El Gobierno oficializó este martes a través de una resolución en el Boletín Oficial que todas las áreas del Estado deberán elevar reportes de manera mensual en los que informarán qué cantidad de empleados públicos tienen en su nómina.
De acuerdo a un decreto publicado este martes y firmado por el jefe de Gabinete Juan Manzur y el minsitro de Economía Sergio Massa, el Gobierno puso en marcha el mecanismo por el cual buscará tener un seguimiento mensual de la cantidad de empleados públicos, tras el congelamiento de entradas de nuevos trabajadores a la dotación de personal estatal que decidió Massa al asumir como jefe del Palacio de Hacienda.
Forma parte de esa serie de decisiones que informó el ministro de Economía para llevar adelante un “ordenamiento fiscal” y que incluye además un corte en el financiamiento desde el Banco Central al Tesoro, una poda de recursos presupeustarios de distintas áreas del Estado y otras como anticipos de impuestos a las Ganancias para un grupo de empresas.
De acuerdo a la resolución, el congelamiento y la exigencia de informes mensuales incluirá a “las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, así como a los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional”, explicó el decreto.
En ese sentido, el Gobierno consideró que “deberán informar mensualmente al Indec (...) la variación de su dotación de personal para su publicación, en la forma en que disponga la reglamentación de la presente. La información remitida deberá también enviarse al órgano de fiscalización de cada sujeto obligado”, menciona la resolución.
En ese sentido, ampliaron que la decisión de congelamiento incluirá “las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual previstas en los artículos 90, 92 ter, 93 y 99, respectivamente, de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744″.
También estarán contempladas “contrataciones bajo el régimen de locación de servicios en forma individual”; y “la contratación de empresas dedicadas a la prestación de servicios eventuales, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo”.
“No estarán alcanzadas por dicha prohibición las contrataciones de personal por circunstancias de estacionalidad o requerimiento de producción debidamente acreditado, de acuerdo a las particularidades de cada empresa o sociedad”, concluyó el decreto.
Entre los considerandos en los que justifica la medida, el Poder Ejecutivo aseguró que “resulta necesario adoptar medidas con miras a garantizar el ejercicio eficiente y responsable de los recursos del Estado Nacional, en lo que hace a la contratación de personal, particularmente en lo que refiere a los regímenes de contratación de aquel que presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional”.
Desde su desembarco en el Ministerio de Economía, Massa mencionó que tendrá como una de sus prioridades un ordenamiento fiscal, ya que los equipos técnicos detectaron que la velocidad del gasto público derivaría, de continuar, en un desvío de 0,7 puntos del PBI de la meta fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional.
Serían, entonces, unos $500.000 millones que el Estado nacional buscaría ahorrar o conseguir mediante ingresos extra para cumplir con el objetivo de reducción de déficit primario, equivalente a 2,5% del Producto. Tal como publicó Infobae, el Gobierno buscará a través de distintas vías llegar a esa meta, en un plan que será conversado en las próximas semanas con el Fondo Monetario.
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