A pesar de las restricciones, el mercado descarta incumplimientos en el pago de la deuda en dólares

“No hay más dólares. Cuesta que se entienda”. Con esa frase, un funcionario del equipo económico justificó la norma que estableció el jueves último el Banco Central por la cual las provincias endeudadas en dólares quedaron limitadas, desde el viernes, a acceder al mercado de cambios oficial por sólo el 40% de los montos que deban pagar a sus acreedores.

Previsiblemente, la medida provocó el inmediato rechazo de varias de las provincias afectadas, principalmente Córdoba y Mendoza, que anticiparon llevarán sus quejas a la Justicia.

También es fuerte el malestar en Neuquén -”a nosotros se nos sigue liquidando la producción hidrocarburífera al tipo de cambio oficial. Nuestros ingresos están atados al tipo de cambio oficial”, se quejó su gobernador, Omar Gutiérrez- y en Entre Ríos. Particularmente las cuentas de la provincia que gobierna Gustavo Bordet, quedan algo apremiadas en este frente.

Es que, si bien la nueva normativa establece que las jurisdicciones deben presentar un plan de refinanciación de pagos con plazo no menor a 2 años, a lo que apunta el Gobierno en la práctica es a que las gobernaciones dispongan del uso de sus depósitos en dólares. Pero no en todos los casos, esos fondos son suficientes. Es el caso de Entre Ríos y también de Jujuy, las cuales se verán con un faltante de USD 9 millones que deberán ir a buscar por fuera del mercado oficial a un costo mucho mayor si no se revierte la decisión del Banco Central.

Pero lo cierto es que en el mercado descartan cualquier tipo de dificultades en el cumplimiento de esas obligaciones. Aunque sorprendió que el Gobierno adoptara una medida que apenas “ahorra” unos USD 280 millones a las reservas netas, que se mantienen en terreno negativo a pesar de la liquidación por el dólar soja 3. Es una cifra equivalente a una rueda de intervención negativa del Banco Central en un mal día.

Por eso, lo que sumó preocupación es “la señal de desesperación” como la definió un operador del mercado y que, en términos similares, confirmó la fuente oficial, consultada por el escaso beneficio de la medida que abre una batalla judicial con altas chances de perderla. “A esta altura, nada son mangos”, admitió.

La mirada de los inversores salta entonces de las provincias, especialmente de Córdoba que concentra más del 50% del monto involucrado, a la deuda soberana. Es que en los primeros días del próximo mes, es la Nación la que debe enfrentar un vencimiento por USD 1.000 millones con los tenedores de los bonos reestructurados por el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Es probable que para esa fecha, la negociación por los desembolsos pendientes con el FMI esté resuelta pero es por demás incierto que ese entendimiento sume fondos para afrontar ese pago.

Aun así, resulta inimaginable para los operadores del mercado un incumplimento a un mes de las elecciones primarias. “Si bien ese pago llevaría las reservas netas a un valor negativo inédito, le asignamos chance prácticamente nula de un impago a 1 mes de las PASO, dado el monto y el hecho que los depositantes no están yendo en masa a buscar sus divisas a los bancos”, sostuvo un informe de la consultora 1816, lo que sugiere que el Gobierno no tendrá otra alternativa que disponer de los encajes bancarios para evitar cualquier incumplimiento.

La misma mirada aportó el estratega de Adcap, Javier Casabal, quien también descartó el riesgo de incumplimiento de los bonos soberanos en la previa electoral. “Sería tirarse un tiro en el pie”, graficó aunque admitió que “muchas veces estas medidas buscan ´cuidar´ las reservas pero terminan enviando el mensaje opuesto al mercado”.

También para las provincias descartó cualquier evento disruptivo. Por el contrario, destacó el enfoque que han tenido mucho más amigable para con los inversores.. “Dado el tamaño de los vencimientos, creo que el riesgo de un incumplimiento antes de las PASO es muy limitado. Los gobiernos provinciales han tenido negociaciones de deuda en general mucho más market friendly que el Gobierno nacional, lo que muestra que se busca proteger la reputación y, por ende, el potencial acceso al mercado en el futuro”, agregó Casabal.

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