Cómo pasó Argentina de ofrecerle USD 1.000 millones a México en 1995 a pedirle ahora ayuda para pagar la deuda

La historia podría llamarse “El momento en que Argentina casi se convierte en acreedor de uno de los países más importantes de América latina”, se produjo cuando gobierno de Estados Unidos le pidió a la Argentina que le prestara dinero a México ante el estallido de la crisis del efecto Tequila en 1995.

Ya pasaron 26 años desde entonces y la Argentina se transformó de aquel potencial acreedor a un deudor serial en problemas. En aquel entonces, el país estaba en camino a convertirse en un país miembro del G20, la estabilidad cambiaria no estaba puesta en duda y la inflación parecía haber quedado desterrada, aunque el desempleo ya se había disparado a los dos dígitos hasta rozar casi el 18 por ciento.

“Pasamos de poner recursos a disposición de México a tener que negociar un programa con el FMI para poder seguir pagando”, dijo el ex ministro Roque Fernández a Infobae.

En aquel contexto, tras contar en sus primeros dos años con el ex senador texano Lloyd Bentsen como secretario del Tesoro, el joven y carismático presidente Bill Clinton giró hacia una estrategia más contundente para reducir el déficit fiscal y expandir el mercado de capitales. Los elegidos para este cambio combinaban la experiencia de Wall Street y la sabiduría del claustro académico. Robert Rubin, de Goldman Sachs, se transformó en el nuevo secretario del Tesoro y Lawrence Summers, de la Universidad de Harvard, en su subsecretario.

El arranque de la gestión de los funcionarios no resultó sencillo, ya que a los pocos meses comenzó el “Efecto Tequila”. El desconcierto inicial generado por la crisis mexicana se transformó en temor en la capital de los EE.UU., cuando la Reserva Federal pronosticó que una caída severa del país vecino podía provocar una recesión del 2% en los EE.UU.

El presidente del organismo, Alan Greenspan, tuvo que dejar de lado su resistencia a brindar una ayuda directa al gobierno de Ernesto Zedillo y se sumó a la propuesta de Rubin y Summers de negociar el apoyo del Congreso para obtener USD 40.000 millones que evitaran el default. Sin embargo, los principales líderes del Poder Legislativo les dejaron en claro a los funcionarios que en un año electoral el proyecto no podía aprobarse, aunque brindaron su consentimiento tácito para que el Tesoro utilizara recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria por USD 20.000 millones, que luego se redujeron a USD 12.000 millones, sin intervención del Congreso.

Con el aporte del Banco Internacional de Pagos de Basilea, del FMI y de los bancos multilaterales, se arribó a un paquete de USD 38.000 millones que permitió apagar el incendio. Mientras se desarrollaba esa pelea en Washington, el Tesoro le pidió una ayuda algo simbólica al entonces ministro Domingo Cavallo.

“Larry Summers nos pidió que hiciéramos ese gesto para que ellos pudieran presionar al Congreso que se negaba a asignar recursos para ayudar a México. Hablamos de esa posibilidad con Brasil, pero como la crisis nos golpeó a nosotros y perdimos muchas reservas el tema quedó en la nada cuando Clinton decidió utilizar el fondo de estabilización cambiaria manejado por el ejecutivo y no necesitó apoyo de su congreso”, le dijo Cavallo a Infobae.

“La Argentina puso a disposición de México un crédito de USD 1.000 millones”, agregó Roque Fernández, entonces presidente del Banco Central y luego ministro cuando Cavallo se fue.

Pablo Guidotti, mano derecha de Roque Fernández en ambos organismos públicos recordó en diálogo con Infobae que “en marzo de 1995 hubo una discusión para ver si la Argentina aportaba una línea contingente a las reservas de México”.

“Como parte del mega-paquete de ayuda, nosotros comprometimos USD 100 millones a modo de window dressing, junto con Brasil”, detalló.

El problema, admitieron, es que la situación comenzó a complicarse en la Argentina porque la crisis mexicana impactó sobre una corrida en el sistema financiero local.

Entre la primera devaluación mexicana y el 22 de marzo de 1995 se produjo una caída de USD 7.200 millones en los depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero argentino.

En público, Domingo Cavallo elogiaba abiertamente a Roque Fernández. “El Banco Central hizo una política excelente”, afirmaba. Pero puertas adentro del Palacio de Hacienda el ministro creía que Fernández subestimaba la importancia de la crisis y que no cumplía con una adecuada supervisión del sistema financiero local. A su vez, el titular del Banco Central y su poderoso vicepresidente, Pedro Pou, pensaban que el ministro no quería pagar el costo político de cerrar bancos y que el origen del problema era fiscal.

La conducción del Central eligió una política de sintonía fina, que comenzó con una red de seguridad financiada con un encaje adicional del 2% para enfrentar los problemas de iliquidez de los bancos con USD 800 millones otorgados en redescuentos. Las medidas no detuvieron la fuga de capitales, y el ministro decidió que el manejo de la crítica situación quedara a cargo de su estrecho colaborador Horacio Liendo.

A principios de marzo este abogado sacudió al mercado cuando impulsó una reforma en la carta orgánica del Banco Central que autorizaba a la entidad a solventar al sistema financiero. Con la cabeza puesta en la convertibilidad de Hong Kong, Liendo consideraba que los bancos debían contar con un capitalista “de último recurso”. Su siguiente propuesta fue la creación de dos fondos fiduciarios para financiar el ajuste, que desembocó en el cierre de cuarenta bancos y la privatización de cinco entidades públicas provinciales en menos de un año. Los 205 bancos que poblaban el sistema en 1995 se redujeron a 113 en el 2000.

En forma paralela, tras decidir cortar el programa con el FMI, Cavallo daba marcha atrás y oficializaba el nuevo plan de ajuste, que incluía la baja de salarios, la suba del IVA y nuevas privatizaciones en el sector energético, a cambio de un paquete de asistencia de USD 2.400 millones del FMI, USD 1.300 millones del Banco Mundial y USD 1.000 millones del BID.

En el sector privado, Cavallo negociaría con el apoyo de William Rhodes del Citibank el denominado “Bono Patriótico”, que, junto con un préstamo con los bancos, aportó otros USD 2.000 millones. A fines de junio de 1995, luego de una caída del 20% en los depósitos desde el inicio del “Tequila”, se detuvo la fuga, aunque la economía se encaminaba a sufrir una recesión del 2,8%, con un nivel de desempleo del 17,5% y una deuda de 98.547 millones de dólares.

Sin embargo, Menem lograría su reelección ese año y en 1996 la economía volvería a crecer, hasta toparse en 1998 con la siguiente crisis externa y entrar en un círculo vicioso que no podría abandonar hasta el fin de la convertibilidad en 2001. Desde entonces, la fractura social del país quedó completamente expuesta y el país estuvo en default casi todo el tiempo, salvo un breve lapso durante el gobierno de Mauricio Macri.

Ahora, el Gobierno lucha por no caer en cesación de pagos con el FMI y por este motivo busca que varios países, entre ellos México, lo ayuden a conseguir más recursos de terceros países para seguir pagando la deuda, muy lejos de aquella comodidad externa de la década del 90, y con compromisos acumulados por la Administración Central al récord de USD 343.500 millones a fines de junio último.

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