
La discusión respecto al ritmo del ajuste fiscal que debería encarar la Argentina domina la agenda con el Fondo Monetario, según explicitó ayer el ministro de Economía. En su presentación ante gobernadores, Martín Guzmán dejó en claro que se trata del tema principal que traba el acuerdo con organismo. Según su visión, el equilibrio fiscal recién se terminaría alcanzando en 2027. Aunque no lo dijo, está claro que para el FMI esto debería suceder mucho antes.
El propio ministro reconoció que la disminución del déficit fue mucho mayor que la esperada, pasando de 6,5% en 2020 a sólo 3% en 2021. Sin embargo, también dejó sobrevolando la idea que un ajuste más acelerado en los próximos años iría en contra del crecimiento económico.
Las consideraciones efectuadas por Guzmán no despejaron las dudas respecto a los tiempos para llegar al acuerdo. En realidad, la Argentina ingresó en la cuenta regresiva para alcanzar un entendimiento, ya que el 22 de marzo vencen USD 2.800 millonens con el FMI que resultan imposibles de pagar. Además, hay otros dos vencimientos entre enero y febrero por poco más de USD 1.000 millones, que serán cancelados nuevamente con reservas.
Con este panorama, resulta vital ahora alcanzar un entendimiento dentro de los próximos 60 días. Esto permitiría postergar postergar más de USD 40.000 millones que habrá que pagarle al Fondo entre 2022 y 2023, incluyendo una deuda con el Club de París.
En caso que no se llegue a un arreglo para ese momento, la Argentina corre riesgo de caer en default con el organismo. Esto generaría fuertes consecuencias desde el punto de vista financiero y también de pérdida adicional de la confianza de los inversores, lo que podría repercutir en el valor de los bonos y del dólar.

La presentación de Guzmán mezcló algunos aspectos más técnicos, con otras consideraciones con tono fuertemente político e ideológico. Entre otras cuestiones, aseguró que “primero que todo está cuidar los intereses de nuestra patria”, luego afirmó que “nosotros nos ponemos la camiseta de Argentina para negociar”.
Faltaron referencias claves en la presentación, por ejemplo no se mencionó cuál es el objetivo de reducción de la inflación, el ministro solo defendió que se trata de un “fenómeno multicausal” y no causa estrictamente de aspectos monetarios. Tampoco fue explícito a la hora de explicar cuál es la postura del FMI respecto a la reducción del rojo fiscal. Y en todo momento se mostró contrario a la idea de aceptar un ajuste.
Uno de los pocos datos concretos fue el relacionado a la necesidad de acumular reservas, algo en lo que coinciden ambas partes.
Guzmán aseguró que el objetivo sería que aumenten entre USD 3.000 y USD 4.000 millones por año para fortalecer el balance del Banco Central, aunque tampoco explicitó cómo se podría lograr. Se trata de otro aspecto delicado del acuerdo, ya que no está para nada claro de qué manera el Gobierno puede conseguir ese objetivo, cuando ni siquiera lo logró tras la cosecha récord del 2021.

El ministro también reconoció que el objetivo es que con el tiempo deje de haber una ayuda sistémica del Banco Central al Tesoro, vía emisión monetaria. Sin embargo, esto queda supeditado al ritmo de reducción del déficit fiscal. En la medida que el rojo de las cuentas públicas disminuya será más fácil financiarse exclusivamente con colocación de deuda en el mercado local. Pero hoy todavía es una opción lejana.
De la exposición de Guzmán no termina de quedar claro si continúa planteando las diferencias con el FMI para hacer más digerible el acuerdo desde el punto de vista político. O si realmente las diferencias de criterio en materia de déficit fiscal podrían hacer naufragar el entendimiento, al menos en los tiempos que requiere el Gobierno para evitar el default con el organismo.
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