Cuántos dólares tiene cada provincia y por qué el BCRA obligó a usarlos para pagar deudas

Muchas de las jurisdicciones no tienen las divisas suficientes para cumplir la norma del Banco Central sin recurrir al mercado financiero. El impacto de la medida sobre las reservas y la brecha cambiaria

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Imagen de archivo de la fachada de la sede del Banco Central de Argentina en Buenos Aires (Argentina). EFE/DAVID FERNÁNDEZ
Imagen de archivo de la fachada de la sede del Banco Central de Argentina en Buenos Aires (Argentina). EFE/DAVID FERNÁNDEZ

La decisión del Banco Central de obligar a las provincias a usar dólares propios para hacer frente a los pagos de deuda en esa moneda con el objetivo de preservar las reservas de la entidad monetaria cumplirá sólo a medias. A diferencia del impacto que tuvo esa misma medida sobre el mercado cuando fue a las empresas a las que se les restringió el acceso al mercado oficial para los pagos de deuda, impulsándolas a usar sus propios dólares depositados en el exterior, en el caso de las provincias esa opción no está disponible.

Es decir, las jurisdicciones locales que cuentan con fondos en dólares los tienen depositados en el sistema financiero local. Eso implica que, aun cuando la Justicia avale la norma del Banco Central que les permite un acceso al dólar oficial por sólo el 40% de los vencimientos a afrontar y que Córdoba decidió reclamar en Tribunales, ese pago conllevará, de todos modos, una salida de depósitos que impactará en el nivel de reservas a través de la caída de encajes.

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En contrapartida, la norma del BCRA sí ayudaría a descomprimir la presión sobre el mercado único y libre de cambios (MULC), al “correr” una fuente de demanda. En ese sentido, las reservas acusarían el impacto en términos brutos, cuya caída de estabilizó en los últimos días torno a los USD 33.000 millones, pero no las reservas netas, hoy en terreno negativo.

Pero incluso desde esa perspectiva, un repaso de la deuda de las provincias y los fondos propios en dólares con los que cuentan para afrontarla en el marco de la nueva normativa indica que muchas jurisdicciones deberían salir a buscar dólares, es decir, comprarlos en el mercado financiero y, con ello, presionar sobre la brecha cambiaria.

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En cualquier caso, la norma tiene una principal “víctima”, que es la provincia de Córdoba, cuyo vencimiento de deuda no sólo es el más inminente sino también el más cuantioso. En volumen, sólo la provincia de Buenos Aires deberá afrontar un pago mayor -de USD 163 millones recien en septiembre- pero se trata de un vencimiento de intereses, por lo que no queda comprendido en el marco de la nueva normativa y el BCRA deberá otorgarle la totalidad de las divisas.

En un breve listado de los vencimientos de la deuda en contraste con su nivel de depósitos en dólares, la consultora financiera Adcap identificó a las jurisdicciones con mayor capacidad de pago propio y aquellas con menor cobertura. De las 14 provincias endeudadas en dólares, 8 deberán enfrentar vencimientos de capital en los próximos meses, entre ellas, Mendoza, Jujuy, Entre Rios, Chubut, Nequen, Salta y Tierra del Fuego además de Córdoba. De ese pelotón, algunas como el caso de Jujuy o Entre Ríos no tienen fondos suficientes en sus cuentas para cubrir la exigencia del BCRA.

En el caso de Córdoba, cumplir con la norma sancionada ayer le demandaría disponer de casi la totalidad de sus depósitos. La provincia cuenta con depósitos por USD 162 millones y un total de vencimientos por USD 240 millones. Tras pagar con sus propios dólares el 60% de la deuda, el saldo en sus cuentas sería de apenas USD 18 millones.

Esto porque. tal como señaló el Banco Central en un comunicado, se establece que las provincias “deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años”.

También Tierra del Fuego quedaría obligada a desprenderse de casi todos sus dólares para cumplir con la normativa, con un saldo de apenas USD 2 millones tras cancelar sus compromisos. El resto, como Mendoza o Salta, deberían disponer de sólo la mitad de sus recursos.

Sin embargo, en varias jurisdicciones advirtieron en conversaciones con sus asesores financieros que esos fondos no necesariamente son de “libre disponibilidad” para el pago de la deuda ya que una porción de ellos -adujeron- pueden estar compuestos por dinero que pertenece en rigor a empresas públicas u otros organismos.

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