Cuánto dinero cuesta el bono a los jubilados y por qué puede impactar en la discusión con el Fondo

El pago extra de fin de año para jubilados apareció en el momento menos oportuno para el titular de Economía, apurado en cerrar el acuerdo con el FMI y enviar señales de tranquilidad al mercado

(Nicolás Stulberg)
(Nicolás Stulberg)

La discusión más previsible llegó en el momento menos oportuno. Es una definición ajustada que le cabe a las recientes declaraciones contradictorias de funcionarias del Gobierno sobre las posibles medidas de contención social típicas de fin de año, que se dieron en simultáneo con la necesidad de generar una señal a la economía invocando el acuerdo con el Fondo Monetario.

Al mismo tiempo que el Gobierno anunciaba, la semana pasada, el envío de un equipo del Ministerio de Economía a Washington para avanzar en las negociaciones con el FMI, en las que se discute esencialmente el monto y el modo de financiamiento del gasto para el que no hay recursos suficientes, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, hacían afirmaciones opuestas respecto de un bono de fin de año para los jubilados. La medida, iniciativa habitual del repertorio de todos los gobiernos para esta época del año, no tiene hasta ahora lugar en el Presupuesto que todos los meses amplía Guzmán.

Es que su implementación tiene un alto costo fiscal. Si se otorgara con similares características al bono que ya se pagó en agosto de este año, cuando se definió una cifra de $5.000 por beneficiario, el monto total ascendería a los $60.000 millones. No se trata, precisamente, del gesto que tanto el mercado como el propio FMI está esperando en plan de encarrilar las tratativas hacia un nuevo entendimiento. En agosto, claro, el contexto era diferente: la campaña electoral estaba en plena etapa de desarrollo y el Gobierno buscaba por todos los medios mejorar el poder adquisitivo de los distintos sectores de la población. El esfuerzo se orientó, en esa instancia, particularmente a los jubilados y titulares de planes sociales, sobre quienes recayó el ajuste de las cuentas públicas -en inédito equilibrio- durante el primer semestre. Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario era, en ese momento, un objetivo lejano en el tiempo y por demás incómodo.

La medida pondría el dedo en la llaga: el pedido del Fondo de recortar el gasto social discrecional, es decir, aquel que no se ajusta por fórmula de movilidad como la Tarjeta Alimentar. Ese gasto se triplicó en los últimos dos años

Ahora, la situación es la inversa. El Gobierno busca acelerar esa negociación, en la que el nivel de gasto y déficit es crucial. De ahí que fuentes al tanto de la discusión admiten que los dichos de Raverta son la única información que tienen respecto del bono, mientras que en la Anses admiten que aún no hay mayores definiciones al respecto. Lo cierto es que quienes consideran inconveniente el debate (y la medida) apelan a un antecedente reciente para darla por descartada. Recuerdan que tanto el bono para los haberes jubilatorios como una nueva edición del IFE, medidas que hubieran implicado un costo cercano a los $100.000 millones, ya se habían discutido tras la derrota del oficialismo en las PASO en septiembre, cuando Raverta también aseguró que se estaba evaluando la cuarta edición del ingreso familiar de emergencia. Sin embargo, fueron iniciativas que nunca vieron la luz a pesar de la fuerte presión política para revertir ese resultado electoral.

La situación ahora abona los argumentos de Guzmán. En principio, con el último aumento del año las jubilaciones lograrán empatar el nivel de inflación durante 2021, lo que quita fuerza a la necesidad de “recomponer” esos haberes. Por el otro lado, si bien se sobrecumplirán las metas definidas de desequilibrio fiscal para este año, el alto nivel inflación restringe el margen para aumentar el gasto sin financiamiento genuino.

Finalmente, la medida pone el dedo en la llaga: el pedido del Fondo de recortar el gasto social discrecional, es decir, aquel que no se ajusta por fórmula de movilidad como la Tarjeta Alimentar. Ese gasto se triplicó en los últimos dos años. Sin los recursos extraordinarios que ingresaron este año por el precio récord de la soja y el impuesto a la riqueza combinado con la aceleración del gasto desde julio, el rojo fiscal pasaría de 2,4% del PBI este año a cerca de 5% para el año próximo. Esto sin el ajuste que pide el FMI. Se sabe, el corazón del ajuste pasará por los subsidios a las tarifas pero para el economista de la consultora MindY, Francisco Ballester, eso puede resultar insuficiente. “Dado el nivel del déficit fiscal y la composición actual del gasto público, hoy, a diferencia de años anteriores, la tarea de reordenar el gasto social se ha vuelto mucho más relevante”.

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