros nueve meses del año hubo un uso de los recursos menor al del igual lapso de 2022. El movimiento en lo que resta del año podrá ser otro termómetro de la política que pueda mostrar Economía.

“Al 30 de septiembre los gastos totales devengaron $23.990.765 millones, equivalentes al 64,6% del crédito presupuestario vigente. Los gastos corrientes devengaron el 64,9% y los de capital el 61,9%”, mencionó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En 2022 había sido, a esa altura del año, de 71,5 por ciento.

“Se observan los niveles de ejecución más elevados en los subsidios a la energía (81,8%), en la inversión financiera (80,2%) y en los otros gastos corrientes (78,4 por ciento). Al interior de los programas sociales, las erogaciones destinadas a Políticas Alimentarias y a las becas Progresar superaron el 75% de ejecución del presupuesto asignado. Por el otro lado, los intereses de la deuda (52,0%) y los bienes y servicios (53,0%) registraron los niveles de ejecución más moderados”, apuntó el análisis de la OPC.

Para 2024 la discusión sobre los recortes fiscales asoma casi como si fuese una discusión de largo plazo, pero está a la vuelta de la esquina. El Presupuesto del año próximo no fue tratado aún en la Cámara de Diputados pero sí la separata de gasto tributario que mandó Massa para que el Congreso analice línea por línea los regímenes impositivos diferenciales, esquemas de estímulo fiscal para distintos sectores de la economía y alícuotas recortadas.

Ese proyecto aparte estipula que el Estado deja de recaudar por alícuotas reducidas de impuestos, beneficios tributarios y regímenes de promoción fiscal unos 4,7% del PBI y el candidato presidencial busca, a través de ese debate parlamentario, recortar el déficit primario de manera más rápida.

Dentro del extenso listado, el Poder Ejecutivo cree que hay espacio para realizar modificaciones en sectores como los servicios digitales, en eliminar una exención de Bienes Personales para inmuebles rurales y la tenencia de ADRs, es decir acciones de compañías argentinas que cotizan en el exterior.

Por otra parte, el oficialismo presentó en el Congreso el proyecto de ley para habilitar el cobro de un “piso” de impuesto a las Ganancias de 15% que apuntará a grandes empresas internacionales que tributan menos que ese mínimo por sus operaciones en la Argentina, entre otras varias compañías multinacionales tecnológicas.

Según estimaron fuentes oficiales, en caso de que se aprobara la ley, el fisco podría agregar una recaudación adicional cercana a 1% del PBI, lo que a pesos de hoy implicaría $1,2 billones. En el Palacio de Hacienda creen que las empresas a las que apunta el proyecto actualmente pagan según estimaciones oficiales menos de 3% sobre sus ganancias efectivas.