La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifestó su preocupación por la aprobación en el Congreso del llamado Consenso Fiscal 2020. Según explicaron en un comunicado, la nueva norma habilitará a gobiernos provinciales y municipales a aumentar sus impuestos sin límites en los topes máximos, gravar ingresos que estaban exentos y aplicar impuestos a la nómina salarial de las empresas.
“Sin duda situaciones extraordinarias requieren enfoques distintos de los usuales y por eso creemos que es fundamental aprovechar la experiencia para evitar repetir errores pasados. En este sentido, si bien los compromisos firmados en el 2017 entre la Nación, las provincias y CABA, orientados a suprimir impuestos o ir reduciendo progresivamente sus alícuotas, fueron suspendidos en el 2018 y en el 2019, en ambos casos se suspendía el esquema de rebajas, pero no se habilitaba su aumento”, señalaron.
“El nuevo Consenso Fiscal 2020, no solo no contempla compromisos provinciales y municipales para reducir niveles de gastos superfluos, sino que se habilita también la posibilidad de aumentar los impuestos en dichas provincias y municipios. Consideramos que estas medidas no ayudarán a recuperar la actividad económica, mejorar los salarios y el empleo, ni mucho menos reducir los niveles de pobreza e indigencia que nos interpelan a todos los argentinos”, agregaron.
A fines de febrero, el Senado dio media sanción al proyecto del Consenso Fiscal, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gran parte de los gobernadores —excepto los de CABA, La Pampa y San Luis— a comienzos de diciembre del año pasado. Entre los distintos puntos, el proyecto contempla la suspensión de las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el Impuesto sobre los ingresos brutos y las disposiciones de los impuestos inmobiliarios, a los sellos, los que gravan la nómina salarial y tributos específicos.
El Consenso Fiscal 2020 reemplaza al acuerdo firmado en 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, que entre sus puntos preveía una baja gradual de los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos en un período de 5 años. Esa ley fue suspendida en diciembre de 2019, luego de la asunción de Alberto Fernández como presidente.
Desde la asociación, advirtieron que aun la economía del país no se recuperó y criticaron que no haya habido hasta el momento manifestaciones de austeridad por parte del Estado. “Hacer caer una mayor presión fiscal sobre el esfuerzo de empresarios y trabajadores no es el camino. Esto promoverá mayor inflación, reducirá las posibilidades de crecimiento de la economía y los ingresos de la población, aumentará la informalidad y como consecuencia, profundizará el ahogo de empresas y emprendimientos generadores de desarrollo y empleo genuino, no siendo éste el camino para salir de la pobreza”, argumentaron.
De acuerdo con la visión de los integrantes de ACDE, la aprobación del Consenso Fiscal con una pandemia aún vigente y una economía no recuperada, sería económicamente inconsistente y se daría una transferencia de costos desde el Estado a los habitantes. Para los dirigentes empresarios, estas medidas son “moralmente irritativas” y “socialmente injustas”. “Desde ACDE confiamos en que las autoridades respectivas habrán de saber ejercer la necesaria prudencia en la implementación de estas facultades para no agravar una situación muy delicada”, concluyeron.
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