Por qué el 15 de septiembre es la fecha clave que definirá buena parte del futuro de Massa en Economía

El consenso de los analistas económicos y políticos, como el conjunto de la dirigencia empresaria coinciden en destacar que la crisis que enfrenta una vez más una Argentina sin rumbo tiene su origen en las severas diferencias en el seno de la coalición de Gobierno, y por tanto se necesitaba de un “operador”, como Sergio Massa, para recuperar el equilibrio y comenzar a reencauzar una economía que acumuló enormes distorsiones en todos los frentes: fiscal, monetario, cambiario y hasta financiero, y que agravó la dolorosa situación socioeconómico que ahora afecta a más del 50% de la población.

Muchos sintetizan semejante descalabro en la “falta de dólares”, porque parecen haber quedado eclipsados con la escalada en hasta un 30% de los tipos de cambio financiero que es la contracara de la evaporación de las reservas líquidas en divisas del Banco Central. Y, por tanto, -sostienen- con la recuperación del financiamiento externo por parte de un ministro que supo tejer amplias relaciones con el establishment de Wall Street, parte de la resolución de la crisis estará asegurada.

Sin embargo, lo que hoy parece como necesario luce claramente insuficiente para recuperar la confianza del conjunto de los agentes económicos y comenzar a transitar el camino a la desinflación y reactivación de la actividad agregada.

La pieza fundamental que falta, más allá de los nombres que integrarán el equipo de Hacienda, Finanzas, Relaciones Internacionales, y en particular con el sector productivo y comercial, es la presentación del Presupuesto Nacional de Gastos y Recursos de la Administración Central, Organismos Descentralizados y Empresas Públicas para el año próximo, con los ajustes propuestos para lo que resta del corriente año, la cual por mandato constitucional tiene como fecha límite el 15 de septiembre.

Claramente, en una Argentina en la que el último ministro de Economía apenas pudo mantenerse en el cargo 24 días, luego de un viaje relámpago a Washington para mantener encuentros con las máximas autoridades del FMI, de la Reserva Federal y de los principales bancos de inversión, esperar 45 días para conocer el real pensamiento y capacidad de ejecución de políticas por parte de Sergio Massa, es pensar en “muy largo plazo”.

Limitados grados de libertad

Sin duda, comenzar la gestión con una tasa de inflación que cierra julio en torno a 8%, equivalente a un ritmo anualizado del 150%; con reservas líquidas propias del Banco Central negativas en más de USD 2.000 millones; brecha cambiaria nominal del 120% a 130%, pero que sube a más de 220% para el exportador del complejo oleaginoso sojero, y por tanto el productor primario, porque recibe apenas $89 por cada dólar que liquida por sus ventas al resto del mundo, pero debe pagar en torno a $300 en el mercado financiero legal para acceder a las divisas que necesita para pagar importaciones de insumos básicos y repuestos y máquinas que no se producen en el país porque el Banco Central raciona las escasas divisas que le ingresan cada mes; junto al severo atraso tarifario que requiere una notable actualización, pero que encuentra a los ingresos de la mayor parte de la población tremendamente debilitados en su capacidad de pago, implica una tarea ardua y extremadamente “prolija”, para no caer en un nuevo fracaso anticipado.

De ahí que entre las primeras tareas que debería hacer el nuevo superministro es identificar las “filtraciones” en el gasto público nacional que han provocado que pese a acumular 22 meses consecutivos de aumento real (por sobre la tasa de inflación) de los recursos tributarios percibidos por la AFIP, se haya desbordado el déficit fiscal, más allá de que la “contabilidad creativa” de sumar “rentas de propiedad” y la “cómplice” auditoría del FMI posibilitaron cerrar el segundo trimestre con cumplimiento de las metas fiscal y de reservas, porque al final del día lo que queda es el cambio de ministro de Economía por segunda vez en menos de 30 días.

La decisión de volver a la tradicional estructura ministerial con una cartera “madre” y varias secretarías y subsecretarías, mal que le pese a quienes consideran que su área justifica ese carácter, como el agro, la industria, la energía, el turismo, entre muchas otras que debieran también concentrarse, constituye una buena señal hacia la racionalización del gasto público, siempre y cuando a sus máximos funcionarios y asesores más cercanos no se le asignen remuneraciones de rango ministerial, como ha sido una de las características de los últimos gobiernos, y el actual no es la excepción.

Pero también será clave explicitar en la propuesta de gastos para lo que resta del año y en particular para 2023 que no sólo se pedirá autorización al Congreso para congelar el empleo en sector público consolidado, sino dar un paso más hacia la disminución efectiva de la nómina en áreas burocráticas claramente prescindibles, para poder comenzar a revalorizar y fortalecer otras imprescindibles como las vinculas con el sistema de salud, educación y seguridad pública.

Y, del lado de los recursos prescindir de cualquier pedido de Impuesto de Emergencia, como a las “Rentas Inesperadas”, porque si realmente fueran tales debieran pagar más por el Impuesto a las Ganancias vigente, y las mayores posibilidades de consumo que tendrían los sectores más favorecidos por la coyuntura.

Del lado financiero y monetario, también será clave establecer cómo será la política para no sólo que el fisco renuncie a la asistencia del Banco Central, sino que comience a ordenar sus finanzas y reduzca la abultada acumulación de “Adelantos Transitorios” de la entidad a la Tesorería General de la Nación, y los incentivos para recrear el ahorro interno, clave para recuperar el vapuleado valor del peso.

La falta de presentación de un Plan Integral y de un Presupuesto consistente y cumplible, dadas las limitaciones que impone la heterogénea alianza de gobierno, prenunció hace 10 meses la caída de las acciones del ex ministro Martín Guzmán, y más rápido de Silvina Batakis que más allá de anunciar que estaba de acuerdo con el “equilibrio fiscal” no sólo no llegó a instrumentar las primeras medidas anunciadas para contener el gasto público, sino que, peor aún, manifestó su adhesión a la propuesta de legislar un impuesto a las rentas inesperadas, y recibió la señal directa desde lo más alto del Poder Ejecutivo de aumentar la asistencia social, y del Congreso de ampliar la moratoria previsional para las mujeres que no pudieron cumplir con los años mínimos de aportes al Sistema de la Seguridad Social.

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