
El Congreso empezará a debatir uno de los aspectos del proyecto de ley de Presupuesto 2024 que envió en septiembre Sergio Massa al parlamento. Se trata de la “separata” de gasto tributario que consta de un listado de gastos tributarios -es decir, beneficios y regímenes impositivos diferenciales- que tienen un peso de 4,72% del PBI. El oficialismo buscará discutir y eliminar algunos de ellos durante el trámite parlamentario para poder recortar el déficit fiscal más rápido.
La compulsa en comisiones no ingresará todavía en el terreno del proyecto de presupuesto propiamente dicho. Una nota enviada a los diputados que integran la comisión los citó para este miércoles a las 16. Estarán presentes del titular de AFIP Carlos Castagneto, el de Aduana Guillermo Michel, el secretario de Hacienda Raúl Rigo y la subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini.
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El debate tendrá lugar días después de que el ministro de Economía haya resultado el candidato presidencial más votado en las elecciones generales. El presupuesto en sí sería tratado en el Congreso recién después de la segunda vuelta del 19 de noviembre. Y además sucederá en un contexto en que el Gobierno se alejó en los últimos meses de las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Según estimaciones privadas, el rojo fiscal al cierre del año podría ser mayor al 1,9% del Producto estipulado en el programa vigente con el organismo.
En grandes números, el Presupuesto 2024 prevé una hoja de ruta preliminar de 0,9% del Producto como horizonte de déficit primario. Es el mismo número que está planteado en el acuerdo con el FMI para el año próximo. En ese plano, la “separata” del oficialismo plantea que borrando algunos de los ítems del gasto tributario el sector público podría alcanzar, en 2024, un superávit de 1% del Producto Bruto.
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Una parte del gasto tributario está explicado por exenciones impositivas. En ese grupo se inscriben los magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (0,16% del PBI), Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11%), alícuotas reducidas de IVA (0,62%), el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego (0,33%), entre otros, de acuerdo a listado. Son, en términos nominales, unos 16,5 billones de pesos que el fisco deja de recaudar entre todos los esquemas existentes.

El proyecto de presupuesto divide el gasto tributario en dos partes. Por un lado, “el total de Gastos tributarios para el año 2024 asciende a 2,34% del PIB, que se agrupa en dos componentes principales: los derivados de normas impositivas (1,73% del PIB) y los derivados de Regímenes de Promoción Económica (0,61% del PIB)”.
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En el primer grupo, el impuesto más relevante es el IVA (1,17% del PBI). Ese tributo tiene, primero, exenciones (0,55% del Producto). El ítem más “pesado” en términos presupuestarios es el de las exenciones a prestaciones médicas a obras sociales (0,23% del PBI), seguido por servicios educativos (0,11%), medicamentos de uso humano (0,08% del PBI), edición de ventas de diarios, revistas y publicaciones periódicas (0,06 por ciento). Dentro del IVA también hay regímenes diferenciales (0,62% del PBI). El más relevante son las alícuotas reducidas para alimentos como la carne, las verduras, frutas, legumbres y hortalizas (0,31%), seguido de la construcción de viviendas (0,15 por ciento).
Ganancias solo tiene exenciones entre las mencionadas de jueces, cooperativas, y otras como las de trabajadores que desarrollan sus tareas en la Patagonia (0,04%), explotación de derechos de autor, ganancias obtenidas por compraventa de acciones y otros títulos valores en el mercado financiero. Otros tributos tienen gastos tributarios menores, como el impuesto a los combustibles (0,08% del PBI), contribuciones a la seguridad social (0,08%), impuesto PAIS (0,06%, en referencia a la exención de importaciones ligadas al área de energía).
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Hay otro grupo de beneficios fiscales no incluidos entre los gastos tributarios. “Se identifica un segundo grupo de beneficios impositivos que tienen un impacto presupuestario negativo por causar una merma de recaudación de carácter permanente. El grupo reseñado seguidamente representa el 2,38 del PIB para el ejercicio fiscal de 2024″, mencionó Economía.

Ahí se listan IVA, por 0,75% del Producto, con exenciones como el pago de honorarios para miembros de directorios, diferimiento de IVA para pymes o reintegro a exportadores. También aparecen el no cobro de Bienes Personales (0,48% del PBI) de inmuebles rurales en el país y en el exterior. Además está Ganancias (0,39%), que está explicado por el no diferimiento del ajuste por inflación impositivo; junto con otros reintegros al comercio exterior (0,40% del PBI), y contribuciones patronales (0,17% del Producto).
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El último dato fiscal que publicó el Gobierno, con la información hasta septiembre, mostró que la meta trimestral con el Fondo Monetario fue incumplida, lo que será relevante para la discusión sobre el último desembolso del año, que está atado a haber alcanzado objetivos de reservas, déficit y emisión monetaria con fecha de corte al 30 de septiembre.
“El rojo primario acumulado en los primeros nueve meses de 2023 se encuentra en torno a los $2,63 billones (1,4% del PIB, según nuestras estimaciones), mostrando un crecimiento real de casi el 15% interanual. Del mismo modo, con estos números el Gobierno habría incumplido la meta de déficit primario acumulado acordada para el 3T en el programa con el FMI”, apuntó un informe de Ecolatina.
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“Los factores político-electorales sin duda afectarán la dinámica fiscal en el último trimestre del año. ¿A qué nos referimos? Estimamos que difícilmente el Gobierno cumpla con la meta fiscal para 2023. La magnitud del desvío dependerá no sólo de los incentivos político-electorales a expandir el Gasto Público, sino también del financiamiento neto obtenido en el mercado de deuda local”, planteó esa consultora.
“En cuanto a la meta fiscal del tercer trimestre, el gobierno la excedió por $297.000 millones aproximadamente. Es decir, sobrepasó el target acordado con el FMI por 13 por ciento. Al igual que lo observado durante los meses previos, de no ser por la sequía la meta habría sido alcanzada y se hubiese estado aproximadamente $1.072.000 millones por debajo de lo acordado”, indicó, por su parte, un informe de PxQ.
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“En los primeros 9 meses del año, el gasto primario acumula una baja de -5% respecto del mismo período 2022 traccionado, principalmente, por el recorte de subsidios energéticos (-25% anual) y al transporte (-15%), así como por la reducción del gasto en pensiones (-7,4%). Por su parte, las partidas de infraestructura (+13%) y salarios públicos (+6,3%) crecieron a pesar de la disminución del gasto total”, concluyó la consultora fundada por Emmanuel Álvarez Agis.
Por su lado, Iaraf aseguró que en los primeros nueve meses de manera acumulada el sector privado “tuvo un déficit primario de 1,44% del PBI, cuando el año pasado en igual periodo había tenido uno de 1,33% del PBI. Es decir que aumentó el déficit en 0,11 puntos porcentuales del PBI, ya que, el gasto primario bajó en 1,07 puntos porcentuales del PBI y los ingresos cayeron en 1,18 puntos porcentuales del PBI”, mencionó.
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“Al evaluar el desempeño del resultado primario excluyendo los ingresos por derechos de exportación, lo que permite excluir parcialmente el impacto directo de la sequía en los ingresos, el déficit primario descendería 0,76 puntos porcentuales”, completó.
En una conferencia de prensa ante medios internacionales, este lunes Massa aseguró que buscará hasta fin de año un camino de “austeridad” en el gasto. “Vamos a intentar que el Estado de aquí al 10 de diciembre que es cuando termina esta etapa y obviamente desde el 10 de diciembre en adelante tenga mayores signos de austeridad porque es muy importante”, dijo.
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