Impuesto a la riqueza: la AFIP recaudó menos del 60% de lo que preveía a principios de año

La AFIP inició diciembre habiendo recaudado poco menos del 60% de lo que buscaba con el impuesto extraordinario para las grandes fortunas. Al último día de noviembre el fisco recolectó $237.300 millones. De esa forma, desde que operó el vencimiento del pago voluntario sumó $10.000 millones por ejecuciones fiscales.

El organismo tributario estimaba, durante la discusión legislativa del impuesto a la riqueza, un techo potencial de recaudación de unos $400.000 millones. Desde que se puso en marcha el tributo especial lo pagaron unas 10.600 personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

La mayor parte del monto del aporte solidario fue recibido por AFIP en la fecha de cierre del llamado a realizar la declaración jurada, que fue en abril pasado. Tras esa fecha de corte, la recaudación redondeó unos $223.000 millones y fue alcanzado un universo cercano al 80% de los que se esperaba que pagaran el tributo en ese momento, de acuerdo a la información con la que contaba el fisco.

Tras esa primera instancia y de finalizado el plan de pagos que el Gobierno había otorgado, AFIP continuó buscando contribuyentes a través de tareas de inspección y de control para localizar a quienes no declararon ni pagaron el aporte a pesar de estar incluidos bajo el umbral patrimonial establecido en la ley. Con este tipo de procedimientos recaudó el resto del saldo registrado hasta fines de noviembre.

Las últimas ejecuciones fiscales que AFIP realizó durante noviembre, por ejemplo, reportaron otros $1.500 millones de impuesto a la riqueza, sobre unas 100 personas que no lo pagaron. Las ejecuciones fiscales y los embargos, de hecho, están suspendidos por AFIP como parte de las medidas durante la pandemia, pero en mayo el organismo decidió hacer una excepción y habilitó esa posibilidad para potenciales aportantes del tributo especial.

El Gobierno utilizó un muy bajo porcentaje de los recursos que recaudó con el nuevo impuesto a las grandes fortunas, tal como reflejó Infobae. Según la utilización establecida por ley para esos recursos, el saldo se destinaría a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs con subsidios y créditos, urbanizar los barrios populares con obras que empleen a los vecinos de cada barrio, hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y también para financiar un relanzamiento del plan Progresar.

En Educación -gestión de Nicolás Trotta- solo se ejecutó el 11% de los fondos destinados a las Becas Progresar: $ 5.000 millones sobre $45.000 millones, de acuerdo a las cifras del presupuesto analizadas por Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

También la ejecución del Fondo de Integración Social Urbana (FISU), que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social, fue escasa, ya que se recaudaron $50.000 millones para este área, pero tienen proyectos por sólo $9.000 millones y han pagado de modo efectivo al 30 de septiembre $2.000 millones, según cifras oficiales. En el caso de las pymes, se ejecutaron $40.000 millones sobre $45.000 y en Salud, para insumos médicos, $44.311 sobre $45.009 millones, según las cifras oficiales analizadas por ASAP.

La ley contemplaba el cobro de 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley más de $200 millones. Esa tasa se eleva al 2,25% en casos bienes por entre $300 y $400 millones, al 2,50% entre $ 400 y $ 600 millones y al 2,75% cuando sea de $600 a $800 millones. La tasa sube al 3% cuando los patrimonios oscilen entre $800 y $1.500 millones; al 3,25% para el rango de $ 1.500 a $ 3.000 millones, y a partir de esa cifra es del 3,5 por ciento.

Tomando en cuenta los bienes en el exterior, de todas formas, la alícuota más alta llegó al 5,25% del patrimonio. Algunos contribuyentes decidieron recurrir a la Justicia por considerar que su cobro era confiscatorio, y en algunos casos incluso ya consiguieron fallos favorables en primera y segunda instancia. Como argumento, sostienen que el patrimonio pagó de manera duplicada ya que también recayó el pago de Bienes Personales.

La aplicación del impuesto a la riqueza generó cuestionamientos entre los contadores y asesores tributarios. “Este impuesto fue algo insólito en el mundo, porque se creó en un contexto de presión fiscal récord en el país y en donde ya existía un impuesto a la riqueza (Bienes Personales). Por otro lado, fue gestado y aprobado sin consensos, rompiendo una relativa seguridad jurídica y con una ideología marcadamente anti inversión, sin gestos de austeridad por parte de la política y sin medir las consecuencias prácticas en la economía”, mencionó el abogado Diego Fraga.

“En conjunto con muchas otras políticas que se llevaron adelante desde el gobierno contribuyó claramente al éxodo de empresas y residentes fiscales, justo en un momento en el que el país necesita de inversiones. La judicialización no fue tan alta como se esperaba porque desde el poder político se llevó una presión sin precedentes sobre quienes pretendían defender sus legítimos derechos”, aseguró.

El impuesto a la riqueza provocó un buen número de acciones judiciales para evitar su cobro, y algunos de ellos ya tienen fallos de primera y segunda instancia. Tal como reflejó Infobae, por ejemplo, la cámara federal de Mendoza ya ratificó sentencias de primera instancia, por lo que ahora deberán ser debatidos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por otro lado, juzgados de primera instancia de otras provincias también han concedido medidas similares, mientras que el pedido de otros contribuyentes fue rechazado.

Otro grupo de contribuyentes eligió una estrategia distinta, y en lugar de pedir una medida cautelar, esperaron a que la AFIP inicie la fiscalización, haga la determinación de oficio para en ese momento recurrir al Tribunal Fiscal de la Nación y, si fuera necesario, a la Justicia ordinaria.

En términos nominales, la recaudación del impuesto a la riqueza terminó siendo un tributo menor en el paisaje impositivo argentino. Solamente con fines comparativos, solo en noviembre el impuesto a las Ganancias le generó al fisco $228.000 millones, casi todo lo que percibió el organismo tributario por el aporte de las grandes fortunas. Incluso solo un mes de IVA alcanzó a superarlo, ya que se recaudaron en noviembre $312.000 millones.

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