Alberto Fernández dejó trascender en su discurso en la asamblea legislativa que el Gobierno no está apurado en cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque continúan las conversaciones. Y ahora todo indica que las negociaciones ocurrirán recién después de las elecciones de fin de octubre, por lo que el escenario más probable es que se llegue a un acuerdo recién en 2022. Claro que esta demora no será gratis ni mucho menos.
Un acuerdo con el Fondo permitiría renegociar tanto los vencimientos de capital con el organismo multilateral como con el Club de París. En total serían poco más de USD 6.000 millones por los que el gobierno no tendrá otra vía disponible que pagarlos en cash. Eso explica por qué la mayor parte de los dólares que comprará el Central por el superávit comercial terminarán saliendo por otra ventanilla.
Un análisis realizado por el economista Salvador Distéfano detalló que al Club de París habrá que pagarle durante el año un total de USD 2.600 millones. Pero la cuota más fuerte es la que vence en mayo, por USD 2.418 millones, que podría “patearse” por 60 días sin caer en default.
A eso debe sumarse los pagos sucesivos que habrá que hacer al Fondo. Hay dos vencimientos significativos de capital, de USD 1.868 millones cada uno, en septiembre y en diciembre y algunas erogaciones menores en mayo, agosto y noviembre. En total son USD 4.768 millones.
El detalle en este caso es que hay una pequeña porción de intereses por USD 1.200 millones. Esa suma deberá ser pagada de todas formas, aún en caso de una negociación con el FMI que permita diferir el pago del préstamo por diez años.
De esta forma, a los vencimientos totales por USD 7.368 millones habría que restarle esos USD 1.200 millones de intereses. Los poco más de USD 6.100 millones de capital, por lo tanto, podrían refinanciarse si se llega a un acuerdo con el FMI “antes de mayo”, como varias veces se ocupó de enfatizar el ministro de Economía, Martín Guzmán. Esa fecha hoy parece directamente imposible de cumplir, teniendo en cuenta que ni siquiera arrancó una negociación formal, que seguramente llevará meses. Un nuevo acuerdo de facilidades extendidas permitiría extender el plazo del préstamo de USD 44.000 millones a diez años y empezar a pagar recién a partir del quinto.
Sin embargo, se impuso un cálculo netamente político, es decir llegar a las elecciones sin un acuerdo que necesariamente incluirá un mayor ajuste de las cuentas públicas, un compromiso de menor emisión monetaria y eventualmente algunas reformas estructurales. Pero sería muy difícil para el Gobierno aceptarlo sin sentir el impacto en un proceso electoral clave.
En el mercado muchos creen que se está perdiendo una gran oportunidad, sobre todo para darle otro destino a esos USD 6.000 millones en vez de pagarle al FMI. “Ese dinero debería utilizarse para recomprar deuda en el mercado, aprovechando que los precios están bajísimos. Podrías recomprar USD 18.000 millones y conseguiría un fuerte impulso en los títulos, bajando además drásticamente el riesgo país. Pero el Gobierno no lo hace porque privilegia una decisión política antes que la lógica económica”, explicó un analista de un banco de primera línea.
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