Las tarifas eléctricas representan el principal peso de los subsidios económicos, lo que explica la preocupación de Martín Guzmán por realizar ajustes. El atraso tarifario es cada vez más elocuente: en 2019 el pago de las facturas de electricidad representaba el 64% del costo real del servicio, ese porcentaje cayó a 54% el año pasado y la estimación es que este año apenas llegará al 45%.
En otras palabras, más de la mitad del costo de la tarifa de electricidad residencial no será cubierto por el pago de los usuarios y estará subsidiada por el Estado. En la ecuación entran dos componentes principales: la suba del tipo de cambio y el precio del petróleo. El aumento de 9% que definió el Gobierno esta semana, en medio de una fuerte tormenta política, no llega a compensar ni por asomo la suba de costos. Tanto Edenor como Edesur habían solicitado aumentos en las tarifas cercanos al 30% sólo para mantener la calidad del servicio, sin contemplar nuevas inversiones.
Los datos sobre el costo de la electricidad los publica mensualmente Cammesa (Cámara Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). Allí figuran detalladamente los costos de la generación y el transporte eléctrico, que es el que deben pagar las compañías distribuidoras. La diferencia entre esos costos y la tarifa arroja el nivel de subsidios. De allí surge justamente que en 2020 cayó 10 puntos porcentuales la cobertura del costo eléctrico con tarifa y este año podría suceder otro tanto.
Según las proyecciones que también parten de Cammesa, el trimestre que arrancó en mayo arrojará un déficit para el sistema de $ 132.000 millones. Ése es el monto millonario de subsidios que tendrá que pagar el Gobierno sólo para cubrir los costos de la electricidad. Según el Presupuesto el déficit del sector eléctrico debería permanecer constante en 1,7% del PBI. Pero terminará siendo mucho mayor, seguramente arriba de 2% del PBI, porque el aumento tarifario estará muy por debajo de lo planificado por el ministro de Economía.
Este cuadro explica la preocupación de Martín Guzmán por avanzar con más aumentos tarifarios. Su propuesta consistía en dos aumentos de 9% cada uno a lo largo del año para Edenor y Edesur, pero además una segmentación de tarifas para que paguen más aquellos usuarios de mayor poder adquisitivo.
Sin embargo, el planteo chocó con la férrea negativa de dos altos representantes de La Cámpora en el Gobierno con injerencia en los servicios públicos. Por un lado Federico Bernal, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y de Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica. Este último se negó a renunciar pese al pedido de Guzmán y del propio jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. No sólo quedó expuesta las dificultades para la toma de decisiones del ministro de Economía, sino la propia autoridad presidencial.
Para los camporistas, no es el momento de avanzar con ajustes más agresivos de la tarifa eléctrica, al menos hasta las elecciones legislativas. La idea es no generar más presión sobre todo en los bonaerenses, donde la pobreza ya supera el 50%. Claro que la consecuencia de este atraso tarifario es que los subsidios son cada vez más abultados.
En los próximos días también se definirá un nuevo aumento de la tarifa de gas, que estaría en el orden del 6% al 7%, lo que también aumentará la necesidad de subsidios. Además, se vienen los meses más fríos y habrá que importar gas ante la caída de la producción local. Según cálculos de especialistas en el sector, las importaciones demandarán unos USD 1.200 millones, lo que impactará negativamente en el balance cambiario.
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