En su expresión epistolar pública en los días previos a que el Gobierno decidiera evitar el default con el FMI, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se quejó de que durante todo el año pasado la Argentina pagó al Fondo Monetario USD 5.160 millones en concepto de capital e intereses de la deuda.
A última hora del jueves, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, se quejó del alto costo fiscal de los subsidios a la energía, a los que calificó de “generosos” y los ubicó en el centro de los reclamos para avanzar en el acuerdo definitivo. Aunque los dichos de una y otra no eran un intercambio directo entre ellas, lo cierto es que las cifras hablan por sí solas y explican, más allá de las distorsiones macroeconómicas, la inflexibilidad del Fondo con el ajuste tarifario.
Esto porque el Gobierno destinó USD 11.000 millones a subsidiar los precios de la energía durante todo 2021, más del doble de lo que se destinó a cancelar los vencimientos acordados con el FMI según el calendario de pagos todavía vigente. La cifra representa un incremento de 137% respecto del año anterior y sólo puede seguir creciendo a menos que el incremento de tarifas sea mayor al 20% promedio en el que insiste la Secretaría de Energía.
En este sentido, tal como informó Infobae, si las tarifas registraran un incremento del doble de lo que admite hasta ahora el Gobierno, es decir una suba de 40%, el monto destinado a subsidiar las facturas de los usuarios apenas se reduciría a USD 10.500 millones. Si, en cambio, se confirmara el incremento de 20%, el gasto necesario subiría al menos 10% y comprometería la pauta fiscal de 2,5% consensuada hasta el momento.
En cualquier caso, esas cifras equivalen a más de la mitad de los vencimientos que el Gobierno busca refinanciar en 2022, dada la alta concentración en el corto plazo. Sin mediar un acuerdo definitivo, el Gobierno debería cancelar este año unos USD 19.000 millones para honrar puntualmente la deuda que vence sólo con el FMI. No se computan, en esa cuenta, las obligaciones con los otros organismos multilaterales y el Club de París.
Pero no sólo en términos fiscales el atraso tarifario representa un problema. También para el Banco Central, la creciente necesidad de dólares para importar energía se transformó, el invierno pasado, en un motivo de preocupación. En todo el año, se escurrieron por esta vía USD 5.800 millones.
Con estos números en el panorama, no resulta extraño que el Fondo Monetario considere el aumento de tarifas una condición sine qua non para el nuevo acuerdo.
Sin embargo, no existen definiciones concretas. Por caso, la Subsecretaría de Energía Eléctrica publicó en la semana un informe en el que admite que los usuarios pagan con la tarifa actual apenas 35% del costo de la electricidad, 31 puntos menos que hace dos años.
Por su parte, el ENRE, dirigido Federico Basualdo, el funcionario que el ministro de Economía, Martín Guzmán, quiso echar en abril del año pasado, presentó el viernes una propuesta de segmentación de tarifas en función de la ubicación y valor inmobiliario para retirar los subsidios a unos 487.000 usuarios. En principio, no sería la segmentación definitiva. Es que más allá de la complejidad de la implementación -la propia Cristina Fernández de Kirchner intentó en 2011 una idea similar- la segmentación podría ser jurídicamente discutible.
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