Cómo funcionará el registro para que el Estado asista a los inquilinos que se encuentren cerca de ser desalojados

A partir del 1º de abril dejará de estar vigente el decreto que suspendió los desalojos por falta de pago de alquileres. Ante el fin de la medida, el Gobierno impulsa un nuevo registro que funcionará como una base de datos con los inquilinos que se encuentren al borde de un posible desalojo. A través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, se creó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos.

“Con el protocolo se va a recolectar información sobre casos concretos de desalojos en el próximo tiempo, ya sea porque los inquilinos no pueden sostener los contratos o porque están vencidos. En otros países, estas situaciones se suelen afrontar con alquileres promovidos con un parque habitacional propio del Estado, pero la Argentina no tiene esa opción; o con subsidios, que en nuestro caso no tienen una partida prevista en el Presupuesto”, destacó Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Desde el ministerio, buscarán que las familias desalojadas tengan prioridad para acceder a los planes de viviendas del Estado, como Casa Propia –que prevé la construcción de 264.000 viviendas en tres años– o Procrear. Para eso, el ministerio coordinará la información y firmará convenios con los gobiernos provinciales o municipales, que son los entes ejecutores de los distintos planes de vivienda.

“Con este protocolo se busca unir la demanda de familias en situación de desalojo y una posibilidad de resolverlo. Que los sectores más vulnerables tengan prioridad para acceder a los cupos que se generen de acceso a viviendas”, explicó Scatolini.

¿Cómo se obtendrán los datos para el registro de familias en situación de desalojo? El registro de contratos de alquiler ante la AFIP está vigente recién desde este mes y solo para contratos firmados a partir de julio del año pasado. Por lo tanto, desde el ministerio recurrirán también a otras fuentes como las instancias de mediación previstas por la Ley de Alquileres y la información de las cámaras civiles y comerciales que en instancia de apelación intervienen en los juicios de desalojos. “Vamos a buscar fuentes de información para poder analizar esa demanda y ordenarla”, agregó el funcionario.

Por ahora, desde el ministerio aseguran que es incierta la cantidad de desalojos que pueden darse a partir del mes próximo, cuando vence el plazo de la medida que los había suspendido. Algunas organizaciones realizaron sus propias estimaciones. Desde el CELS, por ejemplo, hablan de un “escenario inminente de multiplicación de desalojos”.

El organismo y la Universidad Nacional de San Martín realizaron una encuesta en septiembre pasado, donde el 65% de los inquilinos del AMBA había perdido ingresos y el 80% había contraído deudas para costear los gastos cotidianos. En tanto, la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional muestra que cerca de 300.000 hogares arrastran deuda de alquileres de hasta cinco meses. Además, destacaron que muchos propietarios iniciaron juicios durante 2020. Por eso, apenas finalice el plazo del decreto, muchos de los casos judicializados comenzarán a dictar desalojos.

“La cantidad de desalojos que se pueden dar es por ahora un número incierto. Vamos a ir recabando la información. El Estado nacional no tiene un parque habitacional propio para ofrecer alquileres. Estamos financiando programas de construcción de viviendas. El Estado genera vivienda promovida que son proyectos a mediano y largo plazo, pero, mientras tanto, para los casos urgentes y concretos se buscará darles prioridad de acceso a las viviendas financiadas por el Estado”, señaló Scatolini.

El marzo del año pasado, a poco del comienzo de la pandemia, el Gobierno a través de un decreto dispuso la suspensión de la ejecución de las sentencias judiciales de desalojo de inmuebles por el incumplimiento de los pagos y también prorrogó la vigencia de los contratos de alquiler y congeló los precios. La medida fue prorrogada varias veces, pero finalmente se decidió que no tendrá más extensiones en los plazos y vencerá a fines de marzo.

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